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Investigan a gobernador de Chiapas, de Morena, por enriquecimiento ilícito

  • Redacción e-consulta
Proceso señala que Rutilio Escandón, con prestanombres, se hizo de 9 ranchos que valen 500 mdp
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Autoridades federales investigan por presunto enriquecimiento ilícito a Rutilio Escandón Cadenas, actual gobernador de Chiapas —entidad que enfrenta una crisis de seguridad— y político de Morena que dejará la titularidad de Ejecutivo el próximo 7 de diciembre.

La acusación implica la presunta propiedad de nueve inmuebles en Campeche, Chiapas y Tabasco, con un valor de 500 millones de pesos que habrían sido adquiridos por medio de prestanombres relacionados con personal cercano a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los presuntos prestanombres serían Ernesto Carballo Zurita y Fátima Gutiérrez, su esposa, quienes fueron operadores financieros de Rosalinda López Hernández, cónyuge del aún gobernador de Chiapas y hermana de Adán Augusto López Hernández, actual Senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta.

Ella murió el pasado 5 de junio, tres días después de resultar electa Senadora por Tabasco. En vida se desempeñó como Administradora General de Auditoría en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante parte de la administración del expresidente AMLO.

La investigación sobre enriquecimiento ilícito que publicó la revista Proceso en su número de noviembre menciona que el actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, posee, a través de terceros, nueve ranchos en tres estados: cinco en Chiapas —cuatro en Juárez y uno en Pichucalco—, tres en Tabasco —en Cárdenas, Centro y Jonuta— y uno en Palizada, Campeche.

En el texto de Proceso se mencionó una investigación llevada a cabo por LatinUs, que el 8 de agosto de 2023 informó sobre un contrato de adjudicación directa por 478 millones de pesos del gobierno de Chiapas a la familia de Carballo Zurita, siendo Fátima Gutiérrez la principal beneficiaria.

Dicha investigación, referida por Proceso, señaló que entre 2020 y 2023 la empresa Production Suministro Jees recibió 79 adjudicaciones por 323 millones de pesos. Los contratos se otorgaron a empresas ubicadas en domicilios abandonados de Tuxtla Gutiérrez, lo que sugiere un esquema de empresas fantasma. (JRLM)

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