Enmarcado, coincidentemente, por el reciente informe de la CNDH que describe las variadas formas de violación de derechos humanos que se cometen cotidianamente contra los internos en todas las cárceles de México, Simitrio enfrenta ahora un problema grave de salud derivado de las difíciles condiciones de reclusión a que está sometido. Su salud, como su encarcelamiento, ha pasado a ser parte del problema político que la “28 de Octubre” enfrenta con el gobierno local que -a juzgar por la respuesta a una petición de atención médica especializada confiable y quién la da- la convirtió, ya, en una simple cuestión “legal” sujeta a los vaivenes de la interpretación jurídica, alejando la posibilidad racional de un trato médico humanitario. Pesan sobre él, violaciones a sus derechos de presunción de inocencia, debido proceso, petición y a la salud.

Preso desde el 19 de diciembre pasado, es fecha en que ninguna gestión legal oportunamente hecha ante autoridades administrativas, jurisdiccionales o de derechos humanos –locales y federales- ha derivado en alguna medida de protección en su favor. Tiempos de malignidad donde la voluntad del autócrata es la medida de ejercicio del poder.

Simitrio y la 28 de Octubre han sido colocados, cual pelota de tenis raqueteada, entre las canchas de los gobiernos local y federal con un objetivo político: el desgaste y resquebrajamiento de la organización con el máximo dirigente, su hijo y un vocero en calidad de rehenes. La dosificación del tiempo de prisión para ellos se obtiene de diversas formas: negativas de apertura al diálogo; silencio frente al ofrecimiento de debate en público sobre presos políticos; cancelación unilateral, arbitraria, de todo tipo de reuniones con funcionarios; silencio administrativo sobre peticiones formales por escrito; retraso, políticamente medido, de la impartición de justicia federal. Resulta lógico y hasta natural pensar que tales acciones son intencionales esperando una, de antemano, sabida reacción por parte de los miembros de la organización: la movilización en las calles, no sólo de Puebla sino en el Distrito Federal.

Por increíble que parezca, la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Luis Enrique Miranda Nava ha aceptado en los hechos convertirse en la oficina de trámite para las peticiones formales de diálogo con las autoridades del estado de Puebla, previa marcha, mitin o manifestación que la UPVA haga en la Ciudad de México. Un juego de desgaste político premeditado (contra todas las organizaciones populares) que calcula las molestias causadas a los defeños, las atiza en medios de comunicación y se explotan ideológicamente para justificar medidas legislativas autoritarias, por acá, socarronamente llamadas “ley bala”.

Por esa razón las movilizaciones en las calles de Puebla ya no surten el efecto de abrir las puertas de la oficina gubernamental que propicien el diálogo; por el contrario, ahora son pretexto ideal para satanizar derechos constitucionales a la manifestación, asociación y reunión pacífica con objeto lícito de hacer peticiones o presentar protesta por actos de la autoridad; e incluso, pervirtiendo el maleable argumento de la protección a “los derechos de tercero”, para incitar a la ciudadanía al roce con quienes ejercen esos derechos.

Y mientras los jueces de distrito, violando la ley, determinan el tiempo de emisión de las sentencias de amparo que irán dilucidando la situación jurídica de Simitrio, sus enfermedades se agravan. En sendos escritos dirigidos, personalmente, al Gobernador RMV, al Secretario General de Gobierno y al Secretario de Seguridad Pública, ha expuesto las que le aquejan: “Insuficiencia hepática crónica, según estudios de laboratorio se demuestra TP alargado disminuido al 45%, plaquetas disminuidas, bilirrubinas elevadas, lo que traduce daño hepático con datos de hipertensión portal. Posible encefalopatía hepática. Diabetes mellitus tipo 2. Hipertensión portal”; el tratamiento médico sugerido: “…los médicos especialistas indican como paso a seguir el que me sean practicados los siguientes estudios médicos: a) Endoscopía de tubo digestivo alto IDX: várices esofágicas; b) TAC abdominal de alto contraste”; y una petición formal: “…solicito a Usted se tomen las providencias necesarias y gire instrucciones pertinentes para que se autorice mi salida del centro penitenciario donde me encuentro recluido, para que me sean practicados los estudios análisis y estudios requeridos…”

Presentados los escritos el pasado 27 de agosto, la respuesta provino –el 7 de septiembre- del Director General de Centros de Reinserción Social del Estado quien, en nombre de aquellos, determina: “Por instrucciones superiores y para dar respuesta a su petición, se solicitó el apoyo y colaboración institucional a la Secretaría de Salud del Estado, por lo que el día 2 de septiembre de 2015, se constituyeron los CC. Jorge García, Urgenciólogo, Alan Córdova, Médico Internista y Cardiólogo y el C.P. Francisco Ochoa Arseo, personal de la Secretaría de Salud del Estado, quienes previa revisión de su expediente médico, procedieron a valorarlo bajo interrogatorio directo y exploración física, así como a la toma de electrocardiograma y muestra de sangre para análisis clínico; informando que tendrían los resultados a más tardar en una semana y así estarían en aptitud de establecer un diagnóstico y tratamiento adecuado. Se está en espera del diagnóstico y tratamiento por parte de los galenos especialistas para que el personal médico, adscrito al Centro de Reinserción Social de Puebla, le siga atendiendo y brindando los cuidados necesarios que requiera.”

Para valorar esta disfrazada negativa los médicos poblanos tendrán los mejores elementos de juicio. Simitrio es doblemente rehén: su libertad y salud están, injustamente, en manos del gobierno.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de septiembre de 2015

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO