(Primera parte)

Pocos temas han causado tanto revuelo social como el relativo a la presunta intención del gobierno federal de limitar el uso del internet, en agravio de la libertad de expresión y la seguridad personal, a través de rigurosas normas previstas en la Ley Secundaria de Telecomunicaciones.

El asunto se viralizó durante los días recientes mediante un bombardeo inusitado por parte de usuarios de las redes sociales y de muy diversos grupos defensores de los derechos humanos.

A tal grado llegó la presión ciudadana, que legisladores acordaron posponer hasta junio la aprobación de las respectivas normas, con el ofrecimiento de ser más explícitos en su redacción y, en su caso, omitir cualquier intento que pudiera lastimar los derechos ciudadanos.

Si bien es cierto que el texto original de la iniciativa contiene conceptos que pudieran generar confusión, debe reconocerse igualmente que el tema ha sido aprovechado por algunos segmentos de la población que sistemáticamente han cuestionado al gobierno federal por la vía de distintas plataformas del internet.

Otros usuarios también han expresado su inconformidad con argumentos muy triviales que asoman, más que nada, ignorancia absoluta respecto a los propósitos de la nueva ley.

En esencia, los grupos opositores afirman que el gobierno tiene la intención de censurar los contenidos en internet, intervenir indiscriminadamente  las telecomunicaciones y aplicar la geolocalización de los usuarios, lo cual, en estricto rigor, no es así.

En el primer caso,  ciertamente se prevé la posibilidad de que el gobierno federal pueda disponer el bloqueo de contenidos en la red  (artículo 145), o que exija la obstrucción de señales, pero sólo en momentos o lugares críticos para la seguridad pública o nacional (artículo 197).

Al respecto, justo es decir que en ambos supuestos debe mediar una orden judicial y lo que se pretende es contener a grupos delictivos, como los dedicados al secuestro y la extorsión.

El gobierno ha tratado de explicar que no pretende atentar contra la libertad de expresión al permitir que se restrinjan contenidos en redes sociales como Twitter y Facebook, más bien desea dar certeza al derecho de los usuarios para acceder a dichos contenidos.

La propuesta reconoce como principio el derecho de los usuarios de internet a consumir contenidos sin límite, sin restricción y sin discriminación, e incluso  obliga al gobierno a que internet sea un espacio libre, aunque ciertamente establece casos de excepción para que ciertos contenidos que violan la ley puedan ser restringidos en su acceso, mediante orden de autoridad.

En cuanto al posible bloqueo de señales de telecomunicaciones en eventos y lugares públicos para la seguridad pública y nacional, se dice que se trata de un recurso de excepción para garantizar la seguridad de la población, algo que ocurre en cualquier parte del mundo.

El propósito es proteger el interés mayor de la población en eventos y lugares críticos para las familias, como ocurrió por ejemplo en los atentados terroristas de Boston, en los que la autoridad bloqueó las señales para evitar que quien hubiera cometido el acto pudiera comunicarse en apoyo a su actividad delictiva.

Se trata, pues, de salvaguardar el interés y la seguridad, ciudadana en casos verdaderamente extremos y excepcionales, y no un acto de censura, como se ha querido interpretar.

Aun así, luego de las protestas que el tema generó,  autoridades federales han ofrecido adecuar estos textos y hacer los cambios que sean necesarios a la propuesta presidencial.

En cuanto a la intervención de telecomunicaciones, prevista también para casos relacionados con la delincuencia, se contempla que el gobierno federal pueda solicitar a un concesionario que intervenga comunicaciones (artículo 190) y que le entregue el registro de las llamadas de un usuario (artículo 192).

Para quienes cuestionan la iniciativa,  esto representa un ataque a la privacidad de los ciudadanos,  además que implicaría costos económicos y dificultades técnicas para los concesionarios, que por ley deberían guardar esos registros durante al menos dos años.

Y en cuanto a la geolocalización, el artículo 189 prevé que el gobierno federal pueda pedir a un concesionario de telefonía celular que localice en tiempo real un aparato ligado a delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas.

El Código Federal de Procedimientos Penales ya contempla esa posibilidad, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a comienzos de año que la geolocalización únicamente podrá emplearse en casos extremos, es decir, si está en riesgo la vida o la integridad física de una víctima o si puede desaparecer un objeto robado.

Visto así, no parece haber ninguna intención perversa, aunque hay quienes sostienen que la geolocalización puede usarse con otros fines, en perjuicio de las libertades ciudadanas.

Se trata, en suma, de un asunto espinoso que tiene el efecto deseado, según el color del cristal con que se mire.

De eso hablaremos en la próxima entrega.

AL OÍDO

Para este martes está previsto el debate entre Ernesto Cordero y Gustavo Madero, aspirantes a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional.

A juicio de los expertos, el evento podría ser decisivo ya que se trata de una oportunidad única para exponer no sólo sus propuestas, sino de exhibir a su respectivo rival, y en eso Cordero parece tener mejores y más sustentados argumentos.

Ya veremos de qué cuero salen más correas.

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