La única política que predomina en el gobierno estatal es la imposición de las resoluciones de Casa Puebla, sin considerar condiciones ni afectaciones a los ciudadanos y/o a sus comunidades. La connivencia (contubernio) de  los “otros” poderes –judicial y legislativo- y de los partidos políticos abonan al  autoritarismo e intolerancia del ejecutivo estatal.

Una revisión de los acontecimientos de los últimos meses nos muestra claramente el incremento de las acciones en contra de las diversas manifestaciones de descontento contra las medidas gubernamentales (estatales y federales); el uso de la fuerza policiaca en contra de la población es cada vez más frecuente y con mayor agresividad. Si bien destacan las violentas acciones contra mototaxistas, contra pobladores que se oponen al gasoducto y, recientemente, contra comunidades que están descontentas por las medidas de centralización del registro civil, la violencia gubernamental ha sido recibida por maestros, enfermeras, colonos, jóvenes…

La agresión policiaca en contra de los pobladores de Chalchihuapan muestra claramente la incapacidad y oportunismo de la clase política, su conveniente sumisión al autoritarismo estatal. Así, la  consistente y “dedicada” labor legislativa aprobó la reforma al registro civil (con la desaparición del Instituto Registral y Catastral del Estado); por supuesto que no se consideraron las prácticas, usos y costumbres de las comunidades, ni tampoco las dificultades geográficas y sociales que implica a las comunidades más alejadas el traslado a las cabeceras municipales.

Por su parte, el Gobierno Estatal fue incapaz de tomar medidas preventivas para dar los servicios ahora centralizados; si en diciembre afirmó el gobernador que se “cumpliría con la Ley”, también debería de haber explicado la manera en que se planeaba dar los servicios, sin afectar a la población. El resultado de esta incapacidad gubernamental ha sido el descontento ciudadano.

Bien dice Elia Tamayo, madre del niño herido con una bala de goma por la brutalidad gubernamental: “La culpa de las lesiones es del gobernador Rafael Moreno Valle y de sus granaderos”.  Sin embargo, la criminal agresión sufrida por los pobladores de Chalchihuapan si bien es realizada por el ejecutivo estatal, también es responsabilidad de los diputados que aprobaron la Ley Bala, que da la justificación legal de tales acciones. Algunos diputados y dirigentes de partidos han hablado de “ingobernabilidad”, tratando de evadir su propia responsabilidad.

Es ridícula y absurda la explicación que da la SGG sobre los hechos de Chalchihuapan, las evidencias mostradas por diversos medios de comunicación desnudan su cinismo  y evidencian su despotismo y arbitrariedad. Amparado en un poder judicial displicente (en el mejor de los casos), el gobierno estatal actúa desbocado, delirante de poder crea e inventa hechos y culpables; a Enedina, Avelino y Juan Carlos (presos por defender a sus comunidades) se suman otros cuatro pobladores, también se libran más órdenes de aprehensión, quizá la SGG considera que hay subocupación en los “Ceresos”.

La máquina del poder funciona, los planes del ejecutivo se concretan, el legislativo los avala y legaliza, el judicial protege y sanciona, la clase política bien y de buenas. Los ciudadanos, las comunidades, reciben y aguantan, pero ¿hasta cuándo? Quizá las piedras de gran calibre que tiene en la cabeza la SGG en realidad se están fraguando como auténticas defensas nucleares.