Para dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre de 2024, el viernes 31 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, dieron a conocer una iniciativa por medio de la cual se busca reorganizar la estructura en materia de transparencia y protección de datos personales derivado de la modificación de la Carta Magna. Sin embargo, como dice el dicho, el demonio está en los detalles.

Desde el uso de expresiones que dejan ver la verdadera razón de la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como recurrir a información imprecisa, son ejemplos de la importancia no de leer entre líneas, sino leer directamente lo que se dijo en la rueda de prensa de ese día.

Por ejemplo, Buenrostro Sánchez dijo, según se precisa en la versión estenográfica publicada por la Presidencia de la República: “La propuesta que nosotros estamos haciendo al capturar el INAI es que la parte de Acceso a la Información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado”.

En primer lugar, se acepta explícitamente que el objetivo no era mejorar los sistemas de rendición de cuentas, sino capturarlos; en segundo se habla del derecho a la información como un derecho público, cuando se trata de un derecho humano reconocido en estándares internacionales, ya que al considerarlo como parte del derecho público se le puede ver como una cuestión meramente administrativa y burocrática, además que va más allá de estadísticas sobre las acciones de gobierno.

Otro ejemplo de la información manipulada con la que se buscó justificar esta reforma es que la secretaria dijo “en el esquema actual, digamos, estaban permitidos hasta siete comisionados. Y obviamente, al volverse un órgano menos dispendioso, pues nada más vamos a tener un titular, y entonces de siete pasamos a uno”. En primer lugar, no es que estuvieran “permitidos”, la Constitución establece que el INAI debe estar conformado por siete integrantes, pero ante las omisiones en las que incurrió el Legislativo y vetos del Ejecutivo, desde 2023 el pleno del órgano ha operado con cuatro personas.

Además, sí se pasará de siete a uno, sólo en lo que corresponde al órgano descentralizado que se conformará para atender los temas de derecho a la información del Ejecutivo federal. Adicional a esto se tendrán que crear 17 más para los otros Poderes de la Unión, órganos autónomos y partidos políticos, y otros 16 para atención de temas de datos personales en posesión de particulares. Entonces más bien, se pasa de un modelo en el que siete personas resolvían controversias sobre estos temas a, por lo menos 34, sólo a nivel federal.

Esto pues hay que recordar que en las entidades federativas tendrán que eliminarse los órganos locales; en el caso de Puebla el ITAIPUE y tendrán que generarse órganos correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos y partidos políticos, aunque hasta el momento no se tiene certeza de cuántos serían estos nuevos institutos a nivel local. Además, ahora los municipios serán “apoyados” por el Ejecutivo estatal, según comentó Buenrostro Sánchez en su presentación, pero más bien esto implica que el Gobierno del Estado vigilará que las autoridades municipales cumplan con sus obligaciones en la materia, lo cual abre la puerta a mecanismos de control político.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo el sistema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales cambiará por completo. Sólo nos queda estar pendientes y supervisar que estas nuevas 34 instituciones cumplan con sus obligaciones y que en verdad sean garantes de derechos humanos y no mecanismos que busquen controlar cómo la ciudadanía accede a la información en poder de las autoridades.