Mediante una red delictiva encaminada a defraudar el erario, fue descubierta por las autoridades fiscales, tanto del gobierno federal como de los estados de Puebla y Veracruz, la participación de funcionarios de su administración y de otras entidades, en una trama que causó un daño a la hacienda pública por más de 6 mil millones de pesos.

Las redes de complicidad al amparo del poder público permitieron que delincuentes de cuello blanco, se apropiaran de los recursos públicos mediante la conformación de Empresas que Facturaron Operaciones Simuladas, algunas de ellas identificadas mediáticamente como la RED Tavera Ramos, RED ADSO, Cártel Inmobiliario Ciudad Modelo o RED Rojas Armijo, entre otras.

La RED ADSO es una de esas redes en la que participaron al menos 28 empresas, hasta ahora identificadas, la cual fue confirmada por las autoridades, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La trama del desfalco incluye evasión fiscal y fraudes cometidos por la delincuencia organizada, presuntamente liderada por David Enrique Terrón González y su esposa Maricarmen Ravelo Cortés, en la que también habrían participado activamente y de forma relevante los cómplices que fueron identificados y que no únicamente figuraron como testaferros, sino como miembros activos de la organización.

Enrique Terrón es uno de los personajes centrales de la trama en el desfalco y simulación de actividades empresariales vinculadas con los gobiernos municipales y estatales, a quien se le menciona en diversas notas periodísticas y se encuentra como accionista, comisario o apoderado legal en la mayoría de las empresas de la RED; sea de manera directa o por conducto de su esposa, y/o relacionado por los miembros de la banda en la que participan.

Con domicilio en Cuautlancingo y Cholula

Establecieron como domicilio principal de sus fechorías, el ubicado en una colonia del municipio de Cuautlancingo, aunque la operación real se realizó desde el domicilio de una pareja de sus operadores en San Pedro Cholula y en unas oficinas centrales en la ciudad de Puebla.

La evidencia y daño causado al erario consta en las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) visible en la Carpeta de Investigación C.I./FESP/399/2016-VII y en las resoluciones para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones DRFIS/062/2016 e I.R./SEDESOL/2015, instruido a ex servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, por la cual los afectados promovieron el amparo número 1272/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.

También consta en las denuncias presentadas en octubre de 2020, ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el entonces titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco José Romero Serrano.

Una RED poblana

David Enrique Terrón González es por lo tanto uno de los personajes centrales de la trama y fue hasta octubre de 2016, cuando el gobierno de Veracruz decidió notificar al representante legal de ADSO de México, S.A. de C.V., que rescindió el contrato por más de 44 millones de pesos que en el año 2014 adjudicó la Secretaría de Desarrollo Social, para la compra de materiales para atender un programa de techos para población en condiciones de vulnerabilidad.

Mediante contrato LPN-105T00000-003/14-20 Relativo a la “Adquisición y suministro de paquetes de láminas de zinc, para el programa de construcción y mejoramiento de techos en los municipios de las zonas de atención prioritaria (zona centro) por un importe de $44,420,460.00, adjudicado a ADSO de México, S.A. de C.V. representada por David Enrique Terrón González, quien señaló domicilio en “Arboledas 30, Bello Horizonte, Cholula, Puebla”. Domicilio inexistente. En otros contratos “Arboledas 31” pero en el municipio de Cuautlancingo.

En el año 2015 el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz supo que era un domicilio falso, cuando derivado del Pliego de Observaciones, se enviaron solicitudes de información a los proveedores, las cuales fueron devueltas, por no localizarse el domicilio que indicaron o no encontraron al Representante Legal.

David Enrique Terrón González en representación legal de ADSO de México, S.A. de C.V. también señaló como domicilio el de Carretera a Puerto Escondido 36, Barrio de la Soledad 71270, San Pablo Hixtepec, Oaxaca., también inexistente.

PROMOCIONES VELOT SIA, S.A. DE C.V.

Entre las empresas creadas por Terrón González, destaca Promociones Velot Sia, S.A. de C.V. a la que el Orfis veracruzano pretendió notificarle en el 2015 a su representante legal, Eduardo Cristian Zamora Velázquez, el pliego de observaciones, notificación que se realizó en “Calle Torcuato Tasso 245 Interior 103, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo 11580, Ciudad de México.” Lo cual no fue posible y se comprobó la simulación del domicilio.

Sin embargo, para esa fecha la representante legal de la empresa era Maricarmen Ravelo Cortés de conformidad con el instrumento 7591 del Corredor Público 1 Chiautempan, Tlaxcala. Lic. Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano, que protocolizó la asamblea de accionistas con fecha 2 de octubre de 2013, con domicilio en la 9 A Sur 11708, Colonia Infonavit Agua Santa, Puebla 72490.

Hasta el 2017 que nuevamente se removió al Administrador Único y se realizó el traspaso de acciones, la empresa celebró los contratos con el gobierno de Veracruz y Puebla, además de otras entidades públicas del gobierno federal y municipios.

Con la Sedesol Veracruz el 30/11/2015 factura 212 $18,608,400.00 y en 2016 contratos por $13,269,449.00 en los que se encontraron irregularidades y el Orfis veracruzano presentó dos denuncias penales correspondientes.  La primera, en noviembre de 2016 en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos (C.I./FESP/399/2016-VII), la segunda en contra del representante legal de la empresa, entre otros.

El 29 de marzo de 2017 mediante el Instrumento 22378 del Notario Público 1 Tepeaca, Puebla, Lic. Paulo Javier Rodríguez Castellano, se realizó el traspaso de acciones en favor de Eduardo Christian Zamora Vázquez (6%) y Carlos Joaquín Angón Silva (94% Administrador Único), fungiendo como delegado de la Asamblea, Armando Salinas Vera. Y el 21/08/2017 mediante el Instrumento 27814 Notario Público 5, de Huejotzingo, Puebla, Lic. José Alejandro Romero Carreto, se revocó el poder a Maricarmen Ravelo Cortés, como parte de la corrección del acta de asamblea del 14 de agosto de 2017. Delegado de la Asamblea: Armando Salinas Vera.

El 26 de octubre de 2017 la empresa fue incluida por el SAT en el listado de EFOS del Artículo 69-B del CFF. Definitivo 500-05-2017-38611 de fecha.

El chivo expiatorio

Sin embargo, Carlos Joaquín Angón Silva como representante legal y socio mayoritario de la empresa resulta responsable de los contratos que adjudicó en el 2017 la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, en ese año por $324,302.78

Así como por defraudación fiscal, fraude, asociación delictuosa como se desprende de las siguientes denuncias presentadas por la ASE Puebla, en el que se le incluye.

- Gobierno de San Pedro Cholula, denuncia CDI752/2020/FECC/VI-A
- Gobierno de Izúcar de Matamoros, CDI748/2020/FECC/VI-A

Puede observarse en las tres administraciones de la empresa, que el mayor de los fraudes y época millonaria ocurrió durante la representación legal de Maricarmen Ravelo Cortés; sin embargo a pesar de la contundencia de los datos, resulta relevante hacer notar que los mayores desfalcos cometidos por conducto de esta empresa se realizaron antes de la representación de Carlos Joaquín Angón Silva, quien habría defraudado “poquito”, quizás porque habría sido incluido dentro de la organización como el “tonto útil” o “chivo expiatorio”, pero como dice la cultura popular, “tanto peca el que mata a la vaca como el que le ata la pata” y resulta por lo tanto… cómplice.

¿O no lo cree usted?