Esta es la política que los diferentes niveles de gobierno en nuestro país han decidido practicar como respuesta a los reclamos de una población cada vez más exigente en sus demandas y más ofendida por las tomas de decisiones desde el poder público y que afectan los intereses de amplios grupos de la población.

Y es que según los gobernantes, el gobernado afectado tiene todo el derecho a protestar una mala acción de gobierno  y acudir a diferentes tribunales e instituciones para encauzar el asunto por la "vía legal" a sabiendas de que la respuesta se obtendrá después de pasados largos años si es que el reclamante tiene la capacidad de aguantar todo el molesto trámite que su asunto requiera.

Otra vía de reclamo es la consistente en la realización de diversas formas de protesta social amparadas por nuestra constitución, mismas que por haber sido utilizadas frecuentemente con el paso del tiempo han perdido su valor original, máxime cuando su exceso y abuso provocan daños en propiedades o en  terceros inocentes.

Es por esto que las malas decisiones de gobernantes sin escrúpulos, pueden ser aplicadas sin mayores problemas a  sabiendas de que no habrá una medida de presión social efectiva que pueda revertir sus efectos.

Casos como el de la consulta en contra de la aplicación de la Reforma energética, el de Puebla y el asunto  Chalchihuapan, las nuevas leyes de expropiación de tierras para "obras de fin público", el de la guardería ABC de Sonora, son solo ejemplos de cómo los gobernantes suelen practicar la política de oídos sordos dejando en la total indefensión a miles de ciudadanos afectados por sus decisiones, quienes por obvias razones, y al no tener una respuesta justa a sus demanda, podrán irse inclinando a medidas de resistencia civil que en cualquier momento pueden correr el grave riesgo de salir de control.