Con una calurosa felicitación a e-consulta por su onceavo aniversario. Que sean muchos más!!

Recientemente, el titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Pedro Esteban Penagos López, manifestó que, desde su punto de vista,  la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) podría afectar lo relativo a la autonomía y al régimen interno de las entidades federativas en cuanto a la instrumentación de un organismo nacional que organice las elecciones estatales y federales de manera concurrente, esto, es, en un mismo día. Debe mencionarse que la eventual reforma electoral a la que se refiere el magistrado está considerada entre los puntos del llamado Pacto por México, y en los últimos días ha sido mencionada con insistencia por parte de las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, sobre todo.

Al respecto, cabe destacar que se trata de la opinión particular de quien por ministerio de ley encabeza el máximo tribunal electoral del país (quien además reconoce la potestad del Congreso para determinar lo relativo a la forma de gobierno, así como sus atribuciones en cuanto a reformar los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), y que el pleno del TEPJF no se ha pronunciado oficialmente al respecto. No obstante, las declaraciones de Penagos López anticipan el debate que en torno a la creación del INE se avecina en el corto plazo, pues la posibilidad inscrita en la mencionada iniciativa supondría un fuerte replanteamiento a la forma y al fondo en que se vienen organizando los comicios locales en el país hasta la fecha.

Por ejemplo, cualquier lego en la materia podría suponer que la organización de las elecciones locales por parte de una instancia nacional, le otorgará a las dirigencias nacionales de los partidos políticos una mayor preponderancia tanto al momento de definir la integración del INE como en lo que hace a la organización misma de los comicios, lo que, en esa misma lógica,  acarrearía consecuentemente una disminución en lo relativo a la relevancia que cobran durante los procesos electorales las dirigencias y las estructuras locales de dichos partidos; sobre todo en lo que hace a la asignación y ejercicio de las prerrogativas y la definición de candidaturas

Los antecedentes de la discusión acerca del papel de los institutos electorales locales y su eventual sustitución por parte del INE parten de los variados señalamientos acerca a de lo “oneroso” que resulta la organización de los comicios, la duplicidad de funciones en la que incurren los institutos y las Juntas Locales del Instituto Federal Electoral (IFE) en cada entidad, así como el control político que ejercen los poderes estatales sobre la integración y el desempeño de los respectivos institutos y sus autoridades. Desde ahora es posible afirmar que lo concerniente a estos argumentos es relativo y no necesariamente se subsanaría con la aparición de un instituto nacional, pues existen factores de fondo que hacen muy compleja la resolución de estos problemas, por lo que razonablemente se esperaría que primero se atendiera a la definición de las alternativas, antes de pretender instrumentar soluciones que pueden no ser las idóneas.

La discusión respecto a que el INE afecta lo relativo al federalismo electoral es tan solo una de las aristas del fenómeno; otra es la que tiene que ver con los mecanismos de integración de ese instituto nacional y la de su estructura en los respectivos estados del país; si ésta debiera ser permanente o no; qué papel jugarían los tribunales electorales locales; cuáles los compromisos de los partidos políticos, cuáles las implicaciones en las campañas, etcétera. El hecho de “sobrecargar” al sistema electoral con elecciones concurrentes representa por sí mismo un asunto álgido, pues supone el riesgo de que la conflictividad post-electoral local se vincule a los comicios federales, en este sentido, debiera revisarse con mesura el que eventualmente tal sobrecarga se dirigiera contra una sola institución como sería el INE y el conflicto adquiriera dimensiones también nacionales.

Piénsese en el conflicto de 2006 por la impugnación de los resultados de la elección de presidente de la República; si dicha protesta hubiese incluido también la de alguna elección local, su magnitud e implicaciones hubieran sido mucho más graves. En ese sentido, cabe replantearse la función política que desempeñan las instituciones electorales locales (institutos y tribunales), que si bien no están exentas de adolescencias y carencias organizacionales, al ser desechadas de plano, se corre el riesgo de tirar el agua de la bañera con todo y niño.

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