La semana pasada, Transparencia Internacional (TI) presentó el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2024, en el que se muestra que México obtuvo la peor calificación desde que existe esta medición. Con sólo 26 de 100 puntos posibles, nuestro país ocupa el lugar 140 de 180 que fueron evaluados, entrando ya en la zona de los países altamente corruptos.

En esta misma medición, Dinamarca ocupa el primer lugar entre los países más íntegros del planeta, obteniendo 90 puntos de 100 posibles. Comparándonos, nos llevan una ventaja de 64 puntos y una distancia de 139 lugares.

¿Qué toma en cuenta Transparencia Internacional para construir el IPC de cada país?

Los datos que recaba provienen de fuentes y encuestas respondidas por expertos y empresarios de cada país cuyas preguntas abarcan distintas formas de corrupción en el sector público, entre ellas el soborno, el desvío de recursos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para beneficio privado, excesiva burocracia en el sector público, nepotismo, captura del Estado por intereses mezquinos, entre otros.

Descalificar este tipo de mediciones porque nuestro país obtuvo malos resultados, o tratar de justificar este pésimo desempeño en el combate a la corrupción con discursos o con propaganda no nos ayuda en nada, ni al gobierno ni a la sociedad.

De entrada, debemos reconocer que este terrible resultado coincide con un año electoral como lo fue 2024, confirmando que los grandes actos de corrupción, los desvíos de recursos para la compra de votos, el clientelismo electoral, los sobornos, las extorsiones, etcétera, se dan durante los procesos electorales y arrecian conforme se acerca el día de la elección.

Por supuesto que los gobiernos (federal, estatales y municipales) tienen que ver con esta mala calificación, pero a la sociedad no debemos exentarla de su responsabilidad en el asunto. Hay una parte de la sociedad que se presta o al menos tolera algunas de las prácticas corruptas que conforman el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.

A la corrupción no se le combate con propaganda sino con instituciones y Estado de Derecho. Es aquí donde México también está fallando. En el índice de Estado de Derecho de World Justice Project, México salió reprobado en 2023 con un promedio nacional de sólo el 0.41.

Para el caso de Puebla, en lo que se refiere a la percepción de frecuencia de la corrupción, en los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI de 2023, nuestra entidad -comparada con los demás estados- quedó en el antepenúltimo lugar nacional: casi 9 de cada 10 poblanos consideran que en el estado la corrupción es frecuente y muy frecuente.

Mediciones como las de Transparencia Internacional, World Justice Project o el INEGI deben servirnos como parte del diagnóstico y atacar los obstáculos que impiden que seamos un país más íntegro y menos corrupto.

De lo contrario, en la medida en que este mal social siga avanzando, nuestro país corre el riesgo de seguir dilapidando dinero y, lamentablemente, también seguiremos perdiendo vidas por culpa de quienes cometen impunemente actos de corrupción.

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