Las obras de los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad que los diputados locales buscan auditar, arrastran diversas anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por sobre costos, pagos indebidos o por ser de mala calidad.

En una revisión de los informes de fiscalización de las cuentas públicas de 2011 a 2018 —solamente al rubro de infraestructura— destaca que la del 2014 fue la que registró más irregularidades.

En la remodelación del Estadio Cuauhtémoc (que costó 688 millones de pesos) se descubrió un posible daño patrimonial por 10 millones 792 mil 899 pesos, por obras pagadas y no ejecutadas, así como por el pago de material a sobreprecio.

A esto se suma que la administración de Moreno Valle no pudo comprobar el uso de 101 millones 30 mil pesos, por lo que la ASF exigió aclarar su destino.

El organismo destapó duplicidad de pagos y sobrecostos en el concreto premezclado y en la instalación de acero estructural.

Por la construcción del distribuidor vial del anillo periférico se revelaron pagos indebidos por 1 millón 911 mil 182, en tanto que se exigió devolver a la Tesorería de la Federación 217 millones 600 mil pesos no comprobados en la remodelación del Periférico Ecológico.

Sobrecostos en Tren Turístico y Auditorio Metropolitano

Otro sobrecosto se encontró en la compra de dos vagones para el Tren Turístico Puebla-Cholula, por los que se pagaron 42 millones 61 mil 406 pesos a pesar de que se cotizaron en poco más de 30 millones.

En la remodelación del Auditorio Siglo XXI, que pasó a ser Auditorio Metropolitano, se detectó un posible daño patrimonial de 22 millones 300 mil pesos por obras que se pagaron y no se hicieron, además de que se pagaron 9 millones 600 mil pesos por trabajos no estipulados en el contrato inicial.

Lo que no se realizó —pero se pagó— comprendía acabados pétreos en pisos, baños y muros, instalaciones especiales y sistema de aire acondicionado.

Sobrecosto en MIB y el 2º piso

Para 2015 la ASF evidenció que el costo de construcción y equipamiento del Museo Internacional del Barroco (MIB) se disparó de 760 a mil 774 millones de pesos, mientras que el pago por la operación y mantenimiento del edificio pasó de 87 millones 200 mil, a 269 millones de pesos anuales.

Sin que lo estableciera el contrato, se entregó de forma anticipada 307 millones 962 mil pesos a las constructoras La Peninsular Compañía Constructora, Operadora y Administradora Técnica, Promotora de Cultura Yaxche y Concretos Obras del Pacífico.

Como consecuencia de eso la auditoría federal pidió a la Contraloría del estado abrir un proceso administrativo sancionatorio contra los funcionarios responsables de estas anomalías, pero a la fecha se desconoce si hubo sanciones.

Por la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, se pidió aclarar el destino de mil 356 millones 447 mil 50 pesos, que forman parte de los 3 mil 82 millones que a la fecha no se han solventado solo de las observaciones hechas a la cuenta pública 2015.

En la fiscalización del 2016 se encontraron inconsistencias en la ejecución de un millón 123 mil 300 pesos para la remodelación del Hospital del Niño Poblano (HNP) y la primera etapa del Hospital de Traumatología y Ortopedia, mientras que en la modernización del Periférico Ecológico se exigió aclarar el rumbo de 6 millones 759 mil 600 pesos.

Más irregularidades en 2º piso y RUTA

En 2017, tras concluirse e inaugurarse el segundo piso de la autopista, se descubrió que la obra careció del proyecto ejecutivo indispensable para empezarla, además de la ASF criticó el elevado costo de peaje, entonces 339.3 por ciento más alto que el tramo original de la autopista México-Puebla.

El costo final de 10 mil 500 millones de pesos por los 15.3 kilómetros de la obra duplicó los 4 mil 300 millones que pactaron en el principio las constructoras y el gobierno estatal.

En la Línea 2 del RUTA se detectó un sobrecosto de hasta un 75 por ciento, además de atrasos y deficiente planeación.

En un principio la segunda línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) era de 350 millones 800 mil pesos, pero al final el total fue de 612 millones 700 mil, lo que representa un sobrecosto de 261.9 millones, es decir 74.7 por ciento más.

Proyectada para terminarse en un año, la concluyó 155 días después –más de cinco meses, lo que representó un 42.5 por ciento más del tiempo planeado.

Ya en el gobierno de Gali Fayad la ASF le exigió aclarar el ejercicio de 106 millones 77 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (Fafef), que destinó para la construcción de la línea 3 de la RUTA y se desconoce su paradero.

Observan fondos federales

En el 2012, el segundo año de gobierno de Moreno Valle, el exmandatario recibió observaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Fonadin), con los cuales se inició la línea 1 de la RUTA.

Se señalaron irregularidades por 21 millones 831 mil 500 pesos porque no se dispuso con oportunidad del derecho de vía, no se formalizaron los convenios modificatorios, por obra pagada no ejecutada, diferencias de volúmenes y duplicidad de pagos.

En ese año la ASF solicitó información a la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (Fise) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), pero no los remitió.

En el 2013 se observó un subejercicio del 47.1 por ciento del programa Escuelas al Cien, por lo cual se exigió el reintegro de 57 millones 510 mil pesos.

En el primer año de gobierno de Moreno Valle —entró en funciones el 1 de febrero de 2011— se le encontraron anomalías por 122 millones 363 mil 569 pesos en el ejercicio del subsidio Federal del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Falta de comprobables, duplicidad de pagos, sobre costos y obras incompletas fueron las irregularidades señaladas.

Por todo esto en el Congreso del estado se busca auditar de nuevo todas las obras de Moreno Valle y Gali Fayad, desde el 2011 al 2018, pues se denuncia que la ASE omitió auditar varias de ellas.

Foto: Especial