En un mundo marcado por la injusticia y el sufrimiento, la tarea de reconstruir la verdad y honrar a las víctimas de delitos del pasado se convierte en una misión de profunda importancia ética y humana.
Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.

El pasado viernes se llevó a cabo ante un auditorio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco abarrotado por sobrevivientes de la guerra sucia, familiares de sobrevivientes, jóvenes, muchos jóvenes y prensa nacional y extranjera, la presentación del informe final Fue el Estado, por parte de los integrantes del Mecanismo Esclarecimiento Histórico (MEH), de la Comisión para la Verdad sobre la Guerra Sucia (1965-1990) integrado por David Fernández Dávalos, exrector de la Ibero Puebla; Abel Barrera, presidente la Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el académico, Carlos Pérez Ricart.

Entre los asistentes se encontraba la viuda de Xavier Ovando, integrante del equipo de campaña del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, muy pocos días antes de las elecciones presidenciales de ese año. Igualmente, entre los asistentes, se encontraba el Botello, Francisco Barrio El Mastuerzo entre muchas otras personas. El evento dio inicio con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el periodo 1965-1990; posteriormente tomó la palabra Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para México. Junto con los comisionados se encontraban Tita Radilla, hija del desaparecido político, Rosendo Radilla (Atoyac de Álvarez, Gro. 1974), quien con su discurso, encendió el auditorio al grito de ¡Justicia, justicia! También se encontraba Alicia de los Ríos, hija de la exguerrillera e integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), Alicia de los Ríos, detenida-desaparecida en 1978 por elementos de la Dirección de Investigación y Prevención de la Delincuencia (DIPD) y la Brigada Blanca; Denisse Valverde, presidenta de la organización Respetrans, defensora de la comunidad trans y la escritora zapoteca Irma Pineda, hija de Héctor Yodo, desaparecido por el ejército en Juchitán, Oaxaca, en 1978, quienes leyeron testimonios de víctimas de la Guerra Sucia.

Los integrantes del Mecanismo, el jesuita y sociólogo David Fernández, el académico Carlos Pérez Ricart, dieron a conocer la numeralia de víctimas: 8593 víctimas de la llamada Guerra Sucia y la documentación de 46 masacres en todo el territorio nacional, entre muchos otros datos,;por ejemplo, la identidad institucional de los verdugos y perpetradores de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Los comisionados desmenuzaron la doctrina de la Seguridad Nacional, muy popular en los años setenta y ochenta del siglo pasado, tanto en nuestro país como en los países del cono sur y sus gorilas: Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y su correlato. La narrativa del enemigo interno y feroz, y diabólica cruzada anticomunista contra la disidencia político-partidistas, movimientos campesinos e indígenas, movimientos urbano-populares, disidencias sexo genéricas, religiosas (opción preferencia por los pobres de la Teología de la Liberación); violaciones a los derechos humanos de periodistas, refugiadas guatemaltecas, organizaciones político militares y los nada famosos, vuelos de la muerte y su ocultamiento (Volumen 4.)

El Informe está contenido en seis volúmenes. Al escuchar el Informe fue como volver al pasado de persecuciones, cárcel, provocaciones y obviamente, el conocer de violaciones a derechos humanos. Estas violaciones, siempre tienen como blanco a las poblaciones más pobres: indígenas, campesinos, obreros, jóvenes, trabajadores, estudiantes, etc.

Puebla entre las violaciones a derechos humanos, la guerra sucia y la impunidad. En el capítulo, introducción a movimientos democratizadores y disidencias, encontramos los siguientes casos y datos:

En el estado de Puebla de 1970 a 1990, las VVGGDDHH cometidas en contra de poblaciones campesinas organizadas en torno a la lucha por la tierra quedaron registradas en los informes emitidos por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) 175 y la DFS.

En la década de 1970 la toma de tierras se extendió de forma importante en todo el estado, particularmente durante el gobierno de Alfredo Toxqui Fernández de Lara. La represión en contra de comunidades indígenas y campesinas se agudizó entre 1976 y 1979 con el despliegue de Grupos Mixtos de Seguridad conformados por miembros de la Policía Judicial y Preventiva del estado, que con apoyo de elementos del Ejército mexicano adscritos a la 25/a Zona Militar llevaban a cabo los desalojos de la población movilizada (Volumen 2 del Informe).

En el Volumen 2 Parte 3. Caciquismo y pistolerismo en la Mixteca poblana, se presentan los siguientes casos: La CROM y sus pistoleros; Atencingo, Matanza de Huehuetlán el Grande (Gral. Rafael Moreno Valle); Sierra Norte, Santa María Moyotzingo, San José Miahuatlán, Antorcha Campesina, la lucha del Partido Comunista Mexicano (PCM) en la UAP, ejecución de Joel Arriaga y Enrique Cabrera; matanza de estudiantes y trabajadores el primero de mayo de 1973. Un elemento que me parece muy relevante mencionar, pues se les ha relegado al cajón del olvido, es el apartado de Víctimas de la comunidad estudiantil de la UAP que no pertenecían al ex PCM, he aquí sus nombres: Marco Aurelio Aparicio, Eduardo Romano Soriano, Leonardo Cerón Rodríguez, Marco Antonio Márquez Martínez, Josafat Tenorio Pacheco, José Norberto Suárez Lara, Víctor Manuel Medina Cuevas, Enrique González Romano, Gilberto Chávez Ávila, Samuel Arellano, albañil, trabajador sindicalizado de Volkswagen, Joaquín Peralta Hernández, vendedor de jícamas (27 de abril de 1976).

Otro capítulo que me parece que no tiene desperdicio en este informe es el capítulo Organizaciones religiosas (Volumen 4) mismo que lo encabeza el exarzobispo anti comunista, Octaviano Márquez y Toriz y posteriormente se narran los casos de Canoa (1968) y el accionar del sacerdote Enrique Meza y el papel de la Central Campesina Independiente en Canoa.

Entre muchos otros casos de represión y muerte que contiene el informe sobre Puebla, están los siguientes: En 1981 es asesinado el campesino comunista Juan Rosas Zambrano a manos del priista Crescenciano Ramos en Tepatlaxco. Poco tiempo después, fue asesinado Esteban Aguilar Sánchez en San Pedro Alpatláhuac, Cuautinchan (1981), Los responsables formaban parte de un grupo de parientes y protegidos de un funcionario de apellidos Hidalgo Rojas. En julio de 1988 es asesinado el líder totonaco, Melitón Hernández en Nanacamila, Zacatlán. Lorenzo Santiago fue asesinado en Coayuca de Andrade en 1990; en ese mismo año, es asesinado Juan Sombrero Nolasco, en Amozoc.

El Ayuntamiento Popular de Jolalpan
Un 20 de noviembre (fecha simbólica pues dio inicio la Revolución Mexicana) de 1986, un movimiento y articulación de fuerzas de izquierda y populares lograron derrotar al PRI.

El 18 de agosto de 1990…hubo una balacera ocurrida en Jolalpan con saldo de nueve muertos y ocho heridos. Durante el enfrentamiento murieron tanto militantes del PRI como del PRT (Periódico Cambio).

Entre los casos de matanzas y casos graves de violaciones a los derechos humanos están dos crímenes colectivos que desde mi punto de vista, son crímenes de Lesa Humanidad.

Monte Chila, 28 de enero de 1970, municipio de Jopala. Fueron asesinados en dicho lugar un poco más de 300 campesinos Tutunakuj a manos del Ejército mexicano. Los cadáveres estuvieron expuestos durante aproximadamente, entre uno y dos meses -según el testimonio recogido-pues los miembros del Ejército no les permitían a los familiares sepultar a sus difuntos.

Matanza de Rancho Nuevo
El día dos de junio de 1982, entre las 9 y 11 de la mañana, un grupo de pistoleros a caballo y a pie, algunos de ellos vestidos con ropa similar a los campesinos que portaban distintivos color rojo y verde, se presentaron en el terreno con armas automáticas. Fueron asesinados 26 campesinos de origen tepehua y totonaca.

Los muertos del PRD
Puebla comenzó el milenio con 42 personas militantes del PRD ejecutadas (asesinatos de políticos de militantes del PRD, Archivo de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.) Actualmente ya nadie de lo que queda del PRD y de la neo izquierda, se acuerdo de los militantes asesinados del PRD en el estado y su contribución a la democracia social y electoral y a su lucha por la justicia social.

Un dato que en sí mismo nos debería mover a actuar para la no repetición de estas violaciones y por el derecho a la Memoria, la Verdad y la Justicia, contra la impunidad y el respeto a los derechos humanos, que es el siguiente: Al menos 17 estados del país registraron masacres durante los años de estudio, Puebla encabezando la lista por el número de víctimas con al menos 91.

Entre algunos elementos de la persistencia de violaciones a los derechos humanos, el informe menciona los siguientes: el racismo y el clasismo, la persistencia de prácticas patriarcales, pobreza, marginación, desigualdad y vulnerabilidad socioeconómica, modelo neoliberal y neo extractivismo como factores estructurales de violencia. Modelos muy vigentes en el gobierno de la 4T y la revolución de las consciencias. Otro elemento es el colonialismo interno, la guerra contra el narcotráfico, la militarización….

Algunas de las recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad son las siguientes:

• Conmemorar el Día Nacional de las Víctimas de la Violencia Estatal 1965-1990.
• Elaborar y llevar a cabo una campaña de difusión y concientización acerca de las violaciones graves a los derechos humanos
• Creación del Centro Nacional de Memorias para los Derechos Humanos, impulsar los sitios de memoria (memoriales), cambio de nomenclatura de espacios públicos y vialidades. Incorporación sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado en los contenidos educativos a nivel nacional.
• Conformación de Comisiones de la Verdad en los Estados.

Finalmente, reproduzco las palabras del integrante del Mecanismo, David Fernández: Queremos que el trabajo de nuestra Comisión sea un trabajo que verdaderamente siente las bases para construir un México distinto del que nos ha tocado ver; que echemos una mirada hacia atrás, al pasado que nos agobia que nos pesa, que ha condicionado las posibilidades en el presente, mucho menos para proyectarnos a un futuro más democrático, con una cultura nueva de los derechos humanos en donde las personas y su dignidad sean respetadas de manera irrestricta y, por supuesto, sin ningún tipo de regateo (David Fernández Dávalos, Diálogo por la Verdad, Oaxaca, 18 de agosto de 2023.)

Es evidente que esta problemática y sus demandas de memoria, verdad y justicia, no les interesa a los partidos políticos con sus burocracias doradas, ni a sus representantes populares de todos sus niveles e inclusive, esta demanda no está en sus agendas políticas. Tan es así, que poco o nada les importó que en este sexenio no se haya aprobado la Ley de la Memoria. Lo suyo, lo suyo, es el pragmatismo político-electoral. Lo mismo sucede con una buena parte de la prensa y medios de comunicación, con sus gritones, jilgueros. Dicho de otra forma, se vuelven cómplices de la violación a los derechos humanos y la perpetuación de la impunidad.

En lo personal, no me queda más que darles las gracias a través de este medio al antropólogo Abel Barrera por su acompañamiento en la conmemoración de la matanza de Monte de Chila hace un año. Al Mtro. David Fernández por habernos acompañado y participado en el foro que realizamos en Puebla capital, en noviembre del año pasado. En especial, quiero darles las gracias por su apoyo y hacerles un justo reconocimiento por su profesionalismo y capacidad de trabajo, a los compañeros, Al Dabi Olvera y Francisco Félix, investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, integrantes de los equipos, el primero, del equipo de David Fernández Dávalos y el segundo, del de Carlos Pérez Ricart.

¡Memoria, Verada y Justicia! ¡Ni perdón ni olvido!  ¡Justicia!

Fuente: Itzel Adelita Olivo Vázquez, Y por la tierra la vida.
Monte Chila y  el inmutable silencio.