Esta semana el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció una reforma fiscal de gran calado en el marco de la celebración de su primer aniversario de gobierno. En su discurso destacó la reducción del 90 por ciento de los impuestos, con lo que devolverá la autonomía fiscal a las provincias. La propuesta parte de un total de 155 impuestos entre los que apoya al gobierno nacional, provincial y municipal, concentrando diez de los impuestos el 92 por ciento de la recaudación total. De esos diez tributos, ocho son nacionales: IVA, aportes y contribuciones a la seguridad social, impuesto a las ganancias, créditos y débitos bancarios, derechos de exportación, impuesto PAIS (que desaparecerá este mes), derechos de importación e impuestos internos.

Adicionalmente, durante su primer año de gestión, Argentina ha logrado avances significativos en materia fiscal. Se ha alcanzado un superávit primario acumulado del 1.6% del PIB hasta septiembre de 2024, reflejando un esfuerzo considerable en la consolidación fiscal.

Destacamos, también, su estrategia para fortalecer la seguridad y combatir al crimen organizado a través de una Ley Antimafia que hace un símil de la llevada a cabo por los Estados Unidos a principios de los años setenta.

Objetivos de la reforma

De acuerdo con la propuesta de Milei, este nuevo esquema fiscal devolverá la autonomía impositiva a las provincias y con ello cargarán el costo político de recaudar.

Un eje clave de la reforma es la autonomía fiscal de las provincias. Actualmente, la distribución del Fondo Federal de Coparticipación limita su margen de maniobra. La reforma de Milei propone otorgarles la capacidad de establecer sus propios tributos, incentivando una competencia fiscal que podría atraer inversiones regionales.

En este sentido, vemos un esquema impositivo que tenderá a la descentralización fiscal y a la alineación de incentivos. ¿Por qué esta estrategia alinea incentivos? Simple. Por el lado de la actividad recaudatoria las provincias competirán entre sí por la Inversión Extranjera Directa (IED) en sus propias provincias, compitiendo con impuestos más bajos e incentivos a la inversión local, al mismo tiempo que vigilarán con mucho más cuidado su dinámica de gasto.

Al mismo tiempo, este esquema resulta en una simplificación fiscal que permite una administración más transparente y menos costosa, ya que la base de ingresos será significativamente más simple y por tanto representará una menor labor de fiscalización y por tanto menores costos.

Este esquema propone la atracción de más de USD200 mil millones, al tiempo de llevar a cabo una reducción adicional al gasto público pese a que enfrenta próximamente un año electoral. De acuerdo con Milei, a diferencia de otros políticos que en año electoral se dedican a “despilfarrar la plata de los argentinos como si fuera propia”, ellos harán un ajuste para devolver los recursos al sector privado.

Al mismo tiempo, el presidente argentino propuso una serie de medidas tanto de eliminación del crimen organizado mediante su proyecto de “Ley Antimafia” similar al utilizado a los Estados Unidos mediante la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), abreviado RICO o RICO Act y Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión a principios de los años setentas.

México frente a Argentina

Mientras tanto en México, el gobierno federal insiste en un Paquete Económico para 2025 en el que aproximadamente el 20 por ciento como proporción del recorte total de gasto programable impactará directamente en una reducción de las Aportaciones Federales, mismas que son utilizadas para inversión estatal, Argentina nos da el ejemplo de medidas exactamente opuestas a las que podemos observar en el llamado Paquete Económico.

Mientras en México insistimos en una centralización fiscal en la que el gobierno federal es amo y señor de la transferencia de recursos a los estados, quienes en promedio enfrentan una dependencia del gobierno federal de aproximadamente 85 por ciento de sus ingresos, independientemente de su eficiencia recaudatoria y aportaciones a la Tesorería de la Federación; en Argentina ya entendieron que la competencia fiscal y por tanto su eficiencia recaudatoria, por un lado, y por otro el “privilegio” del uso y goce de los recursos recaudados sea prerrogativa de los estados y no de la federación.

Este tipo de medidas que Argentina propone, si bien no promueve la redistribución del ingreso a nivel nacional a través de esquemas compensatorios, como lo son las transferencias de Participaciones del Ramo 28 a los estados, promueve la competencia fiscal y por tanto la mejor recaudación local en su propio beneficio. Por el contrario, esquemas compensatorios erosionan el incentivo a generar, promoviendo el incentivo a “recibir” debido a su situación de pobreza.

En cuanto a los planes mexicanos para combate al crimen organizado, México propuso la estrategia “abrazos no balazos” bajo la que se registraron aproximadamente 199,619 homicidios dolosos, lo que equivale a un promedio de 92 asesinatos diarios. Cabe destacar que un ingrediente fundamental para la atracción de IED es la percepción de seguridad y certeza jurídica.

En definitiva, los ejemplos exitosos en Latinoamérica son una oportunidad para compartir aprendizajes. Argentina, bajo la gestión de Milei, ofrece lecciones prácticas que México haría bien en considerar para avanzar hacia un sistema fiscal más eficiente, justo y sostenible. La experiencia de la reforma fiscal de Javier Milei no solo es un hito en Argentina, sino un ejemplo valioso para otros países de Latinoamérica, incluida México. Mientras el país del buen asado avanza con una agenda audaz que simplifica el sistema tributario, impulsa la inversión y descentraliza el poder fiscal, el pueblo bueno se encuentra atrapado en un modelo centralizado que limita las capacidades de los estados y perpetúa desigualdades regionales. ¿Ya lo notó?