El activista y defensor del río Metlapanapa, Miguel López Vega, fue puesto en libertad la noche de este miércoles aunque seguirá su proceso penal por ataques a las vías de comunicación, por lo que él mismo se calificó como un preso político y culpó al gobierno y a los empresarios de su detención.

Miguel López abandonó el Centro de Justicia Penal de San Andrés Cholula a las 21:30 horas y aunque se esperaba que fuera absuelto de todos los delitos imputados durante una primera audiencia en su contra, no fue así, pues sólo se desestimaron los cargos por ataques a los medios de transporte y oposición a que se ejecute una obra.

En tanto que el delito de ataques a las vías de comunicación prevaleció y la juez de control Miriam Huerta otorgó un plazo de dos meses para el cierre de investigación, además sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva por la de firma periódica de Miguel los jueves de cada 15 días para renovar su libertad bajo caución.

Cabe señalar que el agente de Ministerio Público también propuso como medida cautelar la restricción para que Miguel pudiera salir del estado, sin embargo esta fue descartada por la juez y sólo se mantuvo el requisito de acudir a firmar periódicamente cada 15 días.

Sí fui un preso político, dice Miguel

En sus primeras declaraciones tras cuatro días privado de su libertad, Miguel explicó que desde su punto de vista sí fue un preso político, pero aseguró que no va a permitir que esta situación lo intimide y abandoné su lucha, por lo que aseguró que se mantendrá en la defensa del río Metlapanapa pugnando por la cancelación del proyecto de drenaje de Ciudad Textil.

"Claro que sí (fui un preso político), no podemos dejar que nos intimiden, que nos metan miedo, ya vimos que organizados podemos salir adelante como pueblos. Las personas que están asesinando nuestros ríos, que están cortando los árboles, ellos son los que deberían de estar en estos lugares", dijo Miguel a las afueras de Casa de Justicia.

Por su parte su abogado y también preso político durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, Juan Carlos Solís, detalló en entrevista que el gobierno del estado sí fue responsable de la criminalización contra Miguel a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), además de los empresarios con intereses en Ciudad Textil.

"Queremos destacar quienes fueron los que participaron en todo este proceso contra la criminalización de Miguel, que fue el gobierno del estado a través de CEAS Puebla, porque ellos fueron los que fabricaron las declaraciones para involucrar a Miguel en unos hechos que él no cometió e inventar que él arrojó una bomba molotov que no hay indicios de que existió", señaló.

Miguel fue liberado por la presión social

Sobre la protesta que se tenía programada mañana jueves en carreteras federales por la situación legal de Miguel, aún no se decide si se llevará a cabo o si la comunidad la pospondrá tras la liberación de la activista, situación que se resolverá durante la noche entre los pobladores de Juan C. Bonilla.

Asimismo Juan Carlos Solís aseguró que si bien existían claras muestras de fabricación de delitos y que no había evidencia suficiente para inculpar a Miguel, su liberación no obedece a voluntad política sino a la presión social que generó su detención, esto en relación a la postura del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

"Su liberación sí fue debido a la presión social que existe y conforme a derecho. También nosotros teníamos planeado que el día de mañana en audiencia vinieran diversos observadores de derechos humanos y organizaciones sociales para dar un mensaje al poder judicial y el poder ejecutivo, que no queremos más presos políticos", sostuvo el abogado.