La frase que da título a mi colaboración de hoy fue pronunciada por el presidente López Obrador el 18 de julio del año en curso a propósito de la reforma al Poder Judicial, enfatizando que si un juez no quiere correr riesgos derivados de sus labores (amenazas para dejar en libertad a presuntos delincuentes), debería pedir un cambio de adscripción, solicitar protección o bien dedicarse a otra cosa.

Dicho mensaje parece copiado del que el 21 de agosto del 2008 pronunció en Palacio Nacional el extinto Alejandro Martí: “Si no pueden, renuncien”, para criticar los “escasos avances” del gobierno federal en torno al secuestro y asesinato de su menor hijo (Fernando Martí), cuyo caso fue atendido por el jefe de seguridad corporativa de las empresas del propio Alejandro Martí, de nombre Ernesto Mendieta y por la procuraduría capitalina a cargo de Miguel Ángel Macera, cuyo jefe formal era Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien dicho sea de paso prometió a Martí resolver su caso en forma expedita para hacer quedar mal al gobierno de Felipe Calderón, que paradójicamente fue quien terminó resolviendo el caso y exhibiendo la fallida teoría de la banda de “La Flor”.

Las palabras de Alejandro Martí alcanzaron tal nivel de resonancia debido a que se registraron en el seno del “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, signado entre los tres poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil organizada, pero su verdadero objetivo era quedar bien ante el jefe político de Marcelo Ebrard, que en ese entonces se autodenominaba “presidente legítimo” y hoy es el presidente constitucional de México.

Pero volviendo al “si no quieres riesgos, dedícate a otra cosa”, pronunciada para denostar el papel de los jueces de cara a la reforma judicial, tampoco dista mucho de los “abrazos, no balazos”, estrategia (en realidad slogan) con la que el titular del Ejecutivo Federal ha enfrentado a los grupos delictivos que asesinan, extorsionan, cobran piso y trafican droga, armas y migrantes, ya que gracias a que no representa afectación alguna a dichos grupos, puede transitar por cualquier región del país sin correr riesgo alguno.

Los que sí corren riesgo, por lo menos de ser aplastados por el cúmulo de expedientes de los casos (causas penales) que simultáneamente atienden en sus oficinas son los jueces en materia penal, sobre todo en las entidades federativas donde a cada uno le llegan a asignar hasta 822 causas penales como en Puebla, donde de acuerdo al Censo Nacional Impartición de Justicia Estatal 2023, un total de 27 jueces atienden 22 mil 200 procesos en números cerrados. Le sigue Tabasco con 741, donde 48 jueces atienden 35 mil 600 casos.

El promedio nacional de casos asignados por cada juez es de 217 en forma simultánea, lo cual es humanamente imposible de atender, provocando que los delitos prescriban, las causas penales se cierren y los delincuentes jamás sean detenidos.

Si lo que busca la reforma judicial es hacer más eficiente y menos corrupto el trabajo de los jueces, comenzando por los del ámbito federal y continuando con los de jurisdicción estatal, como lo visualiza el presidente de la República, tendría que acabarse con este tipo de rezagos y cargas de trabajo; sin embargo, los problemas que enfrentan los Tribunales Superiores de Justicia de los estados no se resuelven de la noche a la mañana y tampoco sin recursos económicos.

Esta problemática es idéntica a la que enfrentan los Ministerios Públicos del fuero común y fuero federal, como lo señalé en mi colaboración del 17 de julio del año en curso en este mismo espacio, incluso con números idénticos, ya que en 2022 (dato oficial más reciente) a cada agente del Ministerio Público del fuero común le corresponde atender 290 Carpetas de Investigación en promedio al año, mientras que a cada juez del fuero común le son asignadas 217 Causas penales en forma simultánea al año, lo cual hace inviable la impartición de justicia y genera impunidad, misma que en nuestro país ronda el 90 por ciento.

Si a este indicador le agregamos el de la cifra negra de los delitos de alto impacto que más han crecido en los últimos años como la extorsión, que es del 99.8 por ciento, el panorama para la virtual presidenta de la República electa y los gobernadores que tomarán posesión antes de que concluya el 2024 como en Puebla no es muy halagador; sin embargo, representa la oportunidad para demostrar de qué están hechos.

Solo tendrán que ser cuidadosos para no contravenir la estrategia de “abrazos, no balazos”, que si bien no ha dado los mejores resultados, por lo menos ha ayudado a disminuir los riesgos que corren quienes están al frente de las instituciones, comenzando por el propio presidente de la República, para no tener que renunciar y dedicarse a otra cosa.