“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.

Francisco de Quevedo 

Se supone que la justicia es ciega, pronta, expedita y libre de tendencias o colores partidistas. Se supone, porque en la práctica el discurso político y la necesidad de marcar una diferencia con anteriores administraciones, hace que la aplicación del derecho se amolde a los nuevos tiempos, -a los tiempos del presidente en turno-, aunque claro, quizá sea más percepción que realidad lo que estoy diciendo.

Cuando Vicente Fox asumió la Presidencia de la República anunció con bombo y platillo que iría tras varios “peces gordos”, políticos y líderes corruptos que tanto habían dañado al país. La realidad fue que cayeron algunos pocos “charales”, quedando en el ambiente la sensación de que en este país sigue habiendo intocables y que las grandes promesas de aplicar justicia, seguirían siendo eso, promesas.

La Presidencia de Felipe Calderón tuvo como principal objetivo perseguir, atrapar y condenar a los delincuentes más buscados en el país y en el extranjero, sobre todo aquellos dedicados al crimen organizado y al narcotráfico. Sin duda se dieron golpes espectaculares, lo que mereció el reconocimiento de la comunidad internacional, encabezada por los Estados Unidos.

Se modificaron leyes para tipificar determinadas conductas como delictivas con el fin de ajustar la ley a la realidad. Incluso, en varias de esas reformas estuvieron involucrados representantes de organizaciones sociales, regularmente víctimas o familiares de víctimas que alzaron la voz y fueron finalmente escuchados.

No obstante los avances logrados en la administración calderonista, muchos asuntos quedaron pendientes y hoy el nuevo gobierno de la República se ha dedicado a denostar la actuación de ciertos funcionarios en la PGR, el Ejército y otras áreas de impartición de justicia en el país.

Exhibir las ineficiencias de gobiernos y autoridades anteriores, casi siempre es redituable políticamente, aunque dejan muchas sospechas los nuevos actos de autoridad y de justicia que se han comenzado a ejecutar en el país, con la llegada del Presidente Peña Nieto. Si bien es cierto, no son atribuibles a su persona esas determinaciones, las dudas persisten, más aún tratándose de personajes como el hermano del ex Presidente Carlos Salinas.

Todo comenzó con la detención de la maestra Elba Esther Gordillo, que es sin duda un ajuste de cuentas más que un acto de justicia. Después siguió el escandaloso asunto de la liberación de Florence Cassez, en donde se impulso el criterio legal por encima de la aplicación de la justicia. Sin duda, debatible el tema pero lo cierto es que hoy esta señora sigue siendo noticia, ahora al contraer matrimonio con un joven franco mexicano.

Exoneraciones de ex jefes militares que hoy son tratados como héroes, acusaciones y juicios sumarios a ex gobernadores –a algunos, no a todos los posibles- como Granier en Tabasco o Reynoso en Aguascalientes, cuyos escándalos arreciaron durante los procesos electorales pasados, pero el colmo, la gota que derrama el vaso es conocer que Raúl Salinas de Gortari es declarado inocente por un juez del supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

Y no es que uno quiera ver en la cárcel a quienes se han enriquecido inexplicablemente, pues para ello hay que demostrarlo, pero al menos se podría tener un poco de pudor y cuidar las formas. Coincidencia o no, genera muchas sospechas que sea precisamente en el arranque del gobierno de Peña el que Raúl Salinas, hermano del jefe político del actual Presidente, sea declarado inocente y por tanto, se le devuelvan sus poquísimos bienes adquiridos a lo largo de su vida.

Una vez más, la realidad supera a la ficción y la confianza en las instituciones se debilita, fortaleciéndose por otra parte la idea de que en este país y en este momento, la justicia es selectiva y acomodaticia.