La interdependencia entre un modelo jurídico y el concepto de Constitución en la actualidad debe estar acorde con la protección y garantía de los derechos humanos, de ahí que el derecho tiene, asimismo que ver con el modelo político y económico que dirija los destinos de cualquier país. Y en el caso de Chile, país hermano latinoamericano al cual le impusieron el 11 de septiembre de 1973 una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, dio el primer paso para tener una nueva Constitución.

Durante el régimen de terror, Chile sufrió grandes transformaciones sociales y económicas que afectaron la vida cotidiana de la población, tales como la implementación de políticas neoliberales, el aumento de la desigualdad social, la inestabilidad laboral, una fuerte represión cultural hacia la sociedad así como una violación a los derechos fundamentales del pueblo chileno.

Se instauró un sistema autoritario de extrema derecha que vio en la ley su instrumento ortodoxo para suprimir libertades e imponer su concepción de sociedad privatizadora y neoliberal diseñada desde Estados Unidos. Los derechos de libre expresión y de asociación fueron no solo aniquilados, sino que se persiguió a todo aquel tuviera antecedentes progresistas para perseguirlo y reprimirlo. Durante este triste periodo de suspensión democrática, se registraron miles de casos de asesinados, desaparecidos y torturados. El derecho fue utilizado para justificar un modelo y régimen político dictatorial contrario al espíritu y principios con los que nace cualquier ordenamiento jurídico democrático.

Para consolidar el golpe de estado, Pinochet y su camarilla disolvieron al Congreso Nacional y la sustituyeron  por una Junta de Gobierno, que no era otra cosa que el instrumento militar para formar gobierno en contra de la voluntad de los ciudadanos y sobre todo por encima del orden Constitucional. De ese periodo hasta la fecha ha sido largo el camino que ha recorrido el pueblo chileno para restaurar la democracia en su país e instaurar un modelo de orden jurídico que les parezca más apropiado de acuerdo al momento histórico que estamos atravesando.

Y por medio de un plebiscito constitucional histórico, Chile decidió de manera mayoritaria ir hacia la redacción de una nueva constitución que sustituya a la heredada por el régimen de Pinochet. Con el fin de que el Estado Democrático de Derecho promueva la unión de hombres libres bajo normas jurídicas que respeten los derechos humanos de los chilenos, siendo la figura máxima que garantiza esos derechos la Constitución, concebida como ley fundamental cuyos principios velan por la libertad de los ciudadanos, derechos que en la actualidad no son coincidentes con los postulados neoliberales.