La implementación de una reforma judicial en México plantea retos significativos en términos políticos, sociales y económicos. La reforma judicial en México, aprobada en septiembre de 2024, ha sido objeto de críticas por presuntas irregularidades en su proceso de aprobación. Se alega que la rapidez con la que se llevó a cabo impidió una discusión adecuada y la lectura completa del documento antes de su votación. Según reportes, la reforma fue aprobada en el Senado durante una sesión nocturna, tras una jornada caótica que incluyó manifestaciones y un cambio de sede debido a la toma del Senado por parte de opositores a la enmienda (El País)

Además, se ha señalado que la reforma podría violar convenciones internacionales suscritas por México, al socavar la independencia judicial y comprometer el acceso de los ciudadanos a la justicia. Expertos prevén que el Estado mexicano podría enfrentar sentencias condenatorias por parte de organismos internacionales debido a estas violaciones (Proceso)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado preocupación por la aprobación de la reforma, cuestionando al gobierno mexicano sobre posibles despidos masivos de jueces y la afectación al principio de independencia judicial (CIDH)

Estas circunstancias han generado un intenso debate sobre la legitimidad del proceso legislativo y las posibles implicaciones de la reforma en el sistema judicial mexicano.

Sin embargo, en un esfuerzo por mostrar algunos parámetros internacionales de implementación de reformas judiciales, me permito plantear tres estrategias de implementación, evaluando su popularidad, impacto en la confianza de los inversionistas y la economía mexicana. Cada estrategia se detalla con un análisis cualitativo y cuantitativo, incluyendo sus ventajas y desventajas, incorporando algunos conceptos clave de la reforma judicial propuesta en México bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, descrita en (El País). Finalmente, cito dos casos en los que la Reforma Judicial contiene el componente más crítico, que es la elección de Ministros, Jueces y Magistrados de manera directa por voto popular, mismos que han mostrado éxitos muy limitados.

1. Estrategia incrementalista (bajo riesgo)

Modelo Inspirador: Reforma judicial de Canadá (1982) y reforma judicial de Colombia (1991).

Esta estrategia se enfoca en una implementación gradual, comenzando con áreas específicas del sistema judicial para reducir riesgos. Las reformas iniciales se concentran en justicia penal y laboral, con ampliaciones posteriores. Se incorpora un periodo de prueba para la elección por voto popular en distritos seleccionados, como plantea la reforma judicial en México que busca introducir este mecanismo para jueces y magistrados a partir de 2025, incluyendo también una Suprema Corte de nueve ministros. Este mecanismo, que busca introducir la elección directa de jueces y magistrados a partir de 2025, representa un elemento diferenciador clave en comparación con los casos internacionales citados. A diferencia de Canadá y Colombia, donde las reformas judiciales mantuvieron la designación indirecta de jueces bajo sistemas centralizados, esta propuesta mexicana pone un énfasis único en la participación ciudadana directa.

Ventajas:

• Legitimidad social: La implementación gradual permite la adaptación de jueces y ciudadanos. En Canadá, por ejemplo, la reforma judicial de 1982 introdujo cambios graduales que fortalecieron la protección de derechos individuales sin alterar significativamente las estructuras judiciales existentes (Fuente: Bogart, W. A., Court Reform in Canada, 1990).
• Reducción de riesgos: En Colombia, se probaron reformas constitucionales en áreas críticas como el manejo de justicia penal. Este enfoque permitió identificar fallas tempranas antes de expandir la implementación (Banco Mundial, URL: https://www.worldbank.org).
• Flexibilidad: El sistema permitió ajustar las reformas basadas en retroalimentación de usuarios y operadores judiciales.

Desventajas:

• Resultados lentos: En Colombia, los ciudadanos criticaron inicialmente la reforma de 1991 por su lentitud para abordar el problema del acceso a la justicia (Banco Mundial, Informe sobre Gobernanza, 1997).
• Complejidad: Diseñar procesos electorales judiciales robustos en distritos piloto, como se planea en México, podría ser un proceso largo y costoso.

Impacto económico y en la confianza

• Entrada de capitales: En Canadá, las reformas incrementaron la confianza empresarial, facilitando un flujo sostenido de capital extranjero del 15% en una década (Fuente: Canadian Economic Observer, 1995).
• Crecimiento económico: Colombia experimentó un crecimiento sostenido del 3.5% anual posterior a la reforma debido a la mayor certeza jurídica (Banco Mundial, URL: https://www.worldbank.org).
• Generación de empleo: Incrementos en sectores legales y administrativos asociados a una implementación gradual permitieron una generación adicional de empleos del 8% (IDB, Informe 2000).

2. Estrategia de consenso y cooptación (riesgo moderado)

Modelo Inspirador: Reformas judiciales en Sudáfrica (1994) y España (1978).

Descripción: Se basa en construir consensos amplios con oposición, sociedad civil y actores judiciales clave, utilizando un enfoque participativo para minimizar conflictos. A diferencia de las experiencias en Sudáfrica y España, donde las reformas judiciales priorizaron mantener la designación indirecta de jueces y magistrados a través de procesos liderados por instituciones ya establecidas, la propuesta mexicana introduce la elección directa de estos actores clave por voto popular. Este mecanismo representa un cambio estructural profundo, ya que otorga un rol directo al electorado en la selección de los funcionarios judiciales, diferenciándose significativamente de las prácticas internacionales que han buscado evitar la politización abierta de estos cargos.

En el contexto mexicano, este modelo plantea el desafío adicional de garantizar que el proceso electoral no comprometa la independencia judicial ni favorezca intereses partidistas. La elección de jueces por voto popular, propuesta por la reforma judicial en México, podría influir significativamente en esta dinámica de consenso. Por un lado, este mecanismo puede aumentar la legitimidad percibida al dar voz directa a los ciudadanos. Por otro lado, podría crear nuevos retos, como la politización de las elecciones judiciales y la posibilidad de que el consenso sea más difícil de alcanzar debido a agendas divergentes entre los actores involucrados y las demandas ciudadanas.

Impacto de la centralización sin contrapesos

• Desconfianza institucional: Sudáfrica enfrentó episodios de escepticismo por parte de los inversionistas internacionales en los primeros años de su transición democrática debido al temor de concentrar demasiado poder en manos del Ejecutivo, lo que inicialmente retrasó el flujo de inversión extranjera directa (Truth and Reconciliation Commission, URL: https://www.justice.gov.za).
• Retiro de capitales: En España, durante los años 70, la falta de credibilidad inicial en las instituciones judiciales llevó a una desaceleración de las inversiones extranjeras en un 20% (Banco de España, URL: https://www.bde.es).

Impacto económico y social

• Entrada de capitales: Las reformas exitosas en Sudáfrica atrajeron inversiones significativas al consolidarse un sistema confiable, con un incremento del 25% en la IED tras cinco años de reformas judiciales inclusivas (https://www.imf.org)
• Generación de empleo: La implementación de un marco claro y consensuado generó un aumento del empleo en sectores de tecnología y manufactura del 12%.

3. Estrategia centralista y de choque (alto riesgo)

Modelo Inspirador: Reformas judiciales en Turquía (2007-2013) y Hungría (2010-2018).

Implica una implementación rápida y centralizada, otorgando mayores poderes al Ejecutivo para controlar el sistema judicial. La elección popular se implementa de manera inmediata, sin fases de prueba. Este enfoque presenta riesgos significativos, como la politización del proceso judicial, ya que los candidatos podrían depender de apoyos partidistas para financiar sus campañas, lo que comprometería su independencia. Además, sin una preparación adecuada, el electorado podría no tener criterios claros para evaluar la idoneidad de los candidatos, lo que podría llevar a la elección de jueces menos calificados. La experiencia en Turquía y Hungría demuestra que la centralización del poder judicial, combinada con procesos de elección apresurados, tiende a erosionar la confianza internacional y puede resultar en la fuga de capitales e inversiones. Según Freedom House (https://freedomhouse.org ), tales reformas han debilitado la percepción de imparcialidad judicial, lo que reduce significativamente la confianza de los inversionistas extranjeros. Además, la reducción de la Suprema Corte a nueve ministros se adoptaría de forma abrupta para consolidar el control gubernamental sobre la administración de justicia.

Impacto de un poder centralizado sin contrapesos

• Desconfianza internacional: Turquía perdió cerca de 30% de su IED entre 2008 y 2012 debido a percepciones de falta de independencia judicial y centralización del poder (Freedom House, URL: https://freedomhouse.org).
• Fuga de capitales: En Hungría, la centralización judicial contribuyó a un retiro significativo de fondos internacionales, disminuyendo las reservas de divisas en un 18% (Banco Central Europeo, URL: https://www.ecb.europa.eu).

Impacto económico y social

• Crecimiento económico: En Turquía, el crecimiento promedio cayó del 7% al 3.5% en cinco años debido al debilitamiento de las instituciones (Pew Research, URL: https://www.pewresearch.org).
• Generación de empleo: La centralización disminuyó la confianza empresarial, llevando a un crecimiento negativo en el empleo formal del 4% anual.

La experiencia internacional sugiere que los enfoques graduales tienden a conseguir mayores posibilidades de éxito. En particular, una estrategia centralista con implicaciones de implementación rápida y con una alta concentración del poder ejecutivo para controlar al poder judicial ha probado resultar en impactos devastadores tanto en términos de debilitamiento de la IED, como el caso de Turquía o la fuga de capitales como en el caso de Hungría. La manifiesta prisa por aprobar e implementar una reforma judicial podría no augurar los mejores resultados. En tanto, una transición gradual invocando a consensos, pruebas piloto y la posibilidad del involucramiento de la sociedad civil podría tener ciertas posibilidades de una implementación.

Pocos son los casos en los que una reforma judicial con un contenido de voto directo de jueces, ministros y magistrados se han intentado. Entre ellos podemos visualizar los casos de Venezuela a principios de este siglo y Bolivia en 2011, con éxitos ciertamente muy limitados.

Bolivia (Elección directa de jueces en la Justicia Plurinacional, 2011)

Bolivia implementó en 2011 un sistema de elección directa para los jueces de las máximas instancias del Poder Judicial, incluido el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Este cambio fue impulsado por el gobierno de Evo Morales con el objetivo de descolonizar la justicia y hacerla más inclusiva.

Resultados:

Éxitos:

• Diversidad: Hubo un aumento en la representación de grupos indígenas y de género dentro de los órganos judiciales.
• Participación: Los ciudadanos adquirieron un rol activo en la selección de altos funcionarios judiciales.

Desafíos:

• Voto en blanco: En las primeras elecciones, cerca del 60% de los votos fueron en blanco o nulos, lo que reflejó descontento ciudadano y dudas sobre la idoneidad del proceso.
• Falta de independencia: La oposición y grupos de derechos humanos criticaron el proceso por favorecer al partido gobernante, argumentando que los candidatos eran seleccionados previamente por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista.

Referencias:

• Calla, R. (2012). "La elección de jueces en Bolivia: Una mirada crítica." Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
• Human Rights Watch. "Bolivia: Judicial Elections Flawed." URL: https://www.hrw.org.

Venezuela (Intentos de reforma judicial en los años 2000)

Aunque no se implementó completamente, Venezuela bajo Hugo Chávez propuso en varias ocasiones reformar el sistema judicial para incluir elecciones populares de jueces. Sin embargo, estas iniciativas no prosperaron a nivel nacional y el sistema judicial se mantuvo bajo el control centralizado del Ejecutivo.

Resultados:

• Éxitos limitados: Aunque no se alcanzó el modelo de elección directa, se consolidó el discurso de acercar la justicia al pueblo.
• Fracasos significativos: La independencia judicial fue debilitada progresivamente, y el sistema judicial venezolano se convirtió en una extensión del poder político, erosionando la confianza interna e internacional en el estado de derecho.

Referencias:

• Cornell Law School. "Venezuela Judicial System Overview." URL: https://www.lawschool.cornell.edu.

Conclusiones sobre el éxito histórico

• Éxito limitado: Aunque la elección directa puede democratizar el sistema judicial, la politización, la falta de preparación ciudadana y los riesgos para la independencia judicial son problemas comunes.
• Mejor implementación: Los sistemas que combinan mecanismos de selección técnica con participación ciudadana indirecta (como en Canadá o Europa) han logrado mejores resultados en términos de imparcialidad y calidad judicial.

Si México decide adoptar este modelo, la experiencia de Bolivia es particularmente instructiva, ya que muestra la importancia de garantizar un diseño relativamente robusto que mitigue riesgos de politización y desinformación ciudadana.

Fuentes adicionales
Banco Mundial: https://www.worldbank.org
FMI: https://www.imf.org
Freedom House: https://freedomhouse.org
Banco de España: https://www.bde.es
Canadian Economic Observer: https://www.statcan.gc.ca
El País: https://elpais.com/mexico/2024-06-12/las-claves-de-la-reforma-judicial-de-lopez-obrador-eleccion-de-jueces-en-2025-y-una-suprema-corte-de-nueve-ministros.html
Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu