Este 17 de octubre se cumplirán 71 años de que a las mujeres en México les fue reconocido en la Constitución Política su derecho a votar y ser votadas en elecciones federales, gracias a la Reforma al Artículo 34 realizada en 1953, concretándose así el sufragio universal y la garantía de poder participar en los ámbitos nacional, estatal y municipal.

No se puede negar que desde esa fecha hasta ahora se han registrado diversos avances en la participación y representación política de las mexicanas, sin embargo, aún existen varios obstáculos por vencer.

El primer gran paso en la democracia mexicana y la representación política de las mujeres se dio en 1979, año en el que llegó a la gubernatura del estado de Colima, la primera mujer en ocupar ese cargo la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, quien se consideró “más que como un ejemplo a seguir, una puerta abierta que permitía el paso para el mundo de la política a más mujeres jóvenes, instruidas y con más facilidades de las que ella tuvo en su momento.”

Otro gran eslabón que se ha conquistado es la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como la primera Presidenta de la Nación, aunque esto tardó 200 años. Resultó muy significativo que en su reciente toma de protesta resaltara que “No llego sola, llegamos todas”.  Serán millones de jóvenes y niñas de nuestro país que tendrán este referente de que si se puede acceder a estos puestos en la política.

Sin embargo, a la par de estos logros, aún falta eliminar el camino de espinas que recorren las mujeres en nuestro país para acceder a los cargos de elección popular; donde destaca lamentablemente el ejercicio de la violencia política hacia las mujeres por razones de género, y que se manifiesta de diferentes maneras, causando enormes problemas, pero sobre todo desanima la participación política femenina.

En nuestro país las mujeres activistas organizadas desde la sociedad civil, académicas, periodistas, políticas que militan en diferentes partidos políticos, legisladoras, funcionarias, etc., han coincidido en proponer diversas acciones, reformas legislativas y políticas públicas para frenar esta violencia política y sus efectos nocivos. Además de alzar la voz para lograr que en todos los cargos de elección popular que exista una paridad plena.

Y en este espacio de opinión quiero reconocer la labor que desempeña la  agrupación nacional, la Red de Formadoras y Defensoras de Derechos Políticos Electorales de las Mujeres  (REFODEP).

Esta Red de Formadoras y Defensoras de Derechos Políticos Electorales se reunió los pasados 26 y 27 de septiembre del presente, con integrantes de veinte estados de la República, lo que significó su VI Encuentro Nacional. Ahí señalaron que “la violencia política digital y mediática contra las mujeres fue una constante en la elección de 2023-2024”.

Dicho encuentro fue convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), que encabeza la Doctora Gloria Ramírez.

En el contexto actual la REFODEP demanda al Estado mexicano declarar causa nacional la lucha contra la violencia hacia la niñez y las mujeres como instó la Organización de las Nacionales Unidas,  así como atender a las siguientes recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), con énfasis en: la Recomendación 33 de Acceso a la justicia; Recomendación 35 sobre Violencia en razón de género; y Recomendación 39, relativa a los derechos de las mujeres y niñas indígenas.

Las integrantes de la REFODEP reflexionaron sobre la condición actual de la participación política de las mujeres en el marco del proceso electoral 2023-2024, el cual se destacó por la violencia política digital contra las mujeres, de manifiesto en redes sociales y medios de comunicación masivos. Además, consideran que sin mujeres indígenas no hay paridad; que la suplantación de identidad de género en las candidaturas debe calificarse como fraude a la paridad. Y que las mujeres que acceden a cargos públicos tienen la responsabilidad de incorporar la agenda feminista durante su mandato.

Las formadoras y defensoras de la REFODEP acordaron dar seguimiento en cada una de sus entidades federativas en términos de paridad, violencia política y acciones afirmativas, así como a vigilar que se cumplan los acuerdos a través de los Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres.

También aprovecho este espacio para agradecer la invitación que me hicieron para participar en su VI Encuentro de la REFODEP. Sin duda pude constatar que en todos los estados de nuestro país existen mujeres con formación en estos temas y que contribuyen con su defensa y análisis de la condición de las mujeres y su representación política a construir una democracia paritaria e igualitaria.

En el terreno de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres cabe destacar que en mayo de 2024 año se creó la “Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género”. Siendo un organismo auxiliar de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que responde a la necesidad de atención de las problemáticas y defensa de las mujeres en sus derechos político-electorales, que siguen viviendo la desigualdad, la discriminación, estereotipos y diversos obstáculos para una efectiva aplicación del principio constitucional de paridad y la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

También persigue un adecuado acceso a la justicia electoral y una tutela judicial efectiva, es necesario una defensa integral y poner especial énfasis en la atención especializada y acompañamiento de las mujeres, cuando afecten su derecho a la igualdad, la paridad y la vida libre de violencia política para las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Sus servicios son gratuitos, a petición de parte y en modalidades presencial o por medios digitales.

Los lineamientos de la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto del presente año.

Tal es la importancia de esto que el pasado 30 de abril del 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/24, por la cual reconoció “en las personas observadoras electorales el carácter de defensoras de derechos humanos”. No sólo para quienes se presentan a observar las jornadas electorales, sino todos los procesos que conllevan las elecciones.

Finalmente quiero destacar que la creación de estas defensorías públicas posibilitan que los asuntos de las mujeres sean juzgados con perspectiva de género en material electoral y sean protegidos sus derechos político-electorales. Además de que velan porque la participación política de las mujeres se realice en condiciones de igualdad y libres de violencia en los procesos electorales y en el ejercicio de los cargos para los que fueron electas.

Referencias
1. Lineamientos de la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género. 
2. 1 de noviembre. Griselda Álvarez Ponce de León primera mujer electa como gobernadora por el estado de Colima.