Faltan sólo algunos días laborables para que concluya un año de periodo administrativo en la gestión pública estatal y debiera ser momento para conocer y revisar el avance en la solución de los problemas que aquejan a los poblanos de todo el territorio en nuestra entidad federativa.

Entre las áreas de la administración pública estatal con mayor rezago existen tres cuya preocupante complicación exhibe el impudor de  la ineficiencia gubernamental poblana: La pobreza, el deterioro ambiental y la inseguridad pública. La penosa realidad de estos temas se encuentra en mi opinión, oculta por las bambalinas del ostentoso gasto de una promoción política personal.

Las mediciones oficiales de la pobreza en Puebla siguen señalando aumento de poblanos en esta condición, gracias a que la institución encargada de las mediciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es de carácter federal, porque la institución poblana que existía para dar seguimiento a esta rezagada área de la administración, es decir, el Instituto Poblano para la Productividad Competitiva y de Evaluación y Medición de la Marginación y Pobreza, fue desaparecido en enero de 2012 por el gobierno actual y adivine usted, respetable lector, la razón: debido a la falta de resultados concretos y específicos en sus funciones (Así reza la justificación oficial).

Por supuesto que fue el congreso de los diputados locales que votó por unanimidad la desaparición; no podía esperarse cosa diferente de nuestros representantes populares, pues ninguno cuestionó si ya se había terminado la pobreza de cientos de miles de poblanos o si se habían generado políticas públicas innovadoras que traerían sus propios indicadores de eficiencia. No, la intención era ocultar la información sobre la pobreza de los poblanos. Por ello se resalta el alto valor de la información federal que no puede ser manipulada por el estado.

Bueno, el caso es que el estado de Puebla carece de una política propia dirigida a cambiar las condiciones de rezago social y económico de la mayor parte sus habitantes. Vaya, a ningún funcionario del gobierno del estado se le ha ocurrido siquiera revisar su anacrónica estructura burocrática, que es una de las causas locales para impedir el desarrollo de los poblanos en todo el territorio. Diversas investigaciones de académicos de la BUAP y la UIAP han dado cuenta de este pesado lastre, que ha ayudado a dilapidar los cientos de miles de millones de pesos asignados por la federación al estado de Puebla en los últimos años. Lo grave es que con tan millonarios recursos, ningún municipio rural pobre ha logrado mejorar su condición en este periodo.

En materia ambiental las cosas no son diferentes, pues ni siquiera conocemos la realidad que guarda el avance y costo del deterioro de la calidad ambiental y de los recursos naturales. La razón es simple y llana: Al gobierno del estado le tiene sin cuidado este tema. Tan es así que se da el lujo de incumplir la legislación ambiental en materia de evaluación del impacto ambiental de la obra pública. Sobre este particular puedo asegurar que el gobierno estatal no superaría una auditoría administrativa de la gestión ambiental en lo que va del periodo.

También en esta materia se han realizado todos los esfuerzos para que la ciudadanía no conozca la realidad del perjuicio. Los poblanísimos diputados del congreso local modificaron en agosto de 2012 la ley ambiental estatal, para erradicar al crítico e incómodo Consejo Estatal de Ecología y conformar otro en el que ya no se acepta la libre participación social, pues sólo pueden ser incluidos los funcionarios públicos (17 de ellos) y  los seis civiles que designen los funcionarios públicos. Por cierto nunca más ha sido instalado el nuevo Consejo y por lo tanto no existe; si no existe no trabaja y si no trabaja la sociedad no se entera del avance del costoso daño ambiental y de las consecuencias sociales y económicas actuales y futuras que ello implica para los habitantes de todo el territorio.

Pero el gobierno estatal tampoco cumple las obligaciones establecidas por la ley ambiental estatal de formular, evaluar y ejecutar el Programa Estatal de Protección al Ambiente; de expedir el Informe Anual del Medio Ambiente y ponerlo a disposición del público; así como establecer y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Ambiental. Evidentemente no hay quien exhorte al ejecutivo a cumplir la ley en Puebla; menos que nadie los diputados.

Por supuesto que la indiferencia hacia el avance en el deterioro ambiental en Puebla promovido por omisión intencional del gobierno del estado, puede evidenciarse primero, por la desaparición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (igualmente aprobada sin chistar por los diputados del simpático congreso), y después, por la inexplicablemente continua rotación de funcionarios de primero, segundo y tercer nivel en la sub-dependencia encargada del despacho de los asunto ambientales estatales.

Así pues, entre opacidad y desinterés por la problemática social y ambiental poblana, me temo se irá un año más de administración pública, para beneplácito de los diputados que a pesar de las vejaciones a su presuntamente autónoma función política, todavía se ríen… y hasta aplauden, pero no exigirán cuentas verdaderas.