El pasado 8 de junio se efectuó un acto de suma importancia para la vida universitaria y el acontecer político de nuestra entidad. La Rectoría de la BUAP emitió un Comunicado donde denuncia la actuación ilegal de la PGJ al detener e inculpar a siete jóvenes universitarios, rechazando “…las violaciones cometidas en contra de los derechos de nuestros alumnos y que se pretenda convertir a los jóvenes en blanco de investigaciones carentes de sustento.” Asimismo recuerda otros actos de violencia que han quedado impunes y que muestran la incapacidad del gobierno estatal para mantener un clima de paz y respeto.

Nos parece que el Comunicado es relevante considerando que desde hace ya varios lustros las autoridades universitarias se habían caracterizado no solo por carecer de la más mínima actitud crítica frente al poder gubernamental, sino que además formaban parte de la cúpula política priista. La actual administración universitaria si bien  planteó desde un inicio un nuevo perfil –menor presencia personal y sin intenciones de proyecto político- las relaciones con el gobierno seguían en la misma tonalidad.

La toma de posición frente a las arbitrariedades señaladas pareciera poner una demarcación distinta  en esas relaciones, una redefinición de ellas. Si fuese así, sería importante que la comunidad universitaria participara abiertamente en lo que pudiera ser una recuperación de la Autonomía de la Institución, de hecho se trataría de una reconstrucción de fondo de los vínculos de la Universidad con la Sociedad y el Estado, que debiera incluir  repensar sus funciones sustantivas considerando las demandas de una sociedad empobrecida y con sistemas ecológicos amenazados o en franca destrucción, características que son causadas por las formas de acumulación de capital prevalecientes e impulsadas por las cúpulas políticas dominantes.

Indudablemente que es justa la reivindicación de la BUAP, sin embargo también es pertinente destacar que la violación a los derechos civiles y humanos por parte de las autoridades estatales no es solo contra los universitarios, sino que se ha agudizado y convertido en una práctica cotidiana dirigida en especial hacia los activistas y ciudadanos que disienten y se oponen a las imposiciones y arbitrariedades del gobierno morenovallista.

Desde otra perspectiva, en el Comunicado se hace alusión a los “Actos como la toma de inmuebles universitarios y otras actividades de enfrentamiento y desestabilización…” y llama al diálogo respetuoso e institucional. Lo cual nos sugiere dos comentarios: primero, es de reconocer la actuación oportuna de la Institución para el esclarecimiento de los hechos y el respeto de los procesos legales, lo cual no había sucedido en anteriores ocasiones; segundo, la respuesta solidaria de estudiantes y profesores fue diversa –desde la indiferencia hasta la decisión de algún (os) grupo (s) de hacer una toma simbólica de la rectoría-,   es necesario comprender esa diversidad considerando tanto el contexto externo actual como las prácticas políticas internas.

El contexto sociopolítico  está signado por la violencia, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad, la crisis del sistema político, la exclusión  y la criminalización de la resistencia social; todo ello se expresa de manera más aguda en las capas juveniles de nuestra sociedad (estatal y nacional). La existencia de miles de jóvenes sin empleo y sin posibilidades de continuar con sus estudios se suma a los millones de desempleados, subempleados o trabajadores en condiciones precarias; las alternativas que el sistema educativo y social imperante tienden a estimular y fortalecer las respuestas individuales, debilitando los tejidos sociales, ejemplo claro de ello son la mayor parte de programas de emprendedores y liderazgos. Lo cierto es que la pobreza y la exclusión social son  una realidad vivida que no genera expectativas de un futuro promisorio para los jóvenes. No es de extrañar que algunos de ellos busquen construir alternativas que rebasen a las mismas instituciones de nuestra sociedad, que las cuestionen; sin embargo, los imaginarios juveniles son múltiples y complejos, lo cual no se comprende desde esas instituciones y, mucho menos, en las estructuras de poder.

En el ámbito universitario, hay que señalar que existe una práctica política que ha sido construida a partir de la implementación de los modelos educativos dominantes, de las estructuras autoritarias y clientelares de las administraciones en turno y del enquistamiento en ellas de una capa burocrática vinculada a los intereses de los grupos de poder político estatal y nacional. Las prácticas clientelares incidieron en un funcionamiento atrofiado, deformado, de los órganos colegiados de gobierno y en la  toma de decisiones verticales, contribuyendo así en la conformación de una escasa participación crítica, tanto de estudiantes como de académicos.

El ejercicio de prácticas democráticas fue reducido al máximo, las elecciones a los órganos de gobierno se convirtieron en momentos de disciplinamiento y de formación de operadores en beneficio de esas capas burocráticas. Las organizaciones estudiantiles independientes fueron cooptadas, reprimidas o aisladas; muy pocas lograron la sobrevivencia, pero fueron marginadas y, en muchos casos, satanizadas.  La relación entre esas organizaciones y las autoridades universitarias fue dominada por la incomunicación y la desconfianza, cuando no por el enfrentamiento abierto.

Comprender estos antecedentes implica pensar como concretar la reivindicación que hace el Comunicado del “…derecho a la libre manifestación de las ideas, el diálogo y la tolerancia…”, pues muchas de las prácticas mencionadas permanecen de manera inercial,  que siguen pesando sobre el funcionamiento de la vida universitaria. Es indudable que en esta administración se han dado algunos pasos para eliminar esos lastres, pero no todos han sido claros. Por lo demás, concretar la reivindicación mencionada implica también la participación directa de los propios universitarios.

Finalmente, el Comunicado de la BUAP queda también marcado por los resultados adversos para el proyecto morenovallista, de tal forma que habrá que estar atentos a las siguientes acciones de la administración universitaria para saber el alcance real de su posicionamiento, pues puede quedar solo como un “adecuado” realineamiento ante el panorama político surgido de las elecciones.