Juan Lira Maldonado “El Moco”, a pesar de los señalamientos en su contra, logró hacerse de la candidatura en alianzas antagónicas y como protagonista de elecciones marcadas por la violencia y violaciones a la cadena de custodia, generando un ambiente de incertidumbre y conflicto. Enfrentado con el grupo político que había secuestrado la vida pública en torno a los “Rivera” de Chignahuapan, quienes perdieron (padre e hijo) en el proceso electoral recientemente pasado.

Antecedentes públicos

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, confirmó la existencia de varias averiguaciones en contra de Juan Lira Maldonado, quien fue candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Chignahuapan, sin alianza con Morena, PVEM y Partido del Trabajo que fueron aliados en otras elecciones concurrentes. Aun cuando está sujeto a investigación, Higuera Bernal omitió detallar los delitos específicos por los que se le indaga y afirmó que en cualquier momento podría ser concluidas. Sin embargo, la falta de detalles sobre los delitos específicos generó especulaciones sobre la naturaleza de las acusaciones. Juan Lira estaría relacionado con diversos hechos delictivos, que incluyen acusaciones de robo de combustible. Durante la administración del fallecido gobernador Miguel Barbosa, fue detenido al igual que su familia por su supuesta participación en estos actos relacionados con la delincuencia en la región.

 Contexto electoral

Juan Lira fue declarado ganador (alrededor del 32% de los sufragios) de la contienda electoral por la alcaldía de Chignahuapan tras un cómputo supletorio realizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) después de que el Tribunal Electoral del Estado convalidó la anulación de la elección. Tras la controversia en contra de la orden del TEPJF y a pocos minutos antes de la toma de protesta como presidente municipal de Chignahuapan (a las 23:48 hrs. del día 14 de octubre), el TEEP notificó al H. Congreso del Estado su resolución de anular la elección, razón por la cual en otros cuantos minutos los legisladores designaron al Concejo Municipal en cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal. Nuevamente la controversia llevó al quejoso ante el TEPJF cuya resolución le restituyó su triunfo obtenido en las urnas y por lo tanto se anuló la designación legislativa del Concejo Municipal que había creado. Los otros candidatos que participaron en la elección se quedaron con las ganas de ir a una elección extraordinaria y recomponer sus fuerzas para lograr la ansiada presidencia: José Lorenzo Vera Sosa (PRI), Clara Sosa Flores (MC), José Pedro Fernández Moreno (PSI), Juan Rivera Trejo (Morena), Edgar Rodríguez Quintero (PNA), Mario Olvera Cortes (PAN-PRD).

Implicaciones legales y sociales

Los hechos ocurridos durante el proceso electoral y hasta la toma de protesta del alcalde más votado en la elección municipal. Resalta la necesidad de que las autoridades actúen con transparencia y rigor en la lucha contra la corrupción y el cuidado que deben tener en los procesos en el ámbito político. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece claramente las responsabilidades y derechos de los candidatos, lo que subraya la importancia de un proceso electoral limpio y justo. En donde los habitantes de Chignahuapan y la fauna política de la entidad, estarán atentos al desarrollo de la administración que arrancó con tropiezos y forcejeo político-legal en contra de la voluntad popular manifestada en urnas.

A medida que avanza la investigación, la atención mediática y pública sobre el caso de Juan Lira Maldonado seguirá creciendo, lo que podría tener un impacto significativo en el panorama político de la región. La única forma de evitar que gobierne “El Moco” el pueblo mágico conocido por sus esferas navideñas, sería encontrarlo culpable de los delitos que se le investigan.

Un camino difícil

Su trayectoria política ha estado plagada de controversias. Al principio Juan Lira se encontró en una especie de limbo electoral, en el que se anunció que perdería su elección. Sin embargo, semanas después, la Federación intervino y ordenó que se respetaran los resultados de las elecciones, reconociendo así su victoria tras el conteo supletorio y justo antes de su toma de protesta.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) le dio un balde de agua fría al invalidar su triunfo, obligando al Congreso local a designar el Concejo Municipal, encabezado por José Agustín Rodríguez Sánchez, originario del municipio de Tlahuapan, fue alcalde con el PRI en el periodo 1996-1999 y en 2018 buscó con Movimiento Ciudadano (MC) repetir en la alcaldía. Con 63 años de edad, es licenciado en Economía con un posgrado en la UNAM sobre política educativa y crisis económica. Lo acompañarían la síndico, Monserrat García Fuentes, además de los regidores Mariana Sánchez Islas, Emma Pérez Millán, Sandra Cruz Luna, Maximiliano Galindo Rodríguez, Gloria León Cabrera, Amado Calderón Domínguez, Juana Saray Hernández Chávez, José Miguel Luna Mota, Miriam López Zamora, Moisés Sampayo Trejo, y Vanessa González Corona.

Reconocimiento federal

Tras ser emitida la queja a la Federación, el tribunal reafirmó su reconocimiento de Lira y Valencia como ganadores. A pesar de que aún se espera una decisión final, parece poco probable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revoque su triunfo nuevamente, dado el precedente y las pruebas presentadas.

Preguntas sin respuesta

Con la desaparición del concejo municipal, surge la interrogante sobre si los legisladores y miembros del tribunal local reconocerán los errores que cometieron durante el proceso. La situación resalta la necesidad de un marco legal más claro y la importancia de la imparcialidad en la administración de la justicia electoral. Además de la falta de aseo político en la designación de candidatos, como también el oportunismo político de mantener el registro partidista a toda costa, en donde la actuación y fama pública personal puede ser pasada por alto, ante la oportunidad de impactar positivamente en el electorado.

Consideraciones legales

Este contexto se sitúa dentro del marco legal que regula las elecciones en México, específicamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta legislación establece las normas que deben seguirse en el proceso electoral y protege los derechos de los candidatos. Además de que el TEPJF tiene la última palabra en la validación de los resultados, lo que refuerza la importancia de su autonomía y autoridad frente a las instancias locales.

A medida que se avanza hacia una resolución final, la comunidad política y los ciudadanos estarán atentos a cómo se manejan estos temas y si se aprenderán lecciones valiosas para futuras elecciones. Sin embargo, el gobierno municipal que ya preside Lira Maldonado (tras tomar protesta como alcalde) estará sujeto al escrutinio constante y bajo la lupa.

¿O no lo cree usted?

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la línea editorial de e-consulta.