El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) denunció que la investigación de la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa fue una simulación realizada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que manipuló pruebas del caso.

Los expertos, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentaron su tercer informe, el cual se basa en documentos, así como 50 videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante seis años.

En ellos se observa al exprocurador Jesús Murillo Karam y elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) realizar acciones en el basurero de Cocula, lugar donde presuntamente habían sido incinerados los estudiantes y donde dos semanas antes aseguraron que no había nada.

El grupo concluyó que en el video grabado por un dron de la Semar el 27 de octubre de 2014, un grupo de alrededor de 12 elementos de la Marina estuvo operando en el basurero horas antes de que el lugar fuera acordonado y dichas actividades no fueron registradas en el expediente.

El informe detalla que los marinos manipularon bultos que sacaron de dos camionetas; en la parte alta del basurero había otros tres bultos, mientras que otros elementos descienden al fondo del basurero y encienden una hoguera, en tanto que los bultos bajados de las camionetas navales desaparecieron. El contenido de los bultos es desconocido.

Horas más tarde Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), encabezaron una conferencia de prensa para anunciar la detención de cuatro integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, supuestos partícipes de la desaparición de los estudiantes.

Sin embargo, los expertos advirtieron que, en ese momento, los detenidos no habían sido puestos a disposición de la PGR ni tampoco habían declarado, por lo que informaron sobre hechos que en el expediente aún no había ocurrido.

Asimismo, presentaron nuevas evidencias sobre vacíos de información en momentos clave, confirmando que se crearon documentos falsos para “legalizar” irregularidades, como la llamada anónima que llevó a la detención de los supuestos agresores nunca ocurrió.

De igual forma corroboraron la existencia de tortura como práctica sistemática en el interrogatorio de 50 detenidos realizados no sólo en instalaciones de la PGR sino también de la Marina que llevó a la justicia mexicana a anular muchas pruebas.

Por lo que acusaron que la llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue una gran operación dirigida por una “autoridad superior”, que no detallaron, en la que participaron la policía de Guerrero, federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la PGR.

Investigación fue una simulación

Ángela Buitrago, integrante del GIEI, acusó que la investigación realizada por la PGR fue una total simulación, pues todas las autoridades federales sostuvieron una versión distorsionada, que daba por cerrado el caso e impedía que los estudiantes fueran buscados y encontrados.

El grupo de expertos, conformado por el chileno Francisco Cox, la colombiana Ángela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz y el español Carlos Beristain, que lleva investigando el caso desde 2015, señaló que si bien hay una mayor colaboración por parte de las autoridades aún hay bloqueos por parte de funcionarios públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, Guerrero, capturaron a un grupo de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.

Según la versión del gobierno, los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los cuerpos en un basurero de Cocula y tiró los restos a un río cercano.

Sin embargo, los dos primeros informes del grupo de expertos y la actual fiscalía señalaron que la versión no era real y que hubo un montaje en el hallazgo en el río en 2014 del hueso de uno de los jóvenes.