La discusión pública y los reflectores están puestos en la reforma del presidente López Obrador al Poder Judicial.

Una serie de foros en donde incluso los mismos ministros y ministras de la Corte analizan lo perjudicial que puede ser, así como los riesgos si se insiste en hacer la aprobación tal como fue presentada. Sin dejar de reconocer por supuesto las deficiencias existentes en este poder que se pueden corregir y su perfeccionamiento, la premisa es sin duda que “un juzgador no se hace de la noche a la mañana”; de ahí la complejidad del planteamiento original de esta Iniciativa de reforma a la Constitución.

Hemos podido escuchar análisis jurídicos de trascendencia para el estudio del derecho y del sistema político del país, que seguramente deberá derivar en modificaciones y ajustes que las legisladoras y legisladores entrantes tendrán que hacerle; además de considerar el contexto actual y sus repercusiones, no sólo las jurídicas, también, las laborales y sociales; sin dejar de atender la preocupación que en los mercados genera esta reforma, tan es así que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, -quien ocupará el mismo cargo en el gobierno de la presidenta Sheinbaum- ha tenido que trasladarse a Londres para tranquilizar a los inversionistas comentándoles, según ha trascendido, que la presidenta “moderará el impacto de la reforma judicial”. Veremos cómo se va discutiendo esta reforma de alta preocupación.

Sin embargo, también, hay que atender que el presidente en funciones impulsa la aprobación de todo su paquete de reformas presentado, y esta, la judicial, es sólo una de diecinueve más.

¿Qué pasará con todas esas iniciativas? ¿Se aprobarán? ¿La presidenta electa Sheinbaum logrará convencer al presidente López Obrador de no aprobarlas a “botepronto” a cambio de la aprobación con modificaciones de la del Poder Judicial?

Preocupante porque las restantes diecinueve iniciativas abordan la reforma electoral, estatus y mecánica de las elecciones; la reforma administrativa con la extinción de órganos constitucionales  autónomos; una reforma energética que incluye reformas a las industrias estratégicas del país; que la Guardia Nacional pase a la SEDENA; en materia de derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos; en materia de medio ambiente temas como biodiversidad, maíz transgénico, agua, minería a cielo abierto y fracking; para constitucionalizar los apoyos económicos a jóvenes que no estudian ni trabajan; protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas; en materia penal el delito de extorsión; en materia de austeridad republicana las remuneraciones de personas servidoras públicas y contrataciones públicas; al sistema de pensiones; en materia de salarios; al sistema de salud; en materia ferroviaria; en materia de protección y cuidado animal; en educación; en materia de bienestar; simplificación orgánica de la administración pública federal; en materia de vivienda.

Como podemos darnos cuenta su importancia no es menor y este es el paquete de reformas constitucionales que el todavía presidente impulsa para su aprobación en el mes de septiembre.

Para quienes deseen profundizar en su estudio muy interesante y recomendable la investigación “Análisis Técnico de las 20 Iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, publicado por la UNAM bajo la coordinación de Sergio López Ayllón, J. Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar y Diego Valadés (junio 25, 2024).

La presidenta electa Claudia Sheinbaum además de que heredará un sistema destruido en materia de salud; al borde del abismo señalan estar los expertos en materia educativa; de la altísima inseguridad en el país; del incremento en el número de asesinatos y desapariciones; de una delincuencia organizada empoderada; hay que sumar también la incertidumbre que sigue con la destrucción de instituciones.

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