En México, al igual que en varios naciones de América Latina y del Caribe, hace un par de años que se está deteriorando, la vida social, así como la convivencia armónica y pacífica. Esto sucede, entre otras cosas por el crecimiento de la violencia e inseguridad, que se manifiesta en robos, asaltos, secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. No se trata de hechos aislados o extraños, sino de una situación que se ha vuelto habitual, estructural, que tiene distintas manifestaciones y en la que participan diversos agentes; se ha convertido en un signo de nuestro tiempo que debemos entender para ponernos a reflexionar sobre quienes nos han gobernado, y como lo han hecho, y quienes lo están haciendo en estos momentos de profunda desconfianza en las personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones a nivel de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.

En los últimos años se ha incrementado en nuestro país la violencia causada por organizaciones criminales. Esta violencia tiene sus propias características, sus causas y sus circunstancias. Se caracteriza por la crueldad, por la venganza, por la exhibición de poder y por la intención de amedrentar a quienes son considerados rivales y vulnerables socialmente. Algunas de las actividades criminales más comunes en este contexto son: el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero, distintos tipos de extorsión y las ejecuciones intimidatorias.

Las acciones de la delincuencia organizada no son una novedad, tienen raíces profundas. Quizá antes no eran tan evidentes como lo son ahora por la cruel violencia que ejercen sobre muchas personas y sobre la sociedad. Es condenable que no haya sido combatida de manera oportuna y que se haya dejado crecer. Si en su momento, la omisión, la indiferencia, el disimulo o la colaboración de instancias públicas y de la sociedad no fue justa y sobrellevó o propició los gérmenes de lo que hoy son los carteles que se han constituido en un poder excepcional que se ha adueñado de la vida de miles de mexicanos en diversas partes del país, convirtiendo sus territorios en verdaderos campos de guerra, donde se han sembrado espacios de sangre y cuerpos.

En este contexto el narcotráfico es una de las formas más difundidas del crimen organizado. Desde hace varias décadas ya se promovía el cultivo de drogas en distintas regiones del país y al mismo tiempo se tejieron redes de traficantes con complicidad de instituciones e instancias gubernamentales. La disputa entre los cárteles de la droga por los territorios más favorables, no sólo para el cultivo, sino para la producción de drogas sintéticas y para el narcomenudeo ha propiciado enfrentamientos entre los grupos delincuenciales y ha implementado el perverso oficio de los sicarios, que organizados a su vez, se contratan para asesinar, tanto para mantener el control del territorio, como para ajustes de cuentas.

Ocasionándose con esto en que el miedo se apodere de la población, este sentimiento de ansiedad es una experiencia que se manifiesta de diversas formas sobre la sociedad. Y lo que la delincuencia organizada ha logrado con el miedo que transfiere, es un control social que permite la sumisión de personas y comunidades. Pero precisamente estas colectividades en varias entidades se han organizado para ejercer su legítimo derecho a autoprotegerse, creando así a sus grupos de autodefensas o policías comunitarias, las cuales están más que justificadas por la inoperancia del gobierno en todos sus niveles para resolver este grave problema del crimen organizado. Por ello en este primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, preocupa que este cáncer social vaya en aumento y con mayor crueldad en contra de una sociedad que hace mucho dejo de vivir en paz y en armonía.