El 2 de junio los mexicanos decidimos apoyar la opción del cambio y de la regeneración del país, con una votación que se ubicó en el orden de los 35.924 millones de votos a favor de la hoy presidenta electa Claudia Sheunbam Pardo; en tanto que para la candidata de la derecha alcanzó un monto de 16.502 millones y para el candidato de MC solo llegó a los 6.204 millones. Una vez que las instituciones electorales el INE y el TEPJF realizaron todas las etapas del proceso informaron que en el Poder Legislativo; la Cámara de Senadores y de Diputados tendrán la composición siguiente:

Miembros 128 senadores
Grupos representados                     
66  Morena   22  PAN  16  PRI  13  PVEM  6   PT  5  MC

Composición de la Cámara de Diputados
236  Morena  77 PVEM  72 PAN   51 PT   35 PRI   27 MC  1 PRD   1 Independiente

En este contexto se presenta el proceso para discutir las iniciativas de reforma constitucional enviadas al Congreso de la Unión por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2023, que ya fueron dictaminadas por las comisiones respectivas.

En el caso de la reforma constitucional del Poder Judicial ya fue discutida en la Cámara de Diputados y aprobada por la mayoría calificada con los votos de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México. La oposición fue escuchada y se atendieron varias de sus preocupaciones, pero como era de esperarse, la esencia de la reforma que se orienta a corregir los vicios e ineficiencias de ese poder, así que, fueron confirmadas por los diputados aglutinados en la Cuarta Transformación (4T). En la Cámara de Diputados se expresó de manera amplia, con suficiencias de las fuerzas impulsoras de la reforma constitucional al Poder Judicial, se demostró que cuentan con la mayoría calificada. En el Senado se inició la discusión con el reto de lograr la mayoría calificada para que ese órgano pudiera discutir y aprobar la minuta enviada por la cámara de origen y se registró que hacían falta tres senadores para lograr su aprobación con la mayoría calificada; en principio, dos senadores que pertenecían a las filas del extinto PRD,  decidieron libremente unirse a las filas del núcleo que apoya la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), bajo esa nueva circunstancia tenemos que los que consideran necesario reformar el Poder Judicial contarían con 85 senadores, y se rumora en los corrillos del Senado, que hay cuatro senadores más que tienen la intención de sumarse a los que apoyan la reforma al PJF, con ello quedaría integrada la mayoría calificada de manera sobrada en el Senado de la República que podrá aprobar la  minuta respectiva aprobada por la cámara de origen, y el proceso de reforma constitucional debería enviarse a los Congresos de los estados para su discusión y en su caso aprobación, de este modo,  solo quedaría firme cuando al menos 17 Congresos de las entidades federativas la discutan y aprueben. Así, ya el Ejecutivo podrá publicarla para que se aplique como parte del marco jurídico de la República.

Lo descrito está en el supuesto de que se sumen más senadores al propósito de aprobar la reforma al PJF como fue lo que sucedió. La dificultad que se despejó se presentó pues los senadores partidarios de la reforma constitucional alcanzaron el número de 85, que en opinión de algunos especialistas es suficiente para tener la mayoría calificada; en tanto para otros especialistas que no comparten la necesidad de la reforma enviada por el presidente sostienen que tienen que ser 86 senadores, todo ello parte del supuesto de la asistencia de los 128 senadores, es decir el cien por ciento de los integrantes del Senado; existió la posibilidad de que la presencia de los senadores fuera menor al cien por ciento, en ese caso se tuvo que calcular lo que representa los dos tercios de los asistentes para determinar el número de senadores suficientes para lograr integrar la mayoría calificada. Si llegara a ausentarse un solo senador y ese fuera de los núcleos opositores. entonces la mayoría calificada quedaría en la determinada en el rango comprendido entre los 85 o más senadores que votarán a favor de la reforma constitucional al PJF, eso sería suficiente para lograr la necesaria mayoría calificada.

¿Pero qué sucede? Y se hace este escenario: si asiste el cien por ciento de los senadores y los de oposición mantienen sus 43 senadores y los partidarios de la reforma se mantienen con 85 senadores; si calculamos el 66 por ciento de los 128 senadores, tenemos que resultaría que las dos terceras partes del Senado queda en 94.48 senadores, en esa circunstancia basta con los 85 que apoyan la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). En el caso de lo que sostienen los opositores a la reforma que calculan las 2/3 del Senado con más decimales tenemos que para lograr la mayoría calificada  sería con la participación de 85.332 senadores (los acuerdos convencionales de redondeo determinan que cuando existe un resultado fraccionario es imperativo redondear al entero más próximo);  como es necesario explicitar tratándose de votos o de personas electas solo se puede trabajar con enteros y, por lo tanto, en ambos casos se lograría la mayoría calificada si los 85 senadores votan a favor de la reforma constitucional.  De acuerdo a lo que se mencionó en los corrillos del Senado y la certeza de que se cuenta con 85 votos de senadores seguros, la reforma constitucional del PJF está garantizada y, por tanto, la aprobación de la minuta respectiva enviada por la Cámara de Diputados.

Se considera que la reforma ya tiene un camino seguro, pero tanto los apoyadores de la reforma en comento como sus opositores cometerían un imperdonable descuido si no inician de manera concurrente y hasta unitaria los trabajos para posibilitar que se empiece a discutir las leyes reglamentarias y los reglamentos internos de las instancias del nuevo Poder Judicial. En cuanto a los aspirantes a integrar al Poder Judicial se tiene que empeñar en las tareas que deben cubrir para poder acceder a un lugar en el reformado Poder Judicial federal de nuestra República Mexicana.

 Se debe tomar en cuenta que en la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación se propone modificar el diseño y la estructura de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial con el objetivo de garantizar su autonomía, independencia y especialidad técnica, así como desligar la función jurisdiccional de las tareas estrictamente administrativas que inciden en el nombramiento y formación de jueces y magistrados; la creación de nuevos órganos jurisdiccionales; el manejo del presupuesto de toda la estructura del Poder Judicial; además de las funciones sancionadoras y de disciplina del personal, que hoy se encuentran a cargo de la presidencia de la SCJN y de consejeras y consejeros de la Judicatura que no necesariamente cuentan con las herramientas, aptitudes e independencia necesarias para cumplir con las enormes responsabilidades de un órgano tan relevante para el funcionamiento adecuado del Poder Judicial de la Federación. 

Para ello, se propone sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial dotado de independencia y autonomía técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, separado funcional y orgánicamente de la SCJN; así como un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades amplias para recibir denuncias, investigar conductas presuntamente ilegales o ilícitas, y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial que no cumplan la Constitución y las leyes o no rijan su actuación con honestidad, legalidad, probidad, independencia, objetividad, profesionalismo, lealtad y eficiencia, observando en todo momento las formalidades esenciales del debido proceso, pero privilegiando la justicia y el interés colectivo.   Finalmente, la reforma propone vincular a las autoridades responsables de impartir justicia a emitir sus resoluciones de manera fundada y motivada en un periodo de tiempo razonable, satisfaciendo los principios inherentes al derecho, lo dicho se requiere reformar al PJF para lograr una justicia auténtica, rápida, expedita, sin corrupción y para todos los mexicanos.

Lo anterior anuncia las complejas tareas que deberán abordar los integrantes del Poder Legislativo para lograr que la reforma constitucional del PJF consiga sus objetivos.