El gasto destinado a desarrollo social ha experimentado una tendencia creciente a partir de 1995. Durante el periodo 2005-2011, este gasto registró un incremento en términos reales para todos los años del periodo. Mientras que en el 2000, el gasto social ejercido representó el 9.4% del tamaño del PIB; en 2011 este porcentaje se incrementó en 11.4%. También ha incrementado notablemente la cantidad de programas sociales destinados a la atención de las carencias sociales y la superación de la pobreza, al punto que en 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía registrados 131 programas de combate a la pobreza. La población beneficiaria de los programas de la Sedesol, entre 2011 y 2012 fue de 41 millones de personas.
No obstante, los resultados en reducción de la pobreza, disminución de carencias sociales e incremento del ingreso de la población han sido mínimos. Esta situación demanda que se realice un rediseño y replanteamiento de los criterios generales para la asignación presupuestal de los programas del ámbito social. Es necesario generar nuevas propuestas de asignación del gasto para que éste se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas, lo cual implica una revisión y actualización de las estructuras programáticas, tomando como referencia los objetivo y líneas de acción establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
En los cambio de administración contar con un presupuesto cuya configuración sea afín a los nuevos objetivos y metas es una tarea compleja ya que hay poco espacio y tiempo para la negociación o bien los pesos y contrapesos propios del proceso político no permite el logro de consensos constructivos hacia una conformación del presupuesto que no sea inercial. Lo anterior además de que los programas y acciones que serán prioridad de los gobiernos entrantes deben de traducirse en pesos y centavos sin poder contar con un eje articulador como lo es el Plan Nacional de Desarrollo lo cual plantea serios desafíos a los procesos de planeación, programación y presupuestación de las políticas públicas.
Con la publicación del PND se tiene ese marco articulador del accionar de gobierno que permite alinear el proceso presupuestario al logro de los objetivos de la administración. En ese sentido el eje “México Incluyente” el cual tiene como prioridad combatir la pobreza y buscará transformar el modelo asistencialista actual de la política social para convertirla en participativa y proactiva, esto es, una política social de derechos universales y subsidios focalizados en los grupos más vulnerables que deje atrás el modelo asistencialista de atención a los problemas sociales por un modelo basado en el cumplimiento de derechos; se convierte en una fuerte directriz para la conformación de un presupuesto que pueda alcanzar tal propósito.
El propio presidente Peña Nieto a reconocido que las políticas públicas sin presupuesto son sólo buenas intenciones, por lo que el reto del cual la actual administración es consiente y esta trabajando en ese sentido, es una vez definidos los objetivos de mediano y largo plazo, es el poder avanzar en la instrumentación de los cambios estructurales del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF para el año 2014, alineando el ejercicio presupuestario a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, mejorando la estructura programática, fortaleciendo la focalización del gasto y construyendo un presupuesto basado en resultados que permita cumplir con los retos que se ha impuesto de lograr un País Incluyente y lograr hacer una realidad la de mover a México.
