El gobierno de la República ha establecido un firme compromiso con un México Incluyente y en Paz, donde se garantice la igualdad y la no discriminación para todas las personas sin distinción, en claro apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que todas las personas gozarán de los mismos derechos, por lo que es condición y obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus propias competencias, promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos, sin discriminación.

La discriminación afecta a un gran número de personas por razones distintas, ya sea por diferentes condiciones de vida o las propias características de identidad, lo cual ha dado lugar a barreras para la construcción de espacios donde el respeto, igualdad y reconocimiento mutuo en las relaciones interpersonales sea la norma  y ha impedido alcanzar los objetivos y aspiraciones propias de una sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades.

De acuerdo con estadísticas del INEGI, en México el número de personas con alguna limitación física o mental ascendía a 5.7 millones en 2010 y en donde a pesar de los esfuerzos que desde 1995 el Gobierno Federal ha realizado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, aún persiste una brecha importante tanto en el acceso a la educación en condiciones adecuadas, el acceso al mercado laboral, infraestructura urbana pública y privada accesible, como en acceso a salud y otros derechos.

Asimismo,  la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 muestra que más de siete personas de cada diez, creen que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan o sólo se respetan en parte. De la población con discapacidad encuestada en la Enadis 2010, sólo para 19.1% sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades, lo que nos habla de la calidad del empleo al que accede este grupo, si consideramos que casi 39% de la población logra la mayor parte de su ingreso de un trabajo. Para 78% de esta población resulta difícil o muy difícil recibir apoyos del gobierno; y sólo para 33% los servicios de salud son suficientes porque le brindan la atención que necesita.

En ese sentido, el esfuerzo del presidente Enrique Peña Nieto y su administración, al reconocer como inaceptables las condiciones de vulnerabilidad y exclusión de las personas con algún grado de discriminación y establecer compromisos dirigidos a hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través de acciones por la No Discriminación de manera transversal en todas sus tareas, mecanismos e instituciones, permitirá una sociedad más equitativa y justa en la que se reconozca a todos y cada uno  de sus miembros con la misma dignidad, igualdad y derechos.