Las respectivas elecciones del pasado siete de julio se llevaron a cabo bajo condiciones estructurales y coyunturales que presentan particularidades dignas de tomar en cuenta, algunas por ser inéditas y otras debido a la necesidad de evitar su profundización, ya que de prevalecer podrían implicar graves afectaciones a los procesos electorales por venir. Se trata sobre todo de ciertos fenómenos de violencia, desconfianza, hartazgo y debilidad institucional que debieran considerarse como perniciosos no solamente para los procesos electorales, sino para la vida democrática en general del país. No debiéramos acostumbrarnos al hecho de que las elecciones sean el momento de la descalificación, el denuesto, los escándalos, el oportunismo y la violencia.

Las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito contra algunos ex funcionarios, por ejemplo,  tuvieron que esperar a que ellos mismos o personas allegadas a sus grupos políticos fueran candidatos; del mismo modo que las denuncias sobre uso faccioso de recursos y programas públicos no ocurrieron sino hasta que el proceso electoral estuvo en curso. Pareciera que los señalamientos e investigaciones sobre lujosas propiedades o cuantiosas fortunas por parte de algunos personajes de la política, sólo se realizan al calor de la contienda electoral, lo que sin duda otorga a las elecciones un halo de escándalo y sospecha.

Adicionalmente, en lo que quizá sea el más grave de los fenómenos observados durante los procesos electorales, ocurrieron diversos casos de violencia contra líderes, candidatos y simpatizantes; algunos candidatos y dirigentes partidistas fueron asesinados sin que hasta el momento tales crímenes se esclarezcan; en algunas localidades grupos de simpatizantes se enfrentaron violentamente; sedes de partidos políticos y oficinas de campaña, así como domicilios particulares de candidatos, sufrieron atentados violentos; diversos aspirantes fueron secuestrados o amedrentados en diferentes maneras, mientras que en algunas entidades ocurrieron también enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales, enrareciendo el clima social –adicionalmente-- con amenazas anónimas sobre violencia y advertencias de ataques el día de la jornada electoral.

Un fenómeno notable en las pasadas elecciones fueron los numerosos casos de transfuguismo que incidieron tanto en la definición de las candidaturas como en la integración de los equipos de campaña. En un hecho que indica la debilidad de las estructuras partidistas y de algunos de sus liderazgos, ocurrieron casos de imposición, condicionamiento y compra-venta de candidaturas, dando paso a denuncias e impugnaciones contra los procesos internos de selección de candidatos que --de inicio-- judicializaron las elecciones. Sobra decir que estas prácticas implican notables desajustes en los parámetros de institucionalidad y cohesión partidista, lo que tiene que ver con un fenómeno paralelo: en estos procesos locales se registraron veintidós candidatos independientes, catorce en Quintana Roo y ocho en Zacatecas, entidades donde existe tal figura; uno de ellos, Raúl de Luna, triunfó en Enrique Estrada, Zacatecas, convirtiéndose en el primer candidato independiente del país en ganar una elección. Dicho personaje ya fue alcalde de ese municipio (2007-2010) por el PAN, que esta ocasión le negó el registro.

Como dato adicional, es pertinente recordar que la Comisión Especial creada por el Senado para dar seguimiento a los procesos locales, concluye en su informe respectivo que "prevalece la compra y coacción del voto, la intromisión de autoridades en el proceso electoral, casos de participación obligada de funcionarios y sindicatos en la promoción del voto, además de institutos electorales débiles", lo que se suma a los resultados de un estudio realizado en el mes de mayo por Parametría que indica los elevados niveles de desconfianza que localmente imperan sobre la organización de los comicios.

Quizá por todo ello no debiera resultar extraño que las elecciones locales de la semana pasada estuvieran caracterizadas por un elevado abstencionismo, que en algunos casos rondó hasta el 60%, o que se registraran fenómenos de franco surrealismo electoral, tales como la aparición de mascotas (gatos, gallinas, perros, burros) que “postulados” como “candidatos” en diferentes localidades solicitaban a través de las redes sociales el voto en preferencia a los candidatos registrados por los partidos. Hubo nueve de tales mascotas en localidades como Xalapa, Puebla, Oaxaca, Ciudad Juárez, Orizaba, Minatitlán y Coatzacoalcos. Todo parece indicar que algunos ciudadanos efectivamente votaron por ellos.

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