En el año 200, el entonces presidente de la República, Felipe Caderón Hinojosa, presentó una iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, mejor conocida como “ley televisa”, esta propuesta no prosperó por las inconsistencias constitucionales que presentaba, por ello la mayoría del Senado emitió su voto en contra de ella.

Para el 11 de junio de 2013, Enrique Peña Nieto, a través del “Pacto por México”, logra conciliar distintas perspectivas que tienen como resultado la reforma en telecomunicaciones que reúne avances sustantivos en el reconocimiento de criterios  que establecen límites a la concentración y combate en monopolio de las telecomunicaciones, promoviendo la competitividad. En ese rubro, dicho acuerdo legislativo en el artículo 28 constitucional reconoce la existencia de un órgano regulador autónomo: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), mismo que se encargará de establecer las reglas de operación sobre este tema. 

Entro otras, el IFETEL tiene la responsabilidad de cuidar y promover la calidad de los contenidos en radio y televisión, según los criterios del derecho de audiencia, ceder concesiones en radio y televisión, la regulación del mercado en telecomunicaciones etc. La creación de este nuevo instituto parecía ser un prometedor empuje a la democracia ya que es bien sabido que el deterioro de la comunicación gubernamental que suelen ser “los nervios del gobierno” como lo señala el politólogo Karl W. Deutsch, funciona en nuestros días bajo un esquema vertical que solo propicia la difusión de información, mas no el diálogo y la comunicación, ello implica un agravio hacia el desarrollo político del país. Empero, con la nueva reforma en telecomunicaciones y la creación del IFETEL, este asunto parecía empezar encaminarse a otra perspectiva ya que se reconoce la competencia como un mecanismo que haga frente al monopolio de las frecuencias en radio y televisión, además reconoce el derecho de las comunidades indígenas de obtener concesiones en este rubro, la neutralidad de internet, una programación de calidad etc. Dichos criterios permitirían una válvula de escape a la libre expresión y a la comunicación horizontal, aspectos que han sido durante décadas raptados por las dos más grandes televisoras de México: Tv Azteca y Televisa. Estas empresas se han enriquecido durante años a costa de un espacio de comunicación masiva que es de dominio público y que debería coadyuvar al sentido del diálogo en los temas más importantes de la sociedad. 

Recientemente se discute la aprobación de las leyes secundarias en telecomunicaciones, y resultan tener otro sentido totalmente distinto al originalmente plasmado por la reforma en TELECOM. Y es que en primer lugar esta propuesta, presentada por Enrique Peña Nieto, protege de nueva cuenta a las dos grandes televisoras, y pretende ejercer un control casi absoluto desde el gobierno, sobre las telecomunicaciones. Ello ha llevado a la sociedad civil a manifestarse, incluyendo personajes académicos como Denise Dresser y hasta políticos; como el senador Javier Corral o el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas quienes en fechas recientes han creado el “Frente por la Comunicación Democrática”. 

Podríamos decir que las inconsistencias y afectaciones versan en los siguientes aspectos: La reforma propone la entrega de concesiones en radio y televisión, teniendo como criterio su impacto, es decir su cobertura y capacidad de alcance, en lugar de sus consecuencias (podrá obtener más concesiones quien cuente con más infraestructura generando una desventaja a las pequeñas empresas), propiciando “la preponderancia” de las más fuertes compañías en telecomunicaciones, ya que el único criterio es el nivel de audiencia y no otros como la calidad del contenido. Además, el nuevo sistema de transmisión en televisión permite en un solo canal múltiples programas. El IFETEL tiene la facultad de establecer los criterios de uso de esos espacios de multiprogramación; sin embargo, en ley secundaria otorga a los concesionarios la potestad de determinar el número de canales de multiprogramación lo cual genera que el concesionario pueda adquirir ganancias de una bien público si ninguna retribución al mismo. 

Por otro lado, las leyes secundarias permiten que varias agencias de seguridad nacional utilicen el sistema de comunicación para la localización de móviles, rastreo de cuentas electrónicas (geolocalización) etc.  Esto se encuentra catalogado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un atentado contra los  derechos humanos. A esto habría que incluir el artículo 218° que faculta a  la Secretaria de Gobierno  para establecer vigilancia sobre los contenidos en la programación en radio y televisión, lo cual es anticonstitucional y atenta con la libre expresión. 

Por otra parte, si bien el reconocimiento de la participación de las comunidades indígenas en telecomunicaciones está plasmado en los acuerdos, en leyes secundarias se habla de siete criterios para la concesión, mismos que se prestan a la discrecionalidad de los funcionarios en la entrega de concesiones. Lo cual parece ser un nuevo impedimento al uso y acceso de estos medios a la pluralidad de voces. 

Asimismo, IFETEL, según el artículo 28° constitucional, es órgano autónomo para regular precisamente las telecomunicaciones, sin embargo en su artículo 8° de la  ley secundaria otorga a la Secretaria de Caminos y Transportes (SCT) regula la programación dando prioridad a los asuntos del Presidente de la República cuando exista “urgencia”, sin establecer los criterios de lo que  se entiende por urgencia. 

Igualmente, se omite considerar a las personas con discapacidad en la programación a través de: subtítulos, bandas informativas o dispositivos de ayuda. Así como la programación que contribuya a la alfabetización y desarrollo de los derechos humanos dando prioridad al uso comercial en telecomunicaciones. 

Sin duda, para sacar provecho de la reforma en telecomunicaciones se requiere un profundo debate de sus leyes secundarias en especial si tomamos en cuenta que nuestra sociedad exige como nunca: ser informada y escuchada.