Los arranques de gobierno pueden ser buenos, regulares y malos. Ello depende de factores externos, entre otros, la herencia de los modos de ejercer el poder del partido que fue sustituido, la inexperiencia y tipo de aprendizaje de quienes llegan, las peculiaridades de los tratos entre quien abandona y el que asume.  Los factores internos cuentan mucho, el grado de cohesión política de la elite, la readecuación del programa de gobierno, los criterios para integrar el aparato administrativo, la sapiencia en el uso de los recursos.

Tres eventos que tendrían que desenvolverse en un cauce institucional y por ello mismo acotarse a su significado circunstancial, tienden a convertirse en problemas interminables de incidencia directa negativa en inicio de gobierno: los recursos presupuestales del estado de Puebla para el año que va corriendo; la relación entre los poderes legislativo federal y ejecutivo federal, y, el fenómeno criminal.

El caso poblano es significativo: Tenemos un gobierno de segunda alternancia, proviene de una elección extraordinaria, se ha puesto como objetivo cambiar el régimen político, sus recursos políticos no son irrelevantes; cuenta con mayoría simple en el legislativo y milita en la misma agrupación del presidente de la República. Sin embargo, presenta un Talón de Aquiles: no tiene recursos para empezar a ejercer obra pública significativa en lo que resta del año. El gobierno interino pasado se gastó o comprometió recursos a sabiendas de que duraría siete meses, no doce. ¿Qué fue? ¿Novatez? ¿Ingenuidad? ¿Acuerdos entendidos o sobreentendidos? ¿Ambigüedad de la ley? Tal vez todo ello. No es un tema que haya permeado en la opinión pública. Debería, pero no lo es.

El caso es que el nuevo gobierno no cuenta con dinero. El interinato implementó obra pública sin planeación de ningún tipo -el gobierno actual, lógicamente, ha tenido que suspender-, y realizó compras al por mayor, sin licitación. Asombra que en tan poco tiempo se haya construido un ejercicio gubernamental tan opaco o más que en los anteriores. Hay una pregunta significativa, ¿Qué hizo en tanto la mayoría legislativa de Morena para limitar la voracidad de los interinos?

El efecto ni Dios lo quita: el resto del año tendremos parálisis en obra pública, solo planes. Y esperemos que siquiera sean aceptables, como para dejar testimonio de buenas intenciones. Ya veremos, por lo pronto suena en el legislativo federal la profundización de la política de austeridad.

Mientras tanto, Puebla pagó uno de los interinatos mas caros de la historia reciente de México.

El segundo caso es el del surrealismo parlamentario transformista (ojalá las elites políticas actuales no cran que eso es un cambio de régimen político). En menos de un mes dos escándalos camarales, atribuibles a la convicción personal -insisto: personalísima- del presidente de la República de pretender dejar a un lado la investidura política para dejar en su lugar la del empleado del pueblo. Esta creencia ha llevado, interesadamente a personajes y grupos de Morena a sacar provecho. Ricardo Monreal en el Senado de La República y Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados. En el primer caso el jefe de la bancada senatorial ha afirmado que el ejecutivo presidencial ya no manda en la cámara de senadores. Descuida interesadamente decir que nunca lo ha hecho, ni en el periodo autoritario, lo que sí hacía y debe seguir haciendo el presidente Obrador, por funcionalidad del diseño institucional, es continuar marcando agenda a la bancada de su partido para sacar lo que conviene al periodo sexenal. El Senado, como poder del Estado mexicano es soberano, no así la fracción parlamentaria del partido del presidente, se debe al titular del ejecutivo. El jefe de la bancada morenista cree, porque le conviene para sus aspiraciones presidenciales, que tenemos una forma de gobierno parlamentaria. No es así, es presidencial. El que haya sacado su propuesta para encabezar el Senado a costa de un escándalo nacional y en detrimento de una de las facciones de Morena no es buen presagio ni para Monreal ni para el presidente ni para Morena.

La falta de operación política -o mala operación- del ejecutivo en el legislativo, tiene la segunda consecuencia: la frustrada ampliación que Porfirio Muños Ledo quería de su periodo como presidente de la Cámara de Diputados. La intervención presidencial fue tarde, a destiempo. Otra vez se exhibieron, López Obrador por su extrema benevolencia, el diputado federal porque casi pasa a la historia como un obsesivo del poder público y Morena, por su falta de oficio político y parlamentario.

El tercer evento cuya solución no tendrá visos de resolverse en el corto plazo es el que se refiere a la violencia delincuencial. Desafortunadamente las cifras del fenómeno indican una tendencia progresiva, en aumento, tal vez irreversible. No es una exageración. Lo que tendría que ser eventual se ha convertido en una constante estructural de la realidad mexicana.

La sociedad ha ordenado su vida cotidiana al lado de la criminalidad. No a pesar de ella. El ciudadano de a pie coexiste con una realidad cruda, de nota roja, que ha hecho visible y normal lo peor de la maldad humana. En cada evento delictivo, aparte del agravio al bien tutelado, hay crueldades, sufrimiento desmedido de las víctimas, terror psicológico, tortura física, victimización permanente de los familiares, laceración de las víctimas. La criminalidad tiene una espiral creciente, su desenvolvimiento contempla estrategias, tácticas, armamento, batallones enteros de bandidos en despliegue militar de guerra.

La delincuencia abarca también niveles micro de la sociedad. Las acciones de malandros individuales o en micro células son de efectos devastadores por ser múltiples en las zonas urbanas. La cifra general, que no da cuenta de los horrores que cada delito provoca, es espantosa: de enero a julio ocurrieron en el país1, 178, 600 eventos delictivos, de acuerdo al Secretariado Nacional de seguridad Pública.

Lo paradójico de la realidad mexicana, es que, a pesar de la sangre que ha corrido, los mexicanos somos felices (lo dijo el INEGI en enero del presente año). Si le preguntan eso mismo a los sirios, afganos o iraquíes, dirán que no, que no son felices. Ellos asumen su escenario de guerra y saben que ha destrozado su presente y futuro.

¿Por qué el nuevo gobierno federal no ha detenido la criminalidad? Lamentablemente dejamos de tener respuestas. La estrategia anti crimen no es muy clara. El combate sigue siendo reactivo y excesivamente circunstancial. El modelo de Guardia Nacional tardará en implementarse. Con las policías locales, no hay nada que hacer por ser inútiles y un obstáculo que parece insalvable. Las estrategias preventivas son una quimera en los ámbitos municipales y estatales.

El resultado es que la inseguridad pública sigue creciendo. ¿Por qué se ha vuelto imparable? No hay respuestas ciertas, las únicas provienen -en su verosimilitud, no en su verdad- del boom de las series que relatan historias del narcotráfico en México. Abundan y tienen una audiencia elevada. Todas lanzan como hipótesis la colusión del crimen organizado con la autoridad, proyectan estampas de complicidad, de maridaje.

Esperemos que no sea el caso, aunque sabemos que la realidad siempre ha superado a la ficción. Es deseable reducir el terror delincuencial. Las autoridades deben entender que acostumbrarnos es un síntoma de descomposición social que nos conduce al callejón sin retorno de lo que significa la violencia creciente, extrema y masiva.

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