Sin duda alguna el debate post elecciones de junio del 2024, ha estado dominado por la reforma al Poder Judicial, sobresaliendo entre ellas la propuesta de la elección abierta de jueces y magistrados. Dicha reforma fue vista como parte del Plan C enunciado por el Ejecutivo, que llamó a tener una mayoría legislativa que posibilitara aprobar dichas reformas. Al menos en eso no hubo engaño. Las posiciones de las distintas corrientes de opinión pública están tan divididas como antes de las elecciones.

 Mientras que para Morena y aliados dicha medida es un parteaguas que por fin hará posible el acceso a la justicia para las mayorías, los opositores la ubican en las antípodas, asegurando que con esas reformas ocurrirá el fin de la República, cuyo destino final será una dictadura peor que la de Porfirio Díaz.

Como ocurre con muchas políticas del sexenio que está por finalizar, puede ser que la realidad esté en algún punto intermedio, no necesariamente a la mitad. Y ambos lados del espectro político usan sus propios argumentos e intereses para justificar un punto de vista y su posicionamiento en las cámaras legislativas.

Del lado oficialista no hay argumentos serios para justificar la prisa por legislar y aprobar esta reforma del poder judicial. Algunos sectores lo dicen sin rubor alguno que se trata de un homenaje, regalo al todavía presidente López Obrador; otras más argumentan que se debe aprovechar el momento político, que es la oportunidad para que dicho Poder Judicial sea realmente evaluado por la ciudadanía.

Y podemos enumerar argumentos en pro y en contra del método electoral como mecanismo eficiente para elegir jueces capacitados y honestos. Por un lado, tenemos múltiples ejemplos de autoridades que han ganado elecciones, sobre todo figuras públicas como deportistas o artistas, cuyo desempeño ha dejado mucho que desear o incluso raya en la incompetencia.

Por otro lado, se supone que el fundamento de una democracia radica justamente en suponer que el debate político ha de funcionar como una escuela que debe educar a la sociedad en los diversos temas de la agenda pública. En el momento en que se duda de esta capacidad de la población, se está en camino de imponer un sistema político dominado por las élites. Y en nuestro país dicha élite es una minoría, que está muy bien para ocupar puestos especializados, pero no puede asumirse como los únicos capacitados para elegir o dirigir en nombre de los demás.

Del lado opositor hay una resistencia a los cambios, enarbolando una posición muy cómoda al afirmar que las instituciones son fundamentales para la democracia y que si bien tienen errores, estos son menores o tales que el sistema funciona en términos generales, aunque aceptan que algunos cambios pueden ser recomendables. Sin embargo, muy bien cabría recordarles al PRI y el PAN porque cuando estuvieron en el poder no iniciaron esas reformas de forma gradual, como reclaman que debía proceder el gobierno actual. 

Todo eso forma parte de una filosofía que parece inspirar a los grupos opositores, que aunque reconocen que muchas instituciones no funcionan muy bien en nuestro país, aseguran que las mismas son condición necesaria para la democracia en nuestro país, de modo tal que en el límite asintótico, cuando el tiempo tienda al infinito o un poco antes, habremos de contar con instituciones sólidas, eficientes y abocadas a resolver los problemas más urgentes de México.

Por otro lado, cuando recordamos algunos casos emblemáticos, parece inexplicable que el entramado jurídico del país no haya podido resolverlos de manera pulcra y transparente. Algunos de esos casos han ofendido a la sociedad, por ejemplo, la forma como se exoneró a los propietarios de la guardería ABC. El caso de la francesa Florence Cassez, entre otros muchos casos, nos muestra que basta con parecer culpable para ser sentenciado como tal.

Cada uno tiene su propia experiencia con el sistema de justicia del país, y aunque es posible que algunos hayan vivido una experiencia propia de un país como Dinamarca, habemos otros que nos ha tocado enfrentar y sufrir un sistema tan barroco y formalista, que pareciera sido diseñado para funcionar a base de ilegalidades. 

Cabe mencionar que aunque la reforma judicial ha dominado el debate político, existen otras propuestas de la presidenta electa, que requerirán alguna reforma profunda. Entre ellas podemos ubicar la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que habrá de tocar temas de educación superior, así como las funciones del actual Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología.

En alguna colaboración previa habíamos propuesto dividir a la Secretaría de Educación Pública en dos instancias, una dedicada a la investigación científica y educación superior, y otra que se encargue de la educación básica, media y media superior. Dice un proverbio: cuidado con lo que deseas porque se te puede conceder.

Y como nuestro país sería campeón olímpico en simulación, si tal actividad fuera parte de los deportes olímpicos, ahí está también un riesgo. Esto es, que la idea de tener secretarías de ciencia se replique en los estados, sin ninguna planeación ni proyectos claros.

En esta situación la comunidad científica está a la expectativa, esperando que las propuestas se aterricen, con presupuesto adecuado y reglas claras para acceder a ellos. Si funciona bien, estaremos muy contentos, pero también hay riesgos de que todo termine como Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual.

Termino recordando esa expresión pintada en las paredes de una ciudad del cono sur, que pedía a las autoridades: “Basta de realidades, queremos promesas”.