Entre todas las fiscalías estatales, la Fiscalía General del Estado de Puebla es una de las que más recomendaciones ha recibido por parte de la Comisión de Derechos Humanos local, por actos de tortura, privación ilegal de la libertad y el proceder indebido de sus elementos.

Así lo destacó la bancada del PRI en el Senado de la República, cuyos integrantes  pusieron como ejemplo la recomendación   8/2017, por tortura contra una persona que fue sometida a toques eléctricos, con el propósito de que se declarara culpable de un homicidio, y obligada  a firmar una declaración contra él y su familia.

Otro botón de muestra, señalaron  los senadores priístas, es la recomendación 4/2017, misma que documenta que al menos 10 ministeriales detuvieron de manera ilegal a una persona, a la que torturaron con diversos métodos.

Le vendaron los ojos, le pusieron una bolsa en la cabeza y le vertieron agua hasta provocarle el desmayo. Por si esto no fuera suficiente, esa persona fue desnudada, atada a unas cubetas y golpeada en piernas, brazos y abdomen.

No fue sólo un caso, dicen legisladores

Mientras que la recomendación 4/2017 constata que a otra persona la ingresaron a un cuarto obscuro, la golpearon y la mantuvieron esposada, sin ropa. Al igual que en los otros casos descritos le dieron toques, le embolsaron la cabeza y le colocaron una franela en boca y nariz para asfixiarla. Después de estos sucesos, fue obligada a firmar una declaración sin conocer su contenido, recalcaron los legisladores.

Los senadores del PRI advirtieron que “no es la primera ocasión en que la Fiscalía de Puebla está relacionada con la comisión de alguna irregularidad, particularmente llaman la atención las denuncias públicas relativas a la obstrucción en el acceso a la justicia, el respeto a la integridad física de los indiciados y la seguridad jurídica de la población”.

Más aún, existen acusaciones de que al interior de la Fiscalía General del Estado de Puebla existe una red de corrupción que hace uso indebido de los recursos públicos destinados para la operación y suministro de combustible para las unidades de motor, dijeron.

Piden mejorar protocolos tras saqueo en la FGE

Los senadores también destacaron el caso del saqueo de evidencias en las propias oficinas de la FGE por un monto de 8 millones de pesos, en octubre del año pasado, debido a los “procedimientos poco efectivos en el resguardo de los artículos incautados”.

Los legisladores subrayaron que las armas, joyas y otro tipo de evidencia se encontraban en las bodegas de la Fiscalía la cual se localiza cerca del Centro Histórico de la ciudad capital .

“Resulta determinante fortalecer las acciones y los protocolos de actuación para asegurar que los servidores públicos no incurran en estas anomalías que constituyen trasgresiones a nuestro entramado jurídico e institucional”, señalaron.

Punto de acuerdo para exhorto y exigencia de informe

La bancada del PRI presentó un punto de acuerdo para que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía General del Estado de Puebla a que fortalezca sus acciones y protocolos de actuación, a fin de prevenir que sus elementos transgredan los derechos humanos de la ciudadanía.

“Esto ante el incremento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por presuntos actos de tortura, privación ilegal de la libertad y violación al debido proceso”.

Además, los senadores solicitan que dicha fiscalía les presente un informe detallado de las acciones, programas y políticas públicas instrumentadas para atender las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Puebla por presuntos actos de tortura, privación ilegal de la libertad y violación al debido proceso, asimismo, del estado que guardan cada una de esas recomendaciones.

Con base en tres recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del estado por presuntos actos de tortura, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República pidió a la Fiscalía del Estado fortalecer sus acciones de protocolos de actuación.

Los senadores recordaron el saqueo de armas, joyas, relojes y vehículos por un monto superior a los 8 millones de pesos de las propias oficinas de la Fiscalía, por lo que piden mejorar los protocolos de seguridad.

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Recomendaciones en aumento

En sus consideraciones los senadores pusieron tres ejemplos recientes de tortura, privación ilegal de la libertad y violación al debido proceso por parte de sus elementos.

El primero de estos se relaciona con la recomendación 8/2017, donde se da cuenta de actos de tortura a una persona quien fue sometida a toques eléctricos en múltiples partes del cuerpo, con el objeto de que se declarara culpable de un homicidio.

Los agentes obligaron a la víctima a firmar una declaración con lujo de violencia y amenazas a él y a su familia.

La CDH determinó que en estos acontecimientos se observó atropellos a la dignidad de la persona detenida y falta de mecanismos oportunos para que la autoridad responsable previera estos agravios.

Detenido se desmaya por tortura

La segunda recomendación es la 4/2017, en la que se documentó que al menos 10 ministeriales detuvieron de manera ilegal a una persona, quien fue objeto de actos de tortura y otros “métodos degradantes” a la dignidad humana.

Al detenido le vendaron los ojos y en repetidas ocasiones le pusieron una bolsa en la cabeza, al tiempo de taparle la cara para verterle agua hasta provocarle el desmayo.

Según la recomendación, revela que el detenido fue desnudado, atado a unas cubetas y golpeado en piernas, brazos y abdomen.

En la recomendación 4/2017 se documentó como a una persona fue ingresada a un cuarto oscuro,  donde lo golpearon y lo mantuvieron esposado sin ropa.

Como en los casos anteriores, a la víctima le embolsaron la cabeza y le colocaron una franela en boca y nariz para asfixiarlo. Después de estos sucesos, fue obligado bajo presión a firmar una declaración sin conocer su contenido.

Piden mejorar protocolos tras saqueo en la FGE

Los senadores también destacan el caso del saqueo de evidencias en las propias oficinas de la FGE por un monto de 8 millones de pesos en octubre del año pasado, debido a los “procedimientos poco efectivos en el resguardo de los artículos incautados”.

Los legisladores subrayan que las armas, joyas y otro tipo de evidencia se encontraban en las bodegas de la Fiscalía la cual se localiza cerca del Centro Histórico.

“Resulta determinante fortalecer las acciones y los protocolos de actuación para asegurar que los servidores públicos no incurran en estas anomalías que constituyen trasgresiones a nuestro entramado jurídico e institucional”.

Los legisladores también piden un informe pormenorizado de las acciones, programas y políticas públicas instrumentadas para atender las recomendación de la CDH.

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