“Pobre país el que requiere de héroes”

Bertolt Brecht

Si algo de trascendental tienen las próximas elecciones en cuatro entidades del país, más allá de las respectivas circunstancias locales, es que se inscriben en un más amplio proceso de reconfiguración del poder político en nuestro país, el cual involucra tanto a los partidos políticos contendientes, como a los grupos y élites que conforman el núcleo del poder.

Más allá de quiénes ganarán tales o cuales de las 270 presidencias municipales en disputa, o cómo se integrarán los congresos locales en Nayarit y Coahuila donde están en juego 25 y 30 diputaciones respectivamente, o qué partido o coalición ganará la elección de gobernador en el Estado de México o Coahuila; lo que resulta de mayor trascendencia es el reacomodo de las fuerzas políticas y el diseño de sus estrategias de cara a la elección presidencial de 2018.

La mayoría de los análisis al respecto, se centran en la disputa por la presidencia de la República por parte de partidos y candidatos, líderes políticos más o menos relevantes, ciudadanos que sin mediación de partidos aspirarán a las diferentes candidaturas –sobre todo la presidencial--, el papel de la sociedad organizada de cara a la concurrencia de los procesos locales y federal, las nuevas tareas y responsabilidades del organismo electoral nacional, la actuación de los medios de comunicación, el papel que jugará el crimen organizado, la actitud del nuevo gobierno de los Estados Unidos al respecto, etcétera. Un largo, muy largo, etcétera, sin duda.

Todos estos factores en sí mismos, suponen enormes desafíos institucionales y son igualmente temas interesantísimos ya sea desde el punto de vista académico o periodístico. Pero, en su conjunto, suponen un enorme parte aguas histórico, cuyo antecedente fundamental se ubica en la Reforma Político-Electoral de 2014, de la cual sucintamente pueden destacarse al menos seis grandes rubros o ejes temáticos: a) Integración y Atribuciones de las Autoridades electorales, b) Criterios de Fiscalización y Sanciones ante el Rebase de Tope de Gastos de Campaña, c) Modificaciones al Régimen de Gobierno, d) Modificaciones al Régimen de Partidos, e) Adecuaciones a los Instrumentos de Participación Ciudadana, y f) Ajustes al Modelo de Comunicación Política.

La reforma electoral de 2014, sobre todo en lo que hace a las leyes secundarias, modifica de manera sustancial la estructura y atribuciones de la autoridad en la organización de las elecciones concurrentes (la federal y 29 procesos locales), lo que en sí  mismo entraña no pocas dificultades. Para tener una idea tan sólo de las implicaciones de la elección de 2018, baste mencionar que se elegirán más de 3 mil 600 cargos de elección, con un padrón de casi 89 millones de ciudadanos, lo que implicará la instalación de casi 160 mil casillas electorales integradas por más de un millón de ciudadanos capacitados.

Pero más allá de la problemática que supone la organización de un evento de tales magnitudes, debe tenerse en cuenta que la reforma constitucional implica lo que sin exageración puede entenderse como una verdadera reconfiguración del poder político en nuestro país,  la cual no necesariamente inicia con las elecciones locales de junio próximo, y obviamente tampoco culminará con las elecciones concurrentes de 2018.

Es claro que dicha reconfiguración  está en curso y que ambos eventos no son sino escalas o momentos de un proceso político de más largo aliento y de más hondo calado. Es en la lógica de este proceso de reconfiguración en que se inscriben las elecciones locales del mes próximo, donde, por ejemplo, habrá elecciones para gobernador en un par de entidades en las que nunca se ha registrado la alternancia en el Ejecutivo local (Coahuila y Estado de México). Si atendemos a la experiencia reciente, los casos de denuncias e investigación contra ex gobernadores y demás funcionarios públicos por desvío de fondos, enriquecimiento inexplicable,  corrupción, connivencia con el crimen, violaciones a derechos humanos, y demás delitos, sólo se han registrado –salvo escasas excepciones-- en aquellas entidades donde ha habido alternancia (Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, al menos).  De ahí que la eventualidad de la posible derrota del PRI en ambas entidades, sea bastante significativa.

Sin ser privativo de esas entidades, en Coahuila y Estado de México existen expedientes abiertos y escandalosos visos de corrupción, denuncias sumarias y evidencias exultantes de riqueza derivada del desempeño poco honesto del servicio público. Nayarit, Veracruz y Coahuila, registran cifras escalofriantes de violencia y casos escandalosos de corrupción en la procuración y administración de justicia; en ese marco ocurrirán sus respectivos procesos electorales.

En el Estado de México, la delincuencia común, la violencia de género y no pocos casos de crímenes asociados a la delincuencia organizada se han registrado en los últimos años, mientras que en Veracruz aun no se acaban de integrar acusaciones e investigaciones en contra de funcionarios del anterior gobierno priista.

Si a este complejo panorama, apenas esbozado en sus rasgos más obvios, le sumamos la muy probable conflictividad que se registrará nada más terminar la jornada, la debilidad de los organismos electorales locales tanto administrativos como jurisdiccionales, el crispado clima de confrontación preexistente, la cercanía del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, entre otros factores, no es difícil imaginar lo tensionante que, ya desde ahora, resultan las elecciones del próximo mes.

Sin embargo, el escenario no es necesariamente catastrófico. Si bien los desafíos son enormes, se requeriría de una enorme dosis de inteligencia y voluntad políticas para hacer de la coyuntura de este año, el  antecedente de una participación cívica y política acorde con los anhelos democráticos de la mayoría ciudadana que en cada proceso electoral acude y participa para expresar su empeño en la construcción de un orden político ajustado al marco jurídico y garante de la paz y el desarrollo sociales.

El orden y la estabilidad no implican la pasividad ciudadana ni la resignación o el inmovilismo. La resignación pesimista que sostiene que no hay verdaderas alternativas por las que valga la pena participar, equivale, en el extremo opuesto, pero tocándose, a la precipitada idea de que cualquier alternativa es mejor a lo que existe hasta el momento.

El riesgo del caudillismo es casi igual de intimidante que el de la violencia política o la descomposición social. Ambos supondrían un retroceso que se deberá endosar a los partidos políticos y a sus líderes, por privilegiar sus intereses de grupo por encima de la problemática política que no solamente no supieron resolver, sino que colaboraron a crear.

Si bien las elecciones locales de 2017 anticipan la problemática que registrará la elección concurrente del año próximo, es cierto que también suponen la oportunidad de prevenir errores y excesos políticos previsibles desde ahora. Las elecciones locales en Veracruz, Estado de México, Coahuila y Nayarit, permitirán un aprendizaje que  en mucho colaborará a ver los  procesos electorales  no como mero instrumento para retener u obtener el poder por parte de una u otra fracción de la clase política, sino como el mejor mecanismo para que la ciudadanía tome en sus manos la definición del futuro inmediato de la nación, y alcance a vislumbrar las alternativas de superación de los grandes problemas nacionales. Esa tarea no puede ser de un solo partido, pero mucho menos de un solo hombre.

[El autor es director del Centro de Estudios Electorales y de Opinión Pública]