…cuando nosotros fuimos ya estaban muertos los difuntos, hartos muertos, hartos muertos que estaban tirados, mujeres, hombres, niños…A los familiares no les dejaron recoger a los muertos. No los levantaron los difuntos, pobrecitos, nomás los comieron los zopilotes, así pasó…
Testimonio de don Miguel Rodríguez Vargas

Este 28 de enero del presente año se cumple el 55 aniversario de la brutal y cobarde represión por parte del Ejército Mexicano en contra de campesinos pobres, en su gran mayoría, indígenas totonacos que habían tomado el predio de Monte de Chila, municipio de Jopala, Sierra Norte de Puebla. Se habla de que fueron asesinados entre 80 a 324 campesinos/campesinas, dependiendo la fuente. De acuerdo al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (FMEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, esta matanza ha sido una de las mayores masacres que se han dado nivel nacional, en el México contemporáneo del siglo XX.

Ese día de 1970, integrantes de la XXV Zona Militar al mando del general Eusebio González Saldaña (antes había estado al mando de la XVII Zona Militar en Guerrero), entraron al poblado de Monte Chila acompañados por agentes de la Policía Judicial. La incursión del Ejército se debió, de acuerdo a la prensa de la época, a la fuga de reos peligrosos de la cárcel de Xicotepec de Juárez que se suponían, se fueron a refugiar a Monte de Chila y a denuncias de vecinos cansados de saltos y del bandolerismo en la zona. En esta refriega murieron tres militares (El Heraldo de México, 29 de enero de 1970).

El sacerdote Gabriel Diego escribió en su testimonio lo siguiente: (eran) la mayor parte indígenas (que habían tomado la tierra en Monte de Chila) lo hicieron en busca de tierras (y) se habían establecido apropiándose grandes extensiones de tierras de los ganaderos de Bienvenido, Jopala y Buenos Aires. En dicho testimonio, el sacerdote menciona que “...los rebeldes fueron sitiados por tierra y aire”.

Al entrar al poblado, los integrantes del Ejército y la Policía Judicial comenzaron a agredir a los campesinos, agredieron también a niños, mujeres y ancianos. Los cuerpos de los campesinos asesinados fueron dejados expuestos en el monte-se habla de que fue un mes, otros mencionan que tres- con la intención de mandarles un mensaje a los campesinos que luchaban por un pedazo de tierra y contra los latifundios simulados de la gente adinerada de la región. Los cadáveres quedaron a merced de los zopilotes y fauna carroñera.

El Gral. Gonzáles Saldaña también estuvo al frente, al igual que el coronel Joaquín Vázquez Huerta, a la sazón inspector general de policía en el estado, en la represión contra ciudadanos de Huehuetlán el Chico que se oponían a que les impusieran un presidente municipal. La gente se defendió y resultaron dos soldados muertos, lo que provocó la movilización de un convoy militar compuesto por doce jeeps y la movilización del 90 Batallón de Infantería al mando del general Antonio Barba. El resultado: 28 ciudadanos muertos.

El periodista Manuel Sánchez Pontón escribió lo siguiente sobre la matanza de Monte de Chila en el periódico Excélsior del 30 de enero de 1970: Helicópteros y armas pesadas contra las Gavillas en Puebla. Participan en la Operación de la Sierra de Puebla Tropas de 3 Estados. Los dirigentes de los labriegos que tenían tomado el predio de 10 mil hectáreas era integrantes de la Central Campesina Independiente (CCI-Roja), liderada a nivel nacional por Ramón Danzós Palomino, miembro del Partido Comunista Mexicano. El conflicto de tierras en Monte de Chila no era un conflicto reciente ni mucho menos.  En un documento público, la UGOCM menciona que desde 1956 se había solicitado la creación de un nuevo centro de población denominado Isauro Villalba en los terrenos conocidos como Monte Chila.

Sin embargo, terratenientes de Jopala, Bienvenido, Buenos Aires, Tlamaya el Grande, Santo Domingo y Xicotepec de Juárez manifestaban ser dueños de 17,000 has. (Archivo General de la Nación, Serie 030/25, Caja 98. Informe Fue el Estado. Volumen 2.) Lo anterior echa por tierra el argumento de que el ejército intervino con la ferocidad y saña con la que lo hizo y con el número desproporcionados de efectivos que movilizó, sólo para combatir a un grupo de facinerosos como lo encabezó El Sol de Puebla el 29 de enero de dicho año.

Armando Bartra escribió sobre la matanza de Monte de Chila lo siguiente: El ejército bombardeó con napalm, quemando las casas y dejando a los cuerpos a la intemperie por tres meses. (Armando Bartra, Seis años de luchas campesinas, Investigaciones Económicas, 1977).

Prácticamente Monte de Chila y sus 400 habitantes, desapareció ante la brutal represión por tierra y aire a manos del “glorioso” ejército mexicano. Fue una política de tierra arrasada, muy propia del ejército norteamericano en Vietnam, como lo mencionó en un borrador de informe, la ex Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSP) para el caso de Guerrero, fue una táctica militar llamada aldea vietnamita. El testimonio de un sobreviviente de la represión, dado a los integrantes de la Comisión de la Verdad, nos da una idea de lo que sucedió: Rodearon el pueblo en todas las entradas, llegaron federales, pero eran muchísimos […] y sobrevolaban tres aviones chicos. En esta represión participaron los siguientes batallones y zonas militares: XV Zona militar, 26avo batallón de infantería, 6ta. Base aérea militar y 37 Batallón de Infantería.  

En aquellos años estaba al frente del país, el represor del 68 e informantes de la CIA, Gustavo Díaz Ordaz (Litempo1); como secretario de Gobernación estaba el represor del halconazo, Luis Echeverría (Litempo8). El secretario de la Defensa Nacional lo era el general Marcelino García Barragán, abuelo del actual Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Mientras en Puebla, teníamos como gobernador al represor y etnocida, General y Doctor, Rafael Moreno Valle quién mandó reprimir a los ciudadanos y campesinos pobres de Huehuetlán el Chico y Monte de Chila.

Eran tiempos en el país y en el estado, en los que vivíamos en un régimen profundamente autoritario, antidemocrático, corporativo, represivo y de partico único (PRI), con un gobierno sujeto a la órbita de la doctrina de la seguridad nacional, implementada por el imperio norteamericano, de un gran histerismo anticomunista. Un gobierno que era fiel creyente del exterminio del enemigo interno a través de la llamada guerra sucia y conspiraciones comunistas por doquier.

Recordemos que en Puebla fue en donde el obispo Octaviano Márquez y Toriz quien acuñó su consigna de lucha: ¡Cristianismo Sí, Comunismo No!  Por otra parte, fue una época de una gran efervescencia política, social, cultural, intelectual y académica. En los años sesenta y setenta del siglo pasado, tuvimos un fuerte movimiento campesino con su justa lucha por la tierra, tanto en el Estado, como a nivel nacional. No podemos tampoco olvidar la importante lucha de los estudiantes de la UAP en la defensa de la autonomía de la misma, resumida esta lucha de alguna manera, entre los FUAS y Carolinos.

Tampoco podemos soslayar la caída en 1964 de otro gobernador-general, Antonio Nava Castillo o el linchamiento de trabajadores universitarios y dos campesinos, en la comunidad nahua de Canoa; linchamiento en el que tuvo mucho que ver esta histeria anticomunista.  Años después, las tierras de Monte de Chila pasaron a manos del exdirector de la Volkswagen en Puebla, Martin Josephi, quien creó la Finca Oro Verde y extendió su imperio del café a otras fincas.

Como vemos, a 55 años de la matanza de Monte de Chila, los criminales materiales e intelectuales, murieron en su mayoría con olor a impunidad, como muchos otros crímenes que se han dado en el Estado.

La matanza de campesinos pobres en Monte de Chila la podemos considerar como un crimen de Estado, en la cual participaron distintos agentes tanto del gobierno federal (militares, Dirección Federal de Seguridad) como del gobierno del estado (funcionarios públicos, ministerio público, jueces) y agentes municipales (policía municipal.) Difícilmente puede haber un despliegue militar como se dio ese 28 de enero de 1970, si la orden no hubiese salido desde Palacio Nacional o de parte Secretario de la Defensa Nacional. 

Los integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, mencionan que los crímenes de Estado se dan contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales. Frente a esta y otras matanzas que ha habido en nuestro territorio, es de llamar la atención el silencio que ha tenido el gobierno federal (se le hizo llegar a Andrés Manuel López Obrador un documento signado por los participantes en la conmemoración del 53 aniversario de la matanza, realizado en la comunidad de Patla en 2023) y en especial, del gobierno del estado.

Mucho menos ha habido alguna respuesta de nuestra supuesta defensora de Derechos Humanos, la CDH-Puebla, que nunca ha dicho nada sobre la masacre, menos aún, ha llevado a cabo una investigación sobre estos sangrientos hechos o pedido información a las distintas autoridades estatales y municipales que conocen de los hechos. En el mismo tenor están las autoridades estatales, bastante lejos de implementar una política de reparación del daño a los sobrevivientes de la masacre o a sus familiares y menos aún, no se le ve ninguna voluntad al gobernador Alejandro Armenta, de pedirles una disculpa pública a los sobrevivientes y sus familiares y acciones de reparación del daño.  

Sólo me resta despedirme con este párrafo del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que me parece es muy revelador de lo que ocurrió aquellos años:

La aplicación de estrategias contrainsurgentes contra comunidades campesinas, indígenas y afroamericanas fue constante durante el periodo de 1965–1990. El objetivo de estas acciones, fue minar las bases de las organizaciones político-militares, pero fundamentalmente, acabar con las luchas por los derechos agrarios y con esto, afianzar el control del territorio por parte de las fuerzas de seguridad.

Informe final, Fue el Estado (Agosto, 2024)

A la memoria de las víctimas de la persecución política y social de Monte de Chila, pero también de Huehuetlán el Chico y de Canoa, es hora de decir: ¡Ni perdón ni olvido!   ¡¡¡Justicia!!!