Con el PAN en contra y la abstención de PRI, PVEM y CPP, el Congreso del estado aprobó por mayoría revisar la totalidad de las obras de infraestructura construidas por los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

La Comisión Permanente instruyó este miércoles a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a que informe del universo de obras ejecutadas desde el 2011 al 2018, a petición de la Comisión Inspectora.

El panista Oswaldo Jiménez López (sobrino de Gali Fayad), condenó la revisión de las obras, acusó persecución política y votó en contra.

Otro ex aliado de los exgobernadores, Uruviel González Vieyra, de Compromiso por Puebla (CPP), se abstuvo, igual que la diputada Josefina García Hernández, única representante del PRI en la Comisión Permanente.

Por su parte, Juan Pablo Kuri Carballo (del PVEM), dio la espalda a los partidos con los que formó la coalición Juntos Haremos Historia y se abstuvo para no apoyar ni ir en contra del acuerdo.

Aunque al votar en abstención los legisladores tenían la oportunidad de explicar el motivo de su decisión, ninguno quiso hacerlo.

Ven anomalías en “mega obras”

El dictamen aprobado este día con votación dividida, había sido aprobado previamente por unanimidad en la Comisión Inspectora el pasado jueves 25 de julio.

Ese día Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta de la Inspectora, argumentó que la revisión de las obras tenía como objetivo conocer su costo real, los términos en los que se firmaron los contratos y las posibles anomalías que tuvieron y la ASE dejó pasar.

La diputada de Morena denunció que el extitular del órgano de fiscalización, David Villanueva Lomelí (vinculado a Moreno Valle) aprobó las cuentas públicas de los exmandatarios sin auditar más del 40 por ciento de obras.

Los Centros de Salud de Servicios Ampliados (CESSAs), la Estrella de Puebla, el Museo Internacional del Barroco (MIB), los hospitales y hasta las obras que contaron con recursos federales, como el segundo piso de la autopista México-Puebla son algunas de las “mega obras” que —adelantó— serán revisadas debido a que se sospecha que guardan un cúmulo de anomalías.

PAN acusa persecución

Antes de votarse el dictamen, Jiménez López pidió la palabra para condenar el punto de acuerdo, al señalar que se trata de una persecución política por parte de Morena y PT, que utilizan la Comisión Inspectora con fines políticos como acusaron que se hacía en otras legislaturas.

“Hace unos días hablábamos de la enorme tentación que tenía la mayoría de esta Legislatura para caer en las prácticas que ellos señalaban que se hacían en el pasado, que se usaba la Comisión Inspectora como garrote político”, denunció.

El también ex regidor del ayuntamiento de Puebla calificó la medida como una “ocurrencia”, pues dijo que no hay fundamentos para revisar las obras públicas ni se cumplió con el debido proceso para dejar pasar el dictamen.

“Esto emana de una ocurrencia, basta con que su líder haga una declaración para que se activen los mecanismos del Congreso para iniciar un procedimiento que parecería más una cacería de brujas (...) para solicitar todos los expedientes de obras no basta una declaración del líder de Morena, en todo caso, debe haber una denuncia formal o una petición fundada y motivada”, puntualizó.

Cúmulo de anomalías

Aunque la ASE aprobó en su momento sin ninguna observación las cuentas públicas de cada año de Moreno Valle y Gali Fayad, las obras arrastran diversas anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como sobrecostos, pagos indebidos o por ser de mala calidad.

Entre ellos destaca la remodelación del Estadio Cuauhtémoc (que costó 688 millones de pesos) en la que se descubrió un posible daño patrimonial por 10 millones 792 mil 899 pesos, por obras pagadas y no ejecutadas, así como por el pago de material a sobreprecio.

Otro sobrecosto se encontró en la compra de dos vagones para el Tren Turístico Puebla-Cholula, por los que se pagaron 42 millones 61 mil 406 pesos a pesar de que se cotizaron en poco más de 30 millones.

En la remodelación del Auditorio Siglo XXI, que pasó a ser Auditorio Metropolitano, se detectó un posible daño patrimonial de 22 millones 300 mil pesos por obras que se pagaron y no se hicieron, además de que se pagaron 9 millones 600 mil pesos por trabajos no estipulados en el contrato inicial.

La ASF exhibió también que el costo de construcción y equipamiento del Museo Internacional del Barroco (MIB) se disparó de 760 a mil 774 millones de pesos, mientras que el pago por la operación y mantenimiento del edificio pasó de 87 millones 200 mil, a 269 millones de pesos anuales.

Foto Agencia Enfoque