Esta semana la opinión pública estuvo concentrada en el ingreso de al parecer un comando armado a una casa aledaña a la del candidato a gobernador de la entidad por la alianza opositora encabezada por el Partido Acción Nacional, Eduardo Rivera Pérez.

Las personas que se encontraban dentro de la vivienda fueron zarandeadas por los intrusos; reiteradamente se mencionó el nombre de Eduardo Rivera, y amenazaron con meterle un plomazo en la cabeza en cuanto la asomara. Lo repitieron tantas veces que se tornó sospechoso. Un mensaje cifrado.

El “supuesto” equívoco en el domicilio, ha sido motivo para que en las redes sociales se haga chunga diciendo que era la primera vez de los maleantes. Un modo reprobable de bajarle intensidad al acontecimiento y desviar la atención hacia otros horizontes.

La banalización de la violencia política que se padece en este momento en Puebla parece una calca de lo sucedido hace una década en los estados de Guerrero y Michoacán, y lo ocurrido en esas mismas entidades, y otras del norte, en las elecciones de gobernador de 2021 en la que la violencia fue un actor central, sino es que determinante.

¡Quién lo dijera! Puebla avanza, y avanza a paso veloz. Ya ocupa el quinto lugar nacional entre los estados más violentos en este proceso electoral de acuerdo con Integralia, la organización que encabeza Luis Carlos Ugalde, con 19 víctimas, 11 correspondientes a aspirantes oficiales y 8 de la oposición.

Ya no se puede decir que se trata de hechos aislados, productos del azar, o de bromas macabras. Parece tratarse de la ejecución de un patrón, con un objeto bien delimitado.

Semanas atrás (la noche del 21 de abril) el candidato a la presidencia municipal por la capital, también de la alianza opositora panista, Mario Riestra, denunció que cuando se hallaba en un mitin en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, un sujeto llegó hasta donde se encontraba con el pretexto de tomarse una foto con él. Cuando lo tuvo al alcance lo tomó del cuello y le advirtió hasta en dos ocasiones que su cabeza tenía precio: quince mil pesos.

De nuevo a través de las redes sociales, y de personajes afines al oficialismo en los medios, se buscó trivializar el incidente. Incluso se insinuó que fue un montaje, como los que suele referir el presidente López Obrador para hacerse la víctima, ganar adeptos y subir en las encuestas.

Ambos candidatos, a gobernador y presidencia municipal, ambos de la misma coalición partidista, han puestos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que sea esa dependencia quien realice las pesquisas y determine responsabilidades, en un momento de alta tensión por el proceso electoral en curso, del que se carece de información confiable.

Apenas hace falta recordar en este apresurado apunte que la seguridad pública es una garantía que corresponde a la Federación, a los estados y municipios. Razón por la que los titulares del Ejecutivo estatal y municipal han reñido sobre en quién recae la responsabilidad de la seguridad en la ciudad.

Hasta donde se conoce en los medios, ninguno de los aspirantes amenazados de muerte ha hecho acusaciones contra nadie en particular, tampoco contra adversario políticos. Lo que sí han hecho es solicitar al gobierno del Estado que “haga todo lo que esté en sus manos para garantizar la paz, la tranquilidad, la libertad y el buen desarrollo de este proceso electoral”.

Rivera, más contundente, y por la manera en cómo se sucedieron los acontecimientos aledaños a su domicilio, considera que es una “muestra evidente que (en su caso) se trató de un atentado directo contra mi persona”, y niega admitir otra interpretación de los hechos.

No hace falta especular mucho para caer en la cuenta que en ninguno de los casos se trató de eliminar el objetivo, sino de sembrar pánico entre los propios candidatos; en el primer círculo del equipo; entre los seguidores panistas y población abierta; tal vez con la esperanza de que el miedo inmoviliza políticamente, y entonces el que va abajo sube y gana.

Los acontecimientos registrados y las amenazas de muerte no se pueden disociar del proceso electoral en curso, pero sobre todo de lo cerrado de la contienda en la ciudad. El señor José Chedraui se ha negado sistemáticamente a debatir con su contrincante, lo que deja entrever incompetencia.

Por lo demás, es el patrón electoral que impuso el finado Rafael Moreno Valle durante la elección de gobernador en el 2018.

Vuelto a especular, si habría alguna persona beneficiada con violencia política esa persona no parece ser otra, sino la que encabeza la candidatura de Morena al municipio de la capital.

@ocielmora

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