Puebla vive un momento particularmente revelador para abordar y reflexionar las disputas contemporáneas por el territorio. En pocos meses se han acumulado conflictos socioambientales que, aunque responden a contextos distintos, todos expresan una misma tensión: la confrontación entre un modelo de desarrollo que privilegia la ejecución de proyectos orientados a la competitividad territorial y comunidades que reclaman participar en las decisiones que transforman los territorios que históricamente habitan.

Con frecuencia, desde el discurso oficial, estas expresiones de inconformidad son interpretadas como resistencia al desarrollo. Sin embargo, esta es una visión limitada: lo que está en disputa es la decisión sobre los bienes comunes, la distribución de beneficios y costos ambientales, y el reconocimiento de las comunidades como actores legítimos en la construcción del futuro de sus territorios.

En consecuencia, la pregunta central no es únicamente si un proyecto resulta técnica o ambientalmente viable, sino cómo se toman las decisiones, quién participa en ellas y bajo qué principios se construye su legitimidad.

En Puebla se manifiesta una forma de gobernanza en la que las decisiones suelen anteceder al diálogo social. Paralelamente, la sustentabilidad, la transición ecológica o la economía circular aparecen como conceptos recurrentes para justificar nuevas intervenciones territoriales con proyectos que se implementan con información limitada, consultas insuficientes y escasos espacios de deliberación. La sustentabilidad pierde su capacidad transformadora cuando se convierte en un recurso discursivo y no en un eje orientador.

El proyecto del Cablebús ilustra esta tensión. La discusión coloca con fuerza en el debate la calidad de las decisiones públicas, la (falta de) transparencia de la información y la necesidad de evaluar los impactos sobre el patrimonio socioambiental, antes de intervenirlo.

La misma lógica se observa en San José Chiapa, donde la propuesta de un Polo de Desarrollo de Economía Circular ha generado incertidumbre sobre los procedimientos mediante los cuales se pretende incorporar una nueva infraestructura industrial al territorio.

De forma semejante, la oposición a la minería en Zacatlán cuestiona un modelo de desarrollo que privilegia el aprovechamiento económico del territorio mientras subordina los impactos ambientales y no garantiza los procesos efectivos de información, participación y consentimiento social.

En Nealtican y Acuexcomac, la conclusión del acuerdo que permitió durante décadas la extracción de agua para abastecer a la zona metropolitana de Puebla, reabre otra discusión de fondo: quién decide el destino de un bien común estratégico.

Para las comunidades, el agua no representa únicamente un recurso para satisfacer la demanda urbana, constituye un elemento esencial de su identidad, de su economía local y de la continuidad de la vida comunitaria.

Estos casos muestran que la conflictividad socioambiental si bien reivindica con urgencia considerar los impactos socioambientales de los proyectos, cuestiona la legitimidad de las decisiones que los hacen posibles. No resulta casual que las comunidades recurran cada vez con mayor frecuencia a los mecanismos de participación previstos en el Acuerdo de Escazú y a las vías jurídicas para defender sus territorios.

La transición ecológica justa difícilmente podrá consolidarse si reproduce las relaciones de poder que históricamente han acompañado al desarrollo convencional. La justicia socioambiental exige redistribuir no sólo los beneficios y las responsabilidades derivadas del uso del territorio, sino también el poder para decidir sobre él.

El mayor desafío consiste en reconstruir la confianza entre instituciones y comunidades mediante una nueva forma de gobernanza territorial. Ello implica por un lado subrayar la dimensión ambiental como un eje estructurante de las políticas públicas y no como una variable subordinada a criterios de rentabilidad o de oportunidad política, así como reconocer que el territorio no es un espacio disponible para la inversión, sino un bien común donde convergen derechos, memorias, identidades y formas de vida.

La sustentabilidad dejará de ser un recurso retórico cuando las comunidades dejen de ser receptoras de decisiones previamente tomadas y se conviertan en protagonistas de la definición del futuro de sus territorios. Sólo entonces podrá hablarse de una transición ecológica sustentada en la democracia y la justicia socioambiental.