Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nos informa de los presuntos desvíos de recursos del gobierno federal, tanto del que gasta como el que pasa a otras entidades de gobierno, entre ellas las estatales e incluso municipales.

Y mantiene un espacio en donde es posible consultar el monto de los recursos públicos que están bajo vigilancia por irregularidades en su manejo, algunas veces por problemas de procedimiento, algún documento que no se incluyó en la revisión y no necesariamente hablamos de desvíos. Otras veces sí, por ejemplo, todo el esquema de la estafa maestra que fue evidenciada ahí primero.

Y a nivel estatal, ¿cuál es la situación? Bueno, como parte de la investigación de la red Adso, conocí que el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz tiene en su página documentos no solo sobre el monto del daño registrado (33 mil millones entre 2007 y 2018), sino incluso las denuncias presentadas.

En una charla que tuve con funcionarios del Órgano de Fiscalización de Veracruz, uno de los presentes me dijo apesadumbrado que “más allá de la información que se publica sobre el hallazgo de desvíos, las denuncias penales y los procedimientos administrativos, lo cierto es que la recuperación de activos es mínima”; pero esa es otra historia…

Ahora, ¿qué pasa con la Auditoría Superior del Estado de Puebla? ¿Tiene un apartado similar para saber a cuánto asciende el daño al erario por parte de las administraciones estatales y/o municipales?

No, no lo hay. Y cuando se solicitan esos datos para dimensionar el tamaño del problema en el estado la respuesta es, digamos, nula.

Me explico. A principios de junio del año pasado le solicité que me informaran:

“el monto del daño patrimonial que este órgano ha documentado en su análisis de la Cuenta Pública de los años 2004 a 2020, en un informe anual. Pido también se me informe cuántas denuncias, y sus respectivos folios, ha interpuesto ante autoridades penales producto del daño patrimonial detectado en el periodo de tiempo señalado”.

Y bueno, la respuesta del Sujeto Obligado (SO) fue de antología. Primero me mandaron a buscar en los decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado, y luego (y ahí viene lo mejor) que mi pretensión de conocer los folios de las denuncias, pues eso era asunto de la Fiscalía, pero ellos usan números y una nomenclatura propia, es decir que no se le asignan “folios”.

Vamos, que me sentí como cuando hice mi primera solicitud de información allá por el lejano 2006 y me dijeron que el gobierno del estado no tenía contratos con medios de comunicación (luego supe que les llamaban convenios), y por tanto esa información no existía… ¡plop!

Si partimos de que el Derecho de Acceso a la Información es, antes que nada, un derecho de todas las personas, ponerle piedritas a las solicitudes con respuestas de ese tipo es pueril.

Y tan pueril resultó que después de presentar el recurso de revisión entregaron la información. En el recurso les dije que era “francamente ridículo que a estas alturas del tiempo que tiene el país reconociendo el DAI se escude en simplezas, como no reconocer que al solicitar el número de folio se está pidiendo los caracteres que identifican las denuncias penales que el SO ha promovido en el periodo de tiempo establecido”.

Bueno, todo lo anterior solo es el contexto para decirles que la Auditoría Superior del Estado tiene registrados un total de 2 mil 167.2 millones de pesos en daños patrimoniales en los gobiernos de Mario Marín, Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad y un cachito de Barbosa. Su reporte llega hasta el 2019.

Teniendo como referencia Veracruz, la ASE de Puebla ha detectado en 15 años, menos de una décima parte de lo que el Orfise de Veracruz detectó en 10 años. Es cierto, allá tuvieron un Duarte y sus empresas fantasmas, pero en Puebla también las hubo, y de acuerdo con un montón de publicaciones se usaron a montones también en las administraciones panistas.

Claro, partimos de los datos que a regañadientes entregó la ASE.

Por lo pronto, de acuerdo con esos datos fueron tres los años de mayores desfalcos: 2007 y 2010 en el sexenio del priista Mario Marín se detectaron desfalcos por 635 y 215 millones respectivamente. Esos dos años fueron claves para el marinismo. En 2007 fue cuando Marín enfrentó la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la detención de la periodista Lydia Cacho. En 2010 fue año electoral, cuando Marín entregó el estado al PAN de Moreno Valle.

El otro año con el monto más alto fue 2019. Ese año la ASE detectó un daño patrimonial por 427 millones de pesos. Ese año fue el de crisis política por la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo el exgobernador Rafael Moreno Valle. 2019 fue un año en el que gobernó por unos meses y de manera interina el priista Guillermo Pacheco Pulido. Y luego tras ganar una elección con muy poca participación ciudadana, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta.

Hasta ahí los datos de la ASE.

Las maromas de Elsa Bracamonte

El 25 de noviembre del 2021 el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Transporte que semanas antes había sido enviada por el gobierno del estado a ese órgano legislativo.

Es decir, en esa fecha le dieron trámite las y los legisladores, pero el documento ya había pasado por comisiones y se le hicieron adiciones a propuesta de la bancada panista.

El problema es que tan sólo seis días antes de la aprobación la Secretaría de Movilidad y Transporte encabezada por la morenista Elsa Bracamonte asignó un contrato por un millón 90 mil pesos a la empresa Proyecto Céntrico SC para que desarrollaran un “Servicio de consultoría para la elaboración del marco regulatorio en materia de movilidad, seguridad vial y transporte”.

En dicho contrato se estableció que la empresa debería entregar dos iniciativas de ley: la de Transporte y la de Movilidad y Seguridad Vial y un nuevo reglamento de transporte.

El contrato se firmó el 19 de noviembre de ese año, pero luego se modificó el 1 de diciembre y ahí se estipuló que ese mismo día la empresa Proyecto Céntrico debería entregar el primer borrador de la Ley de Transporte. Sí, la misma que días antes habían ya aprobado en el Congreso local.

¿Es decir, que desde la secretaría que encabeza Elsa Bracamonte se presentan iniciativas de ley, y luego de que se aprueban se asigna el contrato a la empresa que la hizo? ¿La Auditoría Superior del Estado habrá observado ese caso?

Notas que no deberías perderte:

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