La demanda social de alternativas para salir de las condiciones generalizadas de pobreza en el estado de Puebla y propiciar su desarrollo integral, requiere que cambie la actitud de indiferencia asumido por la actual administración pública poblana.

La política estatal para atraer inversión foránea asumida por la administración estatal, es además de insuficiente, equívoca ya que los costos financieros pagados con dinero público son muy altos. El mejor ejemplo está en San José Chiapa: La versión oficial ya reconoce que serán más de 4 mil millones de pesos del presupuesto estatal (sin contar con los costos de las externalidades socioambientales aún ocultos), para prepararle el terreno a la inversión (?) extranjera que ofrece generar tan sólo 4 mil empleos directos, pero sin garantizar que estos sean ocupados por trabajadores poblanos.

La promoción del desarrollo económico en Puebla es bastante estrecha en términos de alternativas para el impulso a la vinculación interna de las actividades económicas de los sectores primario, secundario y terciario en su territorio. Esta limitación también contribuye a la consolidación de las condiciones de pobreza de sus habitantes, pues los esfuerzos de los emprendedores locales se ven desagregados y dispersos. El desarrollo rural es visto como sector desarticulado de la economía y así, los recursos que le asignan carecen de un propósito definido de producción. Como ejemplo está la difusión oficial de la semana pasada que anunció el “apoyo” a 61 agricultores a quienes se entregaron créditos promedio de cinco mil seiscientos pesos cada uno para impulsar el cultivo de hortalizas, maíz y frijol. La cantidad total prestada a los agricultores, es seguramente bastante menor a la que se gastó en el evento de premiación a los artistas de televisa también la semana pasada y los más de 40 autobuses de acarreados para llenar el auditorio Siglo XXI.

Igualmente se difundió de manera oficial que con la entrega de 4,600 mototractores en los últimos tres años se mejorará el índice de mecanización del campo poblano, que al año 2010 era de 576 mil de las 998 mil hectáreas sembradas. Me pregunto si los campesinos, agricultores y ganaderos poblanos podrán estar más satisfechos con simplemente justificar un gasto o con aumentar los volúmenes de producción agrícola y pecuaria. No hay pues objetivos diferenciados de producción agrícola y pecuaria en el estado; supongo que para no tener la incomodidad de exhibir la ineficiencia de la administración en esta materia. Ni hablar del comparativo de gasto público entre lo asignado al campo y lo invertido en ciudad; la diferencia es abismal y los resultados en términos sociales y económicos son decepcionantes.

Espero coincidir con usted respetable lector, que no es lo mismo gastar libremente el dinero público, que administrarlo en los términos prácticos de la  planificación, organización, dirección y control de los recursos hacia un objetivo definido. La improvisación, las autoevaluaciones y los monólogos declaratorios son fácilmente identificables por la sociedad y no justifican en un correcto ejercicio de gobierno. Sobre todo cuando se tiene muy clara la dimensión de los problemas sociales en todo el territorio.

En el mismo tenor que lo hacen varios académicos locales, opino que existen otros caminos de gestión que con políticas públicas adecuadas pueden impulsar la sustentabilidad del desarrollo social y económico poblano. Entre ellos está la protección de la calidad del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales locales en cada municipio.

Para ello es indispensable conocer el estado que guardan sus recursos naturales, dónde se encuentran, cómo se manifiestan, cuáles son sus tendencias y cuáles han sido las respuestas de gobierno para su gestión. Este enorme sector de promoción del desarrollo sustentable está ignorado y su potencial no sólo se desperdicia, sino que se deteriora a costos cada vez más altos por los efectos que acarrea sobre la calidad de vida de las personas.

El nuevo titular de la Dependencia encargada del medio ambiente poblano debiera saber que en esas oficinas puede gestarse parte de la solución del rezago poblano, pero necesita para ello rescatar la credibilidad de la sociedad y propiciar así su participación en una tarea que corresponde a todos.

Hoy su Dependencia no cuenta con un sistema de información ambiental detallado por municipio, que le permitiría formular, proponer y evaluar la política ambiental estatal y actualizar el programa sectorial. Tampoco cuenta con un órgano oficial de difusión que contenga la información de interés oportuna para la sociedad en todo el estado; no hay seguimiento a la eficiencia socioeconómica de los programas ambientales; no se promueve ni fomenta la investigación y el desarrollo tecnológico aplicables al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y protección al ambiente, porque tampoco promueve la participación de la comunidad científica local en la formulación de la política y la normatividad ambiental, así como la investigación científica de causas y efectos de los fenómenos ambientales. No hay política ambiental estatal.

El número de omisiones existentes en la materia por parte del gobierno estatal puede encontrarse tan sólo con revisar las atribuciones que las leyes ambientales federales y estatales le confieren a la Dependencia. El resultado es poco menos que sombrío y rebasa ya las fronteras de la legalidad. Pero finalmente no deja de ser un área de oportunidad, en el que la sociedad poblana no podrá ejercer su parte sin el compromiso del gobierno.