La Cámara de Diputados aprobó desaforar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara y con ello proceder penalmente en su contra, por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y por asumir el cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza.

El desafuero fue aprobado con 230 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM); mientras que hubo 22 votos en contra por parte de Movimiento Ciudadano (MC), y 170 abstenciones del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De esta manera, la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro ordenó notificar la resolución al Congreso de Morelos, para que ponga disposición del Ministerio Público a Uriel Carmona y con ello ejerza las acciones penales correspondientes en el tiempo que lo determine.

¿Por qué desaforaron al fiscal?

El proceso de desafuero del fiscal de Morelos se remonta al año 2020, cuando en ese entonces la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el retiro de la inmunidad constitucional para proceder en su contra por presuntamente asumir su cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza; no obstante, en 2021 la Cámara Baja determinó que Carmona Gándara no contaba con fuero y por ello se podía ejercer acciones penales en su contra.

Sin embargo, el Congreso morelense presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que argumentó que el fiscal gozaba de fuero constitucional, y los ministros revolvieron a su favor.

Por lo anterior, la Suprema Corte ordenó a San Lázaro retomar el proceso de desafuero, el cual inició el pasado mes de octubre.

Durante el periodo de alegatos de Juicio de Procedencia de este día, el agente del Ministerio Público federal, Juan Gabriel Hernández Morales, en compañía del fiscal de la Unidad Especializada en Investigaciones, Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FGR, Emiliano Villa Caballero, señaló que en 2018, cuando tomó protesta como fiscal, Uriel Carmona no tenía vigentes los exámenes de control de confianza.

En este sentido, se detalló que el funcionario morelense asumió el cargo, el 15 de febrero de 2018, este no contaba con la certificación para desempeñar su encomienda; e incluso nombró a varios funcionarios en la Fiscalía General de Morelos que tampoco tenían los exámenes de control de confianza.

“Estos hechos, señores y señoras diputadas, son constitutivos del delito de ejercicio ilícito del servicio público, previsto y sancionado en el Código Penal Federal”, comentó Hernández Morales ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Defensa de Uriel Carmona reconoce que no tenía los exámenes

Al turno de la palabra, Regino García, abogado de Uriel Carmona, acusó que desde 2014 se ha buscado la renuncia o destitución de 17 fiscales en diversos estados del país, tras cambios de gobierno transexenales; por lo que en este sentido, su cliente es víctima de lo mismo, por no coincidir con el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“En 2018 hubo cambio de poderes en el Estado de Morelos, desde el inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco se le pidió a la Fiscalía proceder en contra de la administración anterior, sin más pruebas que el simple ánimo de revancha o el cumplimiento de encomiendas indecibles”, apuntó.

Al igual, reconoció que es verdad que el fiscal no cuenta con los exámenes de control de confianza, pero señaló que eso no es delito, puesto que la ley no se lo exige, en tanto que es un asunto que prescribió.

“Estamos, diputadas y diputados, ante una revancha política disfrazada de proceso parlamentario de declaración de procedencia. Van a votar sobre hechos ya prescritos. El fiscal del estado de Morelos es inocente, no ha cometido ningún delito”, dijo.

En su réplica, Hernández Morales aseguró que los servidores públicos si están obligados a cumplir con los exámenes de control de confianza a la hora de asumir funciones, ya que de lo contrario, la ciudadanía no podría confiar en ellos.

Y agregó que el artículo 105 del Código Penal establece que la prescripción tiene un periodo de tres años, pero cuando comenzó el proceso, en 2020, había pasado un año de la denuncia.

Por lo anterior, la defensa legal de Uriel Carmona advirtió que el presunto delito fue cambiado por la parte demandante, y primero solicitó que se castigará que, al momento de asumir funciones, no tenía los exámenes de control de confianza, pero destacó que actualmente no están vigentes, razón por la cual modificó acusación.

“No estamos aquí para defender ideologías ni posiciones partidistas, sino principalmente una Estado de Derecho que cada día sigue siendo presionado por intereses externos a la Constitución. Rogamos su racionalidad y reflexión en el voto correspondiente”, señaló.