El miércoles pasado asistí a la presentación de dos libros Por una cancha pareja. Igualdad de oportunidades para lograr un México más justo, de Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy-Gómez-Franco; y Así no es de Raymundo M. Campos Vázquez.

En este artículo me propongo exponer y analizar algunas de las tesis sostenidas por sus autores para relacionarlas con uno de los factores considerados relevantes para el desarrollo de nuestro país: la educación.

En Desigualdades. Por qué nos beneficia un país más igualitario, también de la autoría de Raymundo Campos, nos dice que por mucho tiempo el pensamiento económico consideró que la desigualdad generaba incentivos para que las personas se esforzaran más y trabajaran mejor. Sin embargo, la evidencia indica lo contrario: la desigualdad es un obstáculo para el crecimiento. Para ilustrar esto nos informa que México creció económicamente de 1992 a 2018, pero su nivel actual de pobreza es casi idéntico al de entonces. (El año de impresión del texto es 2022).

En el primer capítulo de Desigualdades aclara que hay varios tipos de desigualdad: de ingresos, de riqueza, de oportunidades y de trato; y afirma una tesis central:“El resultado final de las oportunidades que cada quien tiene desde su concepción es producto de la desigualdad. Todos podemos desarrollar habilidades si tenemos los insumos adecuados: no hay personas más talentosas que otras, el potencial se distribuye de manera pareja entre la población, lo que falta son las oportunidades.” (p.26) Y aquí se plantea una pregunta que lo lleva a una conclusión contundente: ¿Qué pasa cuando el gobierno decide no intervenir para igualar las oportunidades o lo hace muy poco? “La consecuencia es que, como sociedad, desperdiciamos el talento, el esfuerzo y el trabajo de la mayoría…El valor que México ha perdido por culpa de la desigualdad es incalculable.” (p.26)

En este punto podemos enlazar las investigaciones que condujeron a la producción de estos libros, me refiero a la tesis central sostenida en Por una cancha pareja: “Detrás de esas desigualdades de resultados se encuentra un alto nivel de desigualdad de oportunidades, que hace que las trayectorias de vida de las personas en términos educativos, ocupacionales y de ingreso estén en extremo marcadas por sus circunstancias, lo que afecta la capacidad de decisión sobre su propia vida.” (p. 107) ¿Cuáles son esas circunstancias? Las agrupan en tres tipos: 1) recursos económicos y educativos del hogar de origen, 2) territorio y 3) características personales.

Los datos que nos ofrecen relativos a la educación son relevantes en tanto se la considera como uno de los instrumentos de política pública con mayor potencial para igualar las oportunidades entre la población. Por ejemplo, señalan que las diferencias en la educación de los padres influyen de manera importante en los resultados de vida de los(as) hijos(as), y atribuyen esta influencia a los cuellos de botella dentro del sistema educativo nacional debidos a la demanda de educación de nivel medio superior y superior, y la oferta pública existente. Más del 90 por ciento de los infantes y adolescentes van a la escuela pública, por lo que la oferta gubernamental después de la educación básica es crucial para garantizar a esa población la continuación de sus estudios. El cuello de botella no sólo indica la insuficiencia de la oferta en los niveles más altos de formación sino además apunta a la diferencia de calidad entre sus distintas opciones.

Los autores ilustran su afirmación con las altas tasas de rechazo en las universidades públicas. Es el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuya tasa de ingreso es del 34 por ciento, como lo hemos señalado ya en otros artículos. Es más, los autores nos hacen notar que al total de rechazos del sistema de educación superior habría que sumarle los abandonos previos que evitan que la demanda de plazas resulte todavía mayor. No es de sorprender, además, que en la composición social de los rechazados, como de los que abandonan, prevalezca la población con menores niveles educativos de origen.

Este cuello de botella persiste de generación en generación. Frente a este problema los autores señalan dos medidas: mejorar e igualar la calidad en los niveles educativos previos para que la población con mayor desventaja educativa de origen pueda estar en condiciones más equitativas para competir por una plaza en el sistema público superior; y mayor inversión pública para cubrir así la demanda de estudios profesionales.

Por otra parte, señalan, la insuficiente oferta educativa de nivel superior muestra la inserción laboral como la alternativa más atractiva o única para un importante segmento de la población joven.

Para concluir me parece interesante analizar el programa gubernamental de “Bachillerato para todos” a la luz de los resultados de estas investigaciones.

Es cierto que desaparece el examen de admisión para ingresar al nivel medio superior en la zona metropolitana y el Estado de México, pero no para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), las instituciones más demandadas. De esta manera, aquellos aspirantes que no logren pasar el examen para estas últimas tendrán un lugar asignado por la Secretaría de Educación Pública. Un lugar seguro que no corresponde a las expectativas del estudiante. En este caso, la desigualdad de oportunidades persiste dada la prevalencia de las desventajas de origen.

Es probable que la mejora de la calidad de la educación del nivel medio superior se alcance con la introducción del marco curricular común y la reducción de opciones a dos: el bachillerato tecnológico y el general, pero eso requiere del análisis de tal marco curricular y de la efectividad de su implementación.

Este programa tiene como objetivo el que en 2030 el 100 por ciento de los(as) jóvenes de 15 a 18 años culminen su educación media superior. Eso está muy bien, pero nosotros nos preguntamos ¿y los(as) jóvenes de 18 a 23 años?  ¿Qué medidas está tomando el gobierno para ampliar sus posibilidades de continuar con sus estudios?

No les pueden decir a estos(as) jóvenes que primero se ocuparán de la educación media superior, pues se les habrá acabado la oportunidad de acceder a su formación profesional. Más bien, el gobierno debería ya estar implementando determinadas medidas, concertadas con las universidades públicas autónomas, como la de sustituir el examen de admisión excluyente por un curso propedéutico para cada opción de educación superior como ya lo mencionó la doctora Sheinbaum.

Es claro que las políticas públicas educativas deben conformar un todo integral y que esto requiere una coordinación real con las instituciones de educación superior más calificadas para ello: las universidades autónomas.