Desde que inicio la actual administración el espíritu reformista ha sido la constante. Una de ellas, la Reforma Electoral, está atrapada entre el caudal de reformas propuestas que ha congestionado las agendas de los actores principales, aspecto que degrada su efecto deseado hasta convertirla en moneda de cambio con tal de que transiten otros acuerdos políticos pendientes.

ANTECEDENTE. En una coyuntura extremadamente complicada inició este sexenio, el Presidente Enrique Peña Nieto (EPN) y los partidos políticos firmaron 14 compromisos que fueron incluidos en el Pacto por México (PxM), la electoral quedó cifrada en el compromiso 90 “crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue de las elecciones federales, estatales y municipales” (sic). Diversos especialistas sostienen que principal virtud del PxM fue la valoración adecuada del complicado momento por el que atravesaba el país, así como el atinado entendimiento, del estrecho margen operativo del que disponía EPN para gobernar. Las expectativas fueron favorables porque ponían el dedo en la yaga: acotar el poder feudal que los gobernadores adquirieron desde la alternancia política. Durante más de 13 años, desde el año 2000, con el término de la hegemonía priista en la presidencia de la república, los mandatarios estatales aprovecharon la ineficacia y debilidad de los gobiernos de acción nacional para imponer sus condiciones y consolidar redes de poder económico y político en sus entidades. De abusos y corrupción ningún estado se salvó. El nivel de degradación sigue siendo escandaloso. Las entidades federativas se han convertido en islas imposibles; dónde los endeudamientos, la opacidad en el manejo de los recursos públicos, la corrupción, y la criminalidad (en la modalidad electoral) les sirve como mecanismo para perpetuar su poder.

Esta descomposición, inspiró a regresar las cosas a la vieja usanza y fortalecer la figura del jefe del Ejecutivo aprovechando las debilidades de la oposición: un PAN, urgido de participar en la agenda nacional después del fisco calderonista y, un PRD diluido por falta de liderazgo y urgido de sentarse a intercambiar favores.

Por eso hoy no podemos ver nada en aislado. La actuación del gobierno federal en el caso del ex gobernador tabasqueño Andrés Granier, no solo se explica como el castigo a un ex gobernador corrupto, sino que es una clara muestra de la podredumbre y ejemplo de lo que le puede suceder a otros que no entiendan los actuales ritmos y tiempos.

PRIMERAS ACCIONES. Una de las principales estrategias institucionales de EPN, a través del PxM,  es restringir el poder discrecional de los gobernadores desde tres vías: la económica, la de seguridad y la electoral. Lo anterior explica proyectos como: la creación de una instancia nacional para dar seguimiento a la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; la conformación de una Gendarmería Nacional con facultades para ingresar discrecionalmente a estados y municipios en donde se llegase a considerar necesaria su intervención; la creación de un organismo nacional que regule la contratación de publicidad de los tres órdenes de gobierno; el Consejo Nacional de Ética Pública encargado de dar seguimiento desde el gobierno federal a las acciones concertadas en materia anticorrupción en todo el país; la empantanada Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública que busca limitar a los gobernadores a contratar deuda; y la Reforma Electoral que en términos simples pretende inhibir que los mandatarios estatales determinen quienes ganan las elecciones locales. A reserva de analizar a detalle el contenido de cada una de estas iniciativas, todas, sin lugar a dudas, son necesarias, siempre y cuando, no tengan dedicatoria, sesgo partidista o emanen de una exagerada añoranza del pasado.

REFORMA ELECTORAL. La actuación de los gobernadores es caprichosa porque es fomentada a partir de la ausencia de contrapesos reales. Los números no engañan: en 20 entidades, el partido del gobernador tiene mayoría en el Congreso estatal; y en 28 el órgano electoral tiene una conformación a fin al mandatario estatal. Sin duda, vivimos un estado de emergencia nacional y los gobernadores son ampliamente responsables de ello, de ahí la importancia de detener este deterioro. Pero los tiempos complican su implementación. Por un lado el Instituto Federal Electoral (IFE) nuevamente quedó incompleto, luego de que en octubre pasado tres de sus integrantes terminaron su periodo. Y por el otro, esta reforma recibe un trato de moneda de cambio por los propios partidos políticos y los gobernadores que han manifestado su rechazo explícito. Los mandatarios estatales se resisten a sacar las manos de los procesos electorales locales y lo justifican argumentando que es un golpe al federalismo y a no respetar la “mayoría de edad” de las entidades.

Fiel  a su estilo atropellado, el PAN, infectó de origen su propia propuesta de reforma política al condicionarla con la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE), la eliminación de los institutos locales en las 32 entidades federativas, la creación de una legislación electoral única y el diseño de una Ley General de Partidos a cambio de respaldar la reforma energética. Era de esperarse que negociar cosas distintas presumía la posibilidad de que las externalidades definieran su suerte. La discusión de la reforma fiscal estancó las negociaciones en el Senado de la República.

Desafortunadamente hoy se ve complicada una renegociación en los términos en los que el PxM la acordó.  

No es ningún descubrimiento, que en materia electoral como en otras, las cosas no marchan como deberían. No deben ser ajenos los números dados a conocer por la encuesta de Latinobarómetro que exhibe la poca credibilidad que tiene nuestra población en la democracia, con un preocupante 37% de encuestados que le apuestan como la forma ideal de gobierno. De la alternancia a la fecha, hemos perdido 26 puntos y nos encontramos en el sótano de la región.

En mi opinión, la eventual creación del INE debe ser como una transformación del IFE,  absorber la facultad de nombrar los consejeros locales bajo cualidades técnicas y no políticas, y dejar fuera la idea de concebir una legislación única para todo el país que no pasaría ni siquiera la primera prueba. Ojalá que los actores quieran impulsar los cambios para mejorar y decidan detener más abusos.

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Twitter: @juandiazcarr

Abogado, economista y periodista.