El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario (PES), y Redes Sociales Progresistas (RSP) desaparezcan definitivamente por no alcanzar el mínimo necesario en las votaciones pasadas.

Señalaron que los partidos no presentaron pruebas que comprobaran que la ciudadanía no les dio su voto debido a la pandemia o la violencia en su contra, sino que su oferta política no le resultó atractiva a la ciudadanía.

Pese a la resistencia del magistrado Indalfer Infante Gonzáles, el resto de magistrados coincidieron en que no existen elementos suficientes para invalidar una norma constitucional e ignorar la voluntad popular que decidió a qué partido darle su voto en las urnas.

Felipe Fuentes, José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe de la Mata Pizaña respaldaron la desaparición de RSP, PES y Fuerza por México, coincidiendo en que la ley es exacta, por lo que no se pueden aplicar interpretaciones que los lleven a exceder sus facultades.

Concluyeron que buscar otra interpretación “es un falso dilema”, pues no lograron la votación necesaria para permanecer en el sistema de partidos políticos más allá del contexto de pandemia o de violencia.

Con seis votos a favor y uno en contra, la Sala Superior confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) con el cual decretó la extinción de Fuerza por México, PES, RSP tras solo obtener 1.8 por ciento de votación.

Infante Gonzáles defendió su proyecto con el que proponía devolver el registro de partido político nacional a Fuerza por México, argumentando que la pandemia de covid-19 los afectó en la votación.

Consideró que, aunque la ley indica que únicamente las fuerzas políticas que mantengan el tres por ciento de la votación válida seguirían en el sistema de partidos, es una norma para cuestiones ordinarias, insistió en que la pandemia implicó que los partidos de reciente creación se vieran en un escenario imposible para competir con equidad.

Asimismo, agregó que Fuerza por México logró el 2.5 por ciento, es decir, cumplió con lo que se solicitaba a los partidos políticos previo a la reforma de 2014, demostrando que tienen capacidad de representatividad en el país.