Política urbana de largo plazo, reto de los nuevos gobiernos

  • Javier García Ángeles
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Los empresarios de la construcción debemos mantener intacto el principio del beneficio social y desarrollo urbano que se persigue con la realización de obras en ciudades, comunidades y en cualquier entorno que represente facilitar el acceso, traslado y la vida cotidiana de sus habitantes.

Es un reto, para nosotros los constructores, remar a contracorriente y empezar a desetiquetar obras y proyectos que para infortunio –no sólo de nuestro gremio- sino de la sociedad, suelen politizarse, cuando la atención debiera centrarse en los beneficios o afectaciones reales que pueden provocar a los ciudadanos.

Es tiempo de superar las discusiones estériles que se gestan en vísperas electorales, donde la obra pública, se utiliza como ariete de ataques y contra ataques que son desafortunados no sólo para quienes gobiernan o buscan hacerlo, sino también, para nosotros, los empresarios de la construcción, cuyo interés debe estar por encima de nombres, colores o tendencias que aviven la confrontación.

El inicio de los trabajos de ampliación y modificación de lo que fue el Distribuidor Vial 475 y cuyo nuevo nombre será Nodo Atlixcáyotl, nos llevan a que los empresarios del gremio, reconozcamos la necesidad de “modernizar” obras que van cumpliendo una función; sobre todo, porque es una realidad que las ciudades crecen y exigen contar con vialidades que cubran las nuevas necesidades citadinas.

En nuestro ánimo no está entrar en polémicas, ataques o defensas a ultranza de obras que para nosotros representan trabajo, oportunidades y el compromiso de cumplir y cubrir las necesidades de una población.

En este breve análisis, quiero centrar mi opinión sobre la imponderable  obligación que los gobiernos tienen para plantear los llamados planes de desarrollo urbano con una proyección a largo plazo. Se agotaron las excusas para seguir construyendo y promoviendo obras de relumbrón.

Como constructores sabemos que no podemos ignorar las exigencias que demanda una capital como Puebla y municipios que en el interior del estado reportan un rápido crecimiento con muy poca planeación.

Es un buen momento, para que empresarios y gobiernos hagamos planteamientos conjuntos que eviten la repetición de viejas historias, donde la obra está encadenada a los intereses particulares de gobernantes en turno.

Las empresas de la construcción llevamos muchos meses proponiendo trabajar codo a codo con los gobiernos en Puebla. Sabemos que los tiempos no son fáciles cuando de inversiones cuantiosas se trata para el rubro de la obra pública.

Por lo anterior, en una inversión de casi 360 millones de pesos para el Nodo Atlixcáyotl, llama nuestra atención la ausencia de una licitación. Nos preguntamos si aplicaron el esquema de invitación, y si fue así, es importante que la autoridad municipal comente cuáles son los lineamientos que aplicó para elegir a las empresas que entraron en este esquema.

El escrutinio en la realización de obra pública es un reto que como empresarios también tenemos que afrontar. Transparentar las licitaciones, no implica tirar negocios, por el contrario, representa dar certeza de que constructores y gobiernos estamos trabajando por un beneficio común.

Los tiempos de los vetos, las fobias y la animadversión, deben superarse con la condición única de hacer un trabajo eficiente para los poblanos.

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