La transmisión de poderes entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien concluye su periodo, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se determina por los tiempos de un poder que concluye y otro que emerge.

En el contexto actual, el viejo poder resiste morir.

Las voces de la minoría reduce sus alcances

El triunfo inobjetable de la presidenta electa por la contundencia de sus resultados absolutos 33.2 millones de votos, como de la diferencia 17.6 millones de votos entre las contendientes, revelan una decisión inequívoca de la preferencia de la ciudadanía para cubrir el relevo constitucional presidencial.

Sin embargo, en los estertores del último tramo del gobierno saliente se intenta una aprobación “fast track” a las 18 iniciativas del presidente López Obrador donde se modifica la Suprema Corte de Justicia para que sus jueces y ministros sean nombrados por medio de elección y se suprimen los órganos autónomos.

El régimen que fenece aplicó la “puntilla” a dicha confrontación; volvió a encender el fuego de la impugnación al proceso electoral a través de una reacción en los mercados financieros en la caída de la Bolsa de Valores, así también con el alza del tipo de cambio de alrededor de 18 pesos por dólar, cuyas consecuencias son diversas, pero sobre todo manifiestan el estado de sensible de irritación de los factores económicos.

En el jaloneo de intereses quedó atrapada desde dos ángulos los intentos de continuar en el mando el agonizante poder del tabasqueño.

La virtual presidenta electa manifestó que el pronunciamiento no era una decisión tomada, sino que sería estudiada; a su vez, el doctor Juan Ramón de la Fuente fue categórico al expresar que la transmisión de la presidencia sería “sin rupturas, pero también sin sumisión”.

Por su parte, el dirigente de Morena, Mario Delgado, afirmó que será la nueva legislatura, que se instale en septiembre la operadora de la reforma del Poder Judicial.

Mayoría calificada en la capacidad para reformas constitucionales

Las 18 iniciativas enviadas por el Presidente saliente es el último intento de retraer las modificaciones regresivas que configuraron el Estado social mexicano con el fin de adecuarlo a los fines corporativos de la transformación neoliberal.

De tal modo se modificó el Estado social diseñado por la Constitución de 1917 caracterizado por el reconocimiento de los derechos originarios de la Nación y los derechos sociales de la población, unos concernientes al territorio nacional y los otros a los ciudadanos, en la salvaguarda del interés de la Nación.

El eje rotor sobre el cual giran las reformas al Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces sean electos, además se aspira a la desaparición de los órganos autónomos cuyo poder es derivado de fuentes representativas de la voluntad soberana.

De tal modo se pretende una justicia eficaz, oportuna y transparente, así como también se demanda la desaparición de los órganos que suplantan y atacan la soberanía.

En cuanto a reformar el Poder Judicial las modificaciones descansan en la elección de los altos servidores públicos en la justicia, a través del ejercicio del voto público, lo que a todas luces solo incide en su vínculo de responsabilidad en su origen comicial sin que la responsabilidad general se extienda en el control de desempeño.

Por eso, una reforma al Poder Judicial corresponde segmentar el organismo para dividir las funciones y responsabilidades. Es decir, se debe enfocar a dividir las facultades de cada sector judicial comenzando con el Consejo de ministros que examina a la vez los casos de soberanía y constitucionalidad junto con los juicios ordinarios que requieren su interpretación para crear una Corte de constitucionalidad y una Corte de Cassazione.

Cada una de ellas gozarán de su respectiva autonomía, como también se dotaría a la Judicatura, a fin de que sus actos y decisiones quedaran sujetos a la responsabilidad oficial correspondiente. Esta propuesta se encuentra debidamente desarrollada y sustentada por el doctor Juan José Mateos Santillán.

¿Por qué se plantea la desaparición de los órganos autónomos?

Los órganos autónomos no representan la purificación y mejoramiento de la democracia como se les presentan, sino la neutralización de los poderes de la nación; a su vez los órganos de la sociedad civil como son llamados llegan a desplazar la función y facultades que son exclusivas de instancias de la representación del poder de la república. Estos poderes autónomos son la garantía de la representación de intereses de mercado en cuyo nombre se ostentan como garantía de una democracia mejor.

Se trata del nuevo Leviatán, que conculca los derechos de la población para transferirlos a los privilegios de los factores de mercado, es el interés del mercado quien determina la gobernanza de la libre competencia sin considerar los valores de equidad y justicia de los ciudadanos, sino la eficiencia y productividad con miras de incrementar las ganancias, y las utilidades.

Los órganos autónomos son la manifestación expresa del neoliberalismo.

El gran pendiente del segundo piso se concentra en la aplicación de una reforma fiscal con gravámenes progresivos y directos, una reforma que AMLO fue declarada en pausa.

El error de junio. Las 18 iniciativas con las que pretende corregir el neoliberalismo como causa del desequilibrio y desigualdad de la sociedad mexicana resultan ser propuestas tardías, porque las Legislaturas LXV y LXVI han cerrado los periodos ordinarios que les corresponden

Todo ese proceso abarca un término mayor a la agónica LXVI Legislatura, la cual se propone dictaminar en comisiones para que la siguiente Legislatura lo retome como un dictamen no como iniciativa. La razón o explicación de este “gazapo legislativo” se debe a que la Legislatura saliente dispuso dar fin a la congeladora del rezago dando por desechadas todas las iniciativas carentes de dictamen.

Pero lo que se pretende corregir en primer término es el “error legislativo” de la 4T, porque las iniciativas presidenciales ni se dictaminaron como tampoco pasarán a la siguiente LXVII Legislatura. ¿Quedaron en el aire?

Los efectos constitucionales del último informe presidencial

La escena final del mandante de Palacio Nacional acontecerá en su sexto y último informe de gobierno. El evento será acompañado del fantasma del expresidente José López Portillo,  al admitir sus errores y pedir perdón en medio del llanto, para luego proclamar la nacionalización de la banca, que a su vez, quedó truncada por sus sucesor, Miguel de la Madrid y comenzar a cubrir el paisaje con la nube gris del neoliberalismo que atosiga en estas épocas de insolación incontenible.

Los tiempos políticos son inevitables e ineludibles, conocer su ritmo y término son determinantes.

Ya lo dijo el clásico: “Sabía virtud la de conocer el tiempo”, ¿o no?

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