La declaración de la presidenta con “A”, Claudia Sheinbaum, a pregunta de un reportero en su “conferencia del pueblo” la mañana del 4 de febrero, afirmando que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no había sido invitada a la ceremonia solemne de conmemoración del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República que se llevaría a cabo en la ciudad de Querétaro con la presencia de los otros dos poderes y de los gobernadores de todos los estados del país.

Quizás los que apoyan al oficialismo y quienes simpatizan con el movimiento de la 4T, no tiene ninguna importancia la descortesía de la presidenta y por lo mismo, su decisión está plenamente justificada, dados los desencuentros y la postura del Poder Judicial de la Federación, en contra de la reforma impulsada por el gobierno de AMLO y que según se ha dicho, forma parte del segundo piso del movimiento de transformación iniciado en México en 2018.

Incluso hubo voces dentro del morenismo, que afirmaron que la postura de la presidenta era una muestra de que el poder que ostenta con el apoyo del legislativo, son suficientes para gobernar el país y que total, para qué invitar a un acto republicano a un poder que ya va de salida y que no tiene el respaldo del pueblo bueno y sabio, ya que es visto como un enemigo acérrimo de la Cuarta Transformación.

Pero, analicemos cuáles son de fondo las implicaciones que tiene para nuestro sistema de gobierno, la exclusión de uno de los poderes en un acto, en el que precisamente el objetivo principal, es honrar a nuestra Carta Magna, en un aniversario más de haber sido promulgada.

Para nadie es un secreto que en el gobierno de AMLO y después de la salida de la presidencia de la Corte del exministro Arturo Zaldívar y la llegada de la ministra Norma Piña al cargo, dada la importancia de los asuntos que debería resolver la Corte y en los cuales el Poder Ejecutivo tenía especial interés -a través del secretario Adán Augusto López-, el presidente trató de influir en las decisiones de los jueces, magistrados de circuito y en el pleno del máximo tribunal constitucional del país, para que las resoluciones les favorecieran y evitar se echaran abajo reformas legislativas.

A pesar de existir en muchos casos violaciones al proceso legislativo o leyes inconstitucionales, era evidente que el Poder Judicial se convirtió para el presidente en un obstáculo para su gobierno, al punto de declarar en una conferencia mañanera que “no me vengan con eso de que la ley es la ley”, demostrando con ello su desprecio por el respeto al Estado de derecho y contradiciendo la protesta que hizo al tomar el cargo de “…guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…” (artículo 87 de la Constitución general de la República).

Como la ministra Norma Piña en ningún momento se sometió al Poder Ejecutivo y mandó el mensaje de que se aplicaría la ley y la Constitución en todas las resoluciones y asuntos sometidos al conocimiento del Poder Judicial de la Federación, cerró las puertas a las presiones e influencia del presidente, a las que sí cedió su antecesor Zaldívar y que se confirmó meses después por el mismo presidente, quien públicamente reconoció que el exministro le ayudó junto con su equipo en varios asuntos, lo que motivó la apertura de una investigación ordenada por la propia ministra Piña, en contra de Zaldívar y que no se ha concluido, por lo que seguramente será de los asuntos que se archivarán con la llegada de los nuevos ministros, después de las elecciones que se llevarán a cabo el primer domingo de junio de este año.

No debemos dejar de lado, que el propio artículo 89 de la Constitución General de la República señala las facultades del Presidente de la República, en su fracción XII, y establece como una obligación ¨…facilitar al poder judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.”

Lo anterior, deja en claro, que el espíritu del constituyente originario fue que quien desempeñe el cargo de Presidente de la República debe apoyar al Poder Judicial, a fin de que pueda ejercer en forma expedita sus funciones. Como diría la presidenta Sheinbaum al referirse a la relación con el gobierno del presidente Trump: “Colaboración, no subordinación”, lo que podría aplicarse al actuar de la presidenta de la Corte, Norma Piña, cuyos pecados han sido, entre otros, el haber enfrentado al poder presidencial, el no someterse a dicho poder y dictar resoluciones respetando la Constitución y las leyes que de ella dimanen.

Pero la actitud de la presidenta Sheinbaum hacia Norma Piña no se justifica, ya que ella representa al Poder Judicial de la Federación, uno de los tres poderes reconocidos en el párrafo primero del artículo 116 de la Carta Magna; pero, además, porque ella misma en su toma de protesta declaró que con su gobierno, no llegaba una, sino que llegaban todas; así que me pregunto: ¿quiénes son para la presidenta las que llegaron con ella, únicamente las que apoyan su movimiento? ¿quedan fuera de dicho grupo, las mujeres que no apoyan a la 4T y quienes no están con el oficialismo? Son preguntas que debería contestar a las propias mujeres, porque en el discurso se oye muy bien poner en alto el nombre de las mujeres, pero en los hechos la realidad y su actuación la contradice.

La presidenta no tenía necesidad de excluir de la ceremonia a la representante del Poder Judicial, ya que, en todo caso, los conflictos que tuvo dicho poder fueron con AMLO directamente y no con su gobierno y aquí caben dos interrogantes, la primera: ¿lo hizo para quedar bien con su antecesor, quien se supone ya no tiene injerencia en el actual gobierno?; y la segunda: ¿hará lo mismo en 2026, en caso de que quien presida la Corte, no se afín al movimiento de la 4T? Sólo el tiempo nos dará las respuestas.