A la memoria de los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, asesinados el 20 de junio en Totalco, Veracruz a manos defectivos de la Fuerza Civil veracruzana. 

Da la impresión que el actual gobierno estatal de la 4T en Puebla, va a terminar como inició el gobierno del finado Miguel Barbosa Huerta, criminalizando a los defensores del agua y el territorio. A inicios de enero de 2020 fue detenido el defensor del río Metlapanapa, del agua y el territorio, Miguel López Vega, quien fue detenido al salir de una reunión con personal de la Dirección de Gobierno del Estado de Puebla. En junio de dicho año, fueron detenidos catorce integrantes del colectivo Amozoc Seguro, entre ellos, el líder y defensor del agua, Eloy Méndez Becerra. Los detenidos pasaron injustamente recluidos en el Cereso de Puebla durante un buen tiempo.

Ahora están en el ojo de la ¿justicia?, ocho integrantes del movimiento en defensa de la Cuenca Libres Oriental, denunciados, de acuerdo al líder del movimiento en defensa de la cuenca, Renato Romero, por Granjas Carroll. A estos ocho compañeros de la Cuenca Libres-Oriental, se suma uno de los líderes históricos en defensa del agua en la región de las Cholulas: el abogado Maurilio Galeote.

Breve historia de una cochina empresa.

La empresa China WH Group, popularmente conocida como Granjas Carroll, se instaló en Perote, Veracruz en 1994. En ese tiempo, Veracruz era gobernada por el llamado popularmente, el gober mafioso, Fidel Herrera Beltrán. La empresa estadounidense Smithfield Company -dueña de Granjas Carroll y socia de Agroindustriales Unidos de México, SA de CV, llegó a nuestro país, huyendo de la justicia norteamericana por haber contaminado el ambiente en los estados de Carolina del Norte y Virginia. En particular, se le acusó de contaminar el río Pagan, en el estado de Virginia. Seguramente vino a México por ser el ¡paraíso de la contaminación, el acaparamiento del agua y la devastación ambiental y la corrupción!

En un inicio, la empresa WH Group Limited, se llamaba Shuanghui; empresa especializada en la producción de carne de cerdo y cuya sede se encuentra Hong Kong. Actualmente, WH Group es el mayor productor de carne de cerdo del mundo.  Su cadena de producción de cerdos va desde las crías de cerdos hasta el procesamiento de carne, productos envasados y distribución de carne fresca y envasada (WH Group Limited.) Prácticamente desde hace poco más de veinte años, campesinos de la región de Perote y Puebla han denunciado la grave contaminación de suelo, agua y aire y los daños a la salud que ha provocado Granjas Carroll.

La respuesta de las autoridades federales y estatales de Veracruz y Puebla, han sido oídos sordos a estás denuncias. Ni los ven ni los oyen, tipo Salinas de Gortari, pero sí los han reprimido y encarcelado como pasó en el 2006 y en junio del presente año en Totalco, Veracruz. Ahora se suma a esta criminalización y persecución e intimidación, dos citatorios contra ocho integrantes del movimiento. Cuatro citatorios contra defensores del agua y la tierra son del municipio de Tepeyahualco; tres de Libres y uno de Ocotepec. El primer citatorio -sesión de mediación le llama la Fiscalía del Estado- se los entregaron el 3 de agosto del presente año y el segundo, fue recientemente. El citatorio a Maurilio Galeote, al parecer se lo entregaron el pasado viernes 9 del presente mes.

En una rueda de prensa que dieron el día lunes en el zócalo de la ciudad de Puebla, el líder del movimiento, Renato Romero declaró lo siguiente: Sorprende la rapidez, la eficacia de la FGE para reprimir a quienes protestan, para mostrar su expeditez e interés en la defensa de la empresa. Y apuntó: ¿Hacia dónde se dirige este amedrentamiento? Este amedrentamiento judicial fue la respuesta del Director de Gobierno… Esta represalia en realidad busca acabar con una resistencia mayor que se está gestando, los movimientos en defensa del agua de las diferentes cuencas: Cholula, de Libres-Oriental y la de Perote, Veracruz que están uniendo sus luchas antes aisladas. Ahí denunció que ha sido amenazado por personal de la Dirección de Gobernación estatal, lo que sería muy grave en caso de ser cierto.

Dos varas y dos medidas de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Hace dos años, el exsecretario de Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, preso del morenovallismo, interpuso una denuncia para que se investigara a exfuncionarios del gobierno de Moreno Valle que le fabricaron delitos que lo llevaron a estar preso. En una rueda de prensa que sostuvo el 14 de julio del presente año, Castillo Montemayor denunció: La Fiscalía intenta investigarlo a él, quien estuvo acusado de peculado, en lugar de indagar a quienes le fabricaron diversos delitos por los que pasó 14 meses en la cárcel (e-consulta, 14 de julio, 2024).

Ante estos hechos me parece importante mencionar lo siguiente:

 La organización Global Witness en su informe global, menciona que México es el tercer país más violento para los defensores ambientales, después de Brasil y Colombia. Tal parece que en nuestro país es más peligroso ser defensor ambiental que ser ratero, violador, corrupto o criminal.

En el 2019, la SEMARNAT declaró a la Cuenca Libres-Oriental, Zona de Emergencia Ambiental por la grave contaminación y devastación socioambiental y en el 2021 el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) la nombró como infierno ambiental (Francisco Chew) y Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental.

A pesar de esta situación, hasta ahora ninguna institución ha implementado algún programa o proyectos, que atienda la situación crítica de la Cuenca y se involucren los tres niveles de gobierno –Federación, estados y municipios-, junto con los afectados y ciudadanos. Todo se ha quedado en buenas intenciones y una supuesta o real preocupación por la región.

Un tercer elemento a tener en consideración

La organización Word Justice Projet al informar sobre la impunidad en el estado de Puebla, señala lo siguiente: en Puebla, la impunidad es una de la más alta a nivel nacional y que alcanza el 94.9%. Dicho de otra forma, el casi 95% de los delitos que son conocidos por las autoridades, quedan impunes.

Ligado a lo anterior, pero en el ámbito federal, el medio Redes Quinto Poder al realizar una solicitud de información para conocer cuántos jueces se habían capacitado en Derecho Ambiental, la respuesta es una cruel realidad de nuestro sistema que me parece sumamente grave. Menciona la respuesta que desde el año 2013 y hasta abril de 2022, solo 17 jueces de distrito han acudido a cursos o eventos sobre derecho ambiental y que de los 287 jueces de distrito que cuentan con dicha atribución, solamente 27 acreditaron su participación en algún tipo de curso o actividad relacionada a derecho ambiental; menos del diez por ciento tiene preparación en el tema (redesquintopoder.org.mx).

Lo que me lleva a preguntarme: ¿Cuántos políticos, funcionarios, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, abogados, ministerios públicos, jueces, dirigentes partidistas, conductores de noticias, dueños de medios de comunicación, etc. en nuestro estado conocerán qué es el derecho a un medio ambiente sano, al agua y su relación con la salud y la alimentación? ¿Conocerán los artículos primero y cuarto constitucional? ¿Conocerán la Ley de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente o la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos? Y una fundamental para poder entender lo que sucede en la Cuenca, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y en particular, el Acuerdo de Escazú y su capítulo respectivo sobre el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales que entró en vigor recientemente en nuestro país y es un acuerdo vinculante. ¿Cuántos de estos artículos constitucionales y leyes no se violan diariamente, justo por los que tendrían que velar por que se cumplieran? El mundo al revés; a los que defienden el agua, el territorio, los bosques, la vida como los integrantes del Movimiento en Defensa de la Cuenca Libres-Oriental, en vez de protegerlos, se les criminaliza y a las empresas que contaminan y devastan nuestro medio ambiente, se les protege y premian y no pocas veces, el aparato gubernamental se pone a sus órdenes.

Desde mi perspectiva sería un grave error político que detuvieran a alguno de los integrantes del movimiento en defensa de la Cuenca, pues la lucha por su liberación se volvería una lucha nacional y esta se daría en el marco de los cambios de gobierno, tanto del federal como del estatal. Sería un problema -uno más- heredado a las siguientes administraciones. Por esos decimos: ¡Basta de intimidar y criminalizar a los defensores del agua, el territorio y la vida!

Finalmente, estoy totalmente de acuerdo con Quinto Poder cuando afirman que en México, el derecho humano al medio ambiente sano, como muchos otros, se otorga a los ciudadanos solamente en el papel, pues los tres niveles de gobierno han sido incapaces de garantizarlo, pese a que es un derecho otorgado en la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Dos gobiernos, Puebla y CDMX, un mismo partido, dos formas radicalmente distintas de abordar un bien común: el agua.

Ley Ambiental de la CDMX
Capítulo VII, Artículo 159.
En la Ciudad de México está prohibida la privatización del agua en cualquier modalidad; así como los servicios que derivan de su suministro y cobro, por lo que la gestión del agua es pública y sin fines de lucro.
En Puebla sabemos que está privatizada y muy probablemente, así seguirá por un buen tiempo. El cambio sin cambios.