Cuando se pretende profundizar en un tema complejo y controvertido, es aconsejable recurrir a establecer los hechos relevantes de la época y los segmentos que caracterizan el ejercicio del poder.

Durante los treinta años de la etapa conocida como el segmento de gobiernos neoliberales se presentaron procesos de surgimiento y fortalecimiento de actividades ilícitas, como la producción, comercialización y consumo de drogas de diverso tipo. De manera significativa se dio el proceso a partir de 1980, justo en el comienzo del segmento del poder neoliberal se inicia intensamente durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, asunto que se entronizaría con los presidentes conservadores, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En ese periodo se lanzó un programa de desreglamentación asociada a una ola privatizadora; buena parte de las empresas estatales y para estatales fueron vendidas a la iniciativa privada y en lo que corresponde al control de las actividades ilícitas vinculadas con la droga se perfiló allí una especie de privatización del mercado negro. Por la vía de una suerte de desregulación se canceló el control oficial de esa actividad y por esa vía se fomentó el fortalecimiento de entidades criminales de carácter privado, tal situación permitió el surgimiento y fortalecimiento de los cárteles, la actividad de producción y comercialización de las drogas,  actividad sumamente rentable; de hecho se pasó del control de la prohibición regulada por el Estado a una situación de control con diversas modalidades que fue una especie de desregulación de dicha actividad ilícita y prohibida; también se privatizó y es así como se abrió la posibilidad del surgimiento vertiginoso de organizaciones mafiosas precursoras de lo que más adelante serían los poderosos  cárteles de la droga: en una primera etapa surge la producción de la mariguana, de la amapola y otras drogas, lo básico allí es la siembra de las plantas con las que se producen esa drogas.  En esa etapa los líderes fueron: Rafael Caro Quintero, El Güero Palma, El Azul.  

De acuerdo a la investigación Narcoviolencia en México: Elecciones, geografía y cárteles de Guillermo Gómez García se muestra que “la historia moderna del narcotráfico mexicano puede trazarse a la década de 1980. Dos organizaciones, dos liderazgos y un hecho concreto marcaron gran parte de las condiciones actuales del tráfico de drogas en México. En las siguientes líneas considero los siguientes elementos: la Organización de Sinaloa bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix; y la Organización del Golfo bajo el liderazgo de Juan Nepomuceno Guerra.

“Del lado del Pacífico, el narcotráfico en México estaba dominado por la Organización de Sinaloa, también conocida como el Cártel de Guadalajara porque sus principales líderes vivían en la capital jalisciense. La organización contaba con grandes zonas de cultivo de mariguana y amapola en varios estados del país que iban desde Oaxaca hasta Sonora, incluyendo Guerrero, Michoacán, Durango y Chihuahua. Controlaban los principales cruces fronterizos como Tijuana, Tecate y Mexicali, en Baja California, y San Luis Río colorado y Nogales, en Sonora. La estructura directiva y operativa de la organización se conformaba por varias familias principalmente originarias de Sinaloa.

Dentro de la estructura estaban: los Caro Quintero, los Zambada, los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, los Guzmán Loera y los Arellano Félix. Además, el cártel contaba con líderes individuales como Héctor Palma Salazar y Juan José Esparragoza. Funcionalmente, no operaban como una gran empresa sino como un conglomerado de pequeñas empresas familiares. Aunque cada una controlaba sus zonas de influencia, áreas productivas, redes de transporte y cruce hacia Estados Unidos, todas las familias actuaban bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo. Como los estudiosos del tema destacan, los vínculos familiares fueron piezas claves para garantizar la confianza en las transacciones económicas en un mercado ilegal como el narcotráfico al reducir sustancialmente los riesgos de traiciones y deslealtades.

El liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo es crucial para entender gran parte de la configuración actual de los cárteles mexicanos de la droga. Descrito como un hombre de negocios, Félix Gallardo consolidó al Cártel de Guadalajara, considerado el embrión de varios de los cárteles que actualmente operan en México. Su liderazgo y habilidades comerciales le permitieron ascender rápidamente en la industria del narcotráfico hasta posicionarse como el máximo líder. Tanto él como sus operarios establecieron nexos con la extinta Dirección Federal de Seguridad y cuerpos locales de seguridad que fungían, literalmente, como sus guardaespaldas. A pesar de que el cártel estaba constituido por varias familias, todas rendían cuentas a Félix Gallardo, las divisiones operativas y administrativas, así como la jerarquía y estructura de la organización estaban bien definidas (Ortiz Pinchetti 1989).

El liderazgo de Juan Nepomuceno Guerra también es fundamental para entender la estructura actual del narcotráfico en México. Desde la década de 1940, Nepomuceno Guerra controló casi todo el contrabando proveniente de Estados Unidos. Durante varias décadas forjó una red de complicidades que involucraba a políticos y autoridades que, sin embargo, no lo explotó para el tráfico de drogas. El liderazgo de la Organización del Golfo no fue ejercido por familias, en realidad era un grupo de individuos que buscaba beneficiarse del contrabando de mercancías. Tiempo después, la ausencia de vínculos familiares condenaría a la organización a liderazgos frágiles y efímeros.

Algunas autoridades —sobre todo de los cuerpos de seguridad cuyas complicidades con el narcotráfico habían sido exhibidas— aprovecharon la fragmentación de la Organización de Sinaloa y no permitieron que Tamaulipas entrara dentro del reparto al observar una ventana de oportunidad para participar como socios en el proyecto de un nuevo cártel.

De la fragmentación inicial y posterior ruptura de la Organización de Sinaloa surgieron tres de los principales cárteles que operan en México: Tijuana, Juárez y Sinaloa. Tiempo después, de este último se desprendió el Cártel de los Beltrán Leyva. Los cuatro heredaron una vocación exportadora y una estructura organizacional burocrática definida por lazos familiares. De la Organización del Golfo emergió otro de los principales cárteles de México: el del Golfo. De éste surgió otro cártel importante: Los Zetas, del que, tras una ruptura, se desprendió La Familia Michoacana. Aunque los tres heredaron la vocación de comercio internacional de la Organización del Golfo, sólo el primero la mantuvo a lo largo del tiempo; Los Zetas y La Familia Michoacana prefirieron enfocarse en el mercado interno. Los tres cárteles también heredaron y aún mantienen un diseño organizacional basado en redes de individuos sin vínculos familiares.

La intervención por parte del aparato de seguridad del estado mexicano surgió parcialmente en respuesta a una crisis del poder municipal, particularmente de las policías municipales. La evidencia que ofrece para sustentar su argumento se basa en estadística descriptiva que compara y contrasta la evolución de la tasa y el número de homicidios en los distintos estados y municipios mexicanos que fueron objetivos de operaciones conjuntas de seguridad. Revela que, en comparación con el resto del país, el aumento en el número de homicidios en estados con operativos conjuntos fue considerablemente mayor. Aunque sugiere que los factores coyunturales como las estructuras económicas, sociales y demográficas de cada estado también influyen en el resultado, el factor que explica más detalladamente la violencia es la guerra contra el narcotráfico y el despliegue de las fuerzas federales de seguridad por parte del gobierno mexicano.

Ya para el 2012 se sostiene que la violencia relacionada con el tráfico de drogas puede entenderse como el resultado de dos factores: los homicidios causados por las luchas entre traficantes que intentan controlar un mercado competitivo; y las muertes y detenciones producidas por el combate al crimen organizado por parte del gobierno. La evidencia que se ofrece para sustentar el argumento se basa en estudios de caso de los estados mexicanos de Michoacán, Guanajuato y Guerrero. Con base en un análisis de correlaciones, se encuentra que hay una relación positiva y significativa entre las operaciones represoras y las confrontaciones entre organizaciones criminales para los tres estados.

Tenemos que el huachicol surge concurrencialmente con el neoliberalismo y con el segmento del poder en el país, en el que los panistas, priistas y perredistas contaron con el poder en México.

Samuel León Sáez en su artículo Huachicol: el nuevo mercado criminal en México publicado en Nexos destaca que “diferentes fuentes mencionan que el trasiego de derivados del petróleo en México se observó por primera vez a fines de la década de 1990. El tráfico marítimo de combustibles fue detectado por primera vez por auditores durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). En ese entonces, estos auditores advirtieron sobre la falta de monitoreo en las terminales marítimas de Pemex, donde se transportaban grandes volúmenes de hidrocarburos. Las primeras fuentes oficiales que mencionaron el robo de combustibles en México como una preocupación se remontan a 1997, hasta entonces el robo de combustibles a pequeña escala era la característica dominante de esta empresa ilícita.”

“Entre 1996 y 2001, la cantidad de tomas clandestinas encontradas en ductos por Pemex apuntaba a una tendencia a la baja; sin embargo, a pesar de esa tendencia Pemex en ese momento expresó que priorizaba atender el robo de combustibles, la adulteración de fórmulas y las importaciones ilegales. En 2004, la paraestatal hizo público que entre 1998 y 2002 sufrió pérdidas de 16 000 millones de pesos (1.6 miles de millones de dólares) relacionadas con robo, adulteración y contrabando de combustibles. En ese entonces se señalaba que en la refinería de Tula de Hidalgo se abrieron siete investigaciones por inconsistencias entre los camiones cisterna que salían de esa instalación y sus cargamentos reportados. El mismo método de robo de combustibles se detectó en la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Zapopan, Jalisco. Los conductores de camiones cisterna declararon que sus colegas estaban siendo atacados por delincuentes en las carreteras de México, con el objetivo de quitarles sus unidades para robar turbosina, gasolina y diésel.

“En 2004, el gobierno federal lanzó el programa “Combate al Mercado Ilícito de Combustibles” (CMIC). Memoranda de una reunión de la CMIC de 2007 mencionan que, históricamente, el consumo nacional de combustibles tuvo un comportamiento correspondiente al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta situación cambió: en 1997 las ventas nacionales de combustibles disminuyeron en comparación con el crecimiento del PIB. Esta reducción se atribuyó a un “creciente mercado ilícito de combustibles” que representó pérdidas entre 4500 y 6000 millones de dólares entre 1998 y 2002 (una pérdida de 52 000 barriles diarios).

“En 2005, fuentes periodísticas citaron informes de seguridad que advertían sobre ocho redes de tráfico de combustibles que operaban en las regiones oeste, norte y centro de México. Durante estos años, el Mercado Negro de Combustibles Mexicano (MNCM) atravesó un período de crecimiento: en 2006 Pemex estimó que las pérdidas por robo de combustible ascendieron a 4390 millones de pesos (405.8 millones de dólares); para 2007 aumentó a 4750 millones de pesos (435 millones de dólares) y en 2008 alcanzó los 5800 millones de pesos (422 millones de dólares).

“El robo en ductos se mantuvo constante durante la administración de Fox (2000–2006): en 1999 se detectaron 189 tomas clandestinas, 152 en 2000, 131 en 2001, 155 en 2002, 152 en 2003, 110 en 2004 y 136 en 2005. La presidencia de Felipe Calderón marca el comienzo del crecimiento del robo de combustibles en ductos: en 2006, se descubrieron 220 tomas clandestinas; en 2007, el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, 323. Para 2008, se encontraron 396, en 2009, 439 y en 2010, 631, Entre 2007 y 2008 se produjo el mayor incremento en la cantidad de tomas clandestinas detectados en la historia de Pemex, con un crecimiento de 22.6 %. Para 2011, los puntos de extracción descubiertos se duplicaron con creces a 1324.  Estos números indican que, bajo Calderón, las redes criminales se diversificaron hacia un MNCM que estaba expandiéndose.

“Otro detalle que descubrieron las autoridades fue la participación de agentes aduaneros que certificaban los hidrocarburos en México como desechos orgánicos para la exportación. Una vez en suelo estadunidense, los camiones cisterna clasificaban su cargamento como combustible. En agosto de 2008, una operación sospechosa de condensado que involucró a las empresas Continental Fuels, Petro Source, Transmontaigne y una empresa de transporte vinculada a Rivera Rodríguez, llamó la atención de los agentes de seguridad estadunidenses. En septiembre de 2008, Rivera Rodríguez fue detenido por cargos de robo de combustibles para exportar a Estados Unidos y lavado de dinero con recursos ligados al narcotráfico.

“Una vez en custodia, Luis Rivera Rodríguez confesó haber participado en una gran operación de tráfico de combustibles que se desarrollaba en la Cuenca de Burgos desde 1998 (corroborando la información del programa CMIC de 2007). Reveló que empresarios, operativos financieros y políticos estaban involucrados en una red criminal con el Cártel del Golfo y Los Zetas, especializada en contrabando de combustibles. Todos los líderes de ambos grupos recibían ingresos del tráfico de combustibles hacia los EE. UU. Rivera Rodríguez pagaba 80 000 dólares por un periodo mensual para cruzar cuatro camiones cisterna diariamente y cada camión generaba ganancias de 15 000 dólares (1.8 millones de dólares al mes). Además, las operaciones de tráfico de condensados también incluían nafta, disel y otros derivados”.

“La red criminal Cártel del Golfo / Zetas cooptó a Pemex desde mediados de la década del 2000. Enfrentamientos entre la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex y el Cártel del Golfo fueron reportados desde 2006. La GSSF documentó, por ejemplo, cómo quince sicarios del Cártel del Golfo amenazaron a su personal en Reynosa, Tamaulipas. “Durante el incidente, el armamento de la GSSF fue arrebatado por los delincuentes que les ofrecieron 1000 dólares en sobornos. Las empresas que operaban en la Cuenca de Burgos culpaban a sus conductores de los incidentes de robo de camiones cisterna. Sin embargo, después de ser capturados, recibieron asistencia legal de los mismos abogados que defendían a trabajadores de Pemex involucrados en el tráfico de combustibles. Con estos actores grises (estatales y no estatales) —vinculando el ámbito criminal con Pemex— el tráfico de combustibles se expandió. La extracción ilegal en pozos comenzó a complementarse con un creciente robo de camiones cisterna, dirigido en contra de Pemex y sus contratistas.

“Comandos armados comenzaron a operar por toda la Cuenca de Burgos. Sus redes de vigilancia (halcones) les notificaban cada vez que un camión cisterna estaba cerca para robarlo. Estos grupos tenían acceso al sistema de comunicación interna de Pemex, que requería equipos especializados y códigos de acceso. Algunos ejemplos muestran la ferocidad desplegada por estos grupos cuando se trataba de defender sus operaciones de tráfico.”

“Desde 2007 hasta marzo de 2009, la red Zetas-Golfo traficó 175 855 251 litros de hidrocarburos y más de 3519 toneladas de derivados de petróleo a través de la frontera. Investigaciones de Pemex estimaron las pérdidas por esta operación ilícita en 508 548 320 pesos, los cuales ajustados a la inflación representan una pérdida de 1.5 miles de millones de pesos (79.4 millones de dólares) Más allá de estos costos, la trascendencia del caso de Burgos fue mayor. Su descubrimiento marca el comienzo de grandes redes criminales diversificándose hacia el tráfico de combustibles; un precio alto a pagar debido a la falta de monitoreo y de aplicación de la ley, sumando otra amenaza para un Pemex que se encontraba encarando múltiples crisis por diferentes flancos.

“Esta operación marcó un momento crucial para que Los Zetas, que se convirtieron en una red criminal más sofisticada, implementaran un modelo de diversificación que les dio un alcance transnacional. Ello les permitió involucrarse en el tráfico de combustibles a gran escala y en el lavado de ingresos estableciendo empresas que se convirtieron en contactos de Pemex. La Cuenca de Burgos representó el comienzo del tráfico mexicano de combustibles a gran escala y sentaría las bases para que se convirtiera en uno de los principales mercados negros nacionales. A medida que la diversificación criminal se expandía la cooptación de Pemex y de otros actores grises avanzaba sin control y los hidrocarburos se convertían en una empresa ilícita cada vez más rentable. Finalmente, Los Zetas expandieron sus operaciones de tráfico de derivados a otras regiones de México.”

Hasta aquí la información del analista Samuel León Sáez. El hecho es que durante los gobiernos neoliberales, que se ubican el periodo que va de 1980 a 2018 (donde se localizan los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto), es coincidente con el periodo de surgimiento y fortalecimiento de los grandes cárteles de la droga y también de las organizaciones criminales dedicadas a robar los combustibles de PEMEX. En ambos casos se pueden asociar los fenómenos mencionados con los procesos de privatización del mercado negro de los hidrocarburos y del tráfico de drogas.

En el caso de lo primero es vinculado con la intención de los gobiernos neoliberales de provocar la quiebra de PEMEX como empresa pública y, de ese modo justificar su privatización. En tanto que, en el segundo caso, se dejó sin una política clara para hacer valer la prohibición de la producción y venta de los estupefacientes y ello permitió que el negocio altamente rentable de las drogas se quedara en manos de las organizaciones delincuenciales privadas denominadas cárteles. Las que se dejaron fortalecer y en algunos casos desde los gobiernos de la época se les brindó protección y, hasta en algunos casos, ciertos funcionarios de alto nivel gubernamental de los gobiernos neoliberales se integraron a las estructuras criminales de los cárteles, lo que queda claro es que por acción o por omisión de sus obligaciones, esos gobiernos fueron concurrentes del proceso de desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones del crimen organizado.

Por lo anterior se debe considerar que la guerra declarada por el presidente Calderón en contra de los cárteles de la droga fue una simulación que se puede considerar como la versión moderna de las Guerras floridas de la época prehispánica, en las que se hacían eventos de guerra acordados para tener algunas víctimas que serían sacrificadas a los dioses; aquí sería para hacer creer que se estaba combatiendo al crimen organizado, pero más bien se tenía que simular que no eran parte de las mismas redes delincuenciales, el ejemplo más ilustrativo es que el jefe de bando del gobierno  de Calderón, en esa guerra  la moderna guerra florida,  hoy está siendo condenado por tráfico de drogas ya que actuó en sociedad con el cártel más poderoso de México.

Lo que se impone, en cuanto la pacificación del país, es que los que dejaron crecer el problema asuman su responsabilidad y que modifiquen su conducta sumándose al combate contra las poderosas mafias del tráfico de drogas y que obliguen a sus compañeros de gobierno neoliberal, a los que pretenden continuar cooperando con la delincuencia, a cesar sus acciones abiertas o simuladas en ese sentido,  si eso se lograra el país se pacificaría de manera acelerada el nivel de violencia caería de inmediato, los niveles de violencia intensos se explican porque Morena está realmente combatiendo las causas de la inseguridad y aún no cuenta con el apoyo de los que por acción o por omisión dejaron crecer el problema, y por tanto el combate al crimen organizado lo está realizando el gobierno de la 4T sin el apoyo de los opositores y frecuentemente en contra de algunos de ellos,  por ello eso sería lo que considero el perfil de un  deslinde de responsabilidades.