“Los políticos y los partidos también siguen
esta lógica del consumo.
Tienen que proveer. De este modo,<
se degradan a proveedores que
han de satisfacer a los votantes
en cuanto consumidores o clientes.”
Byung Chul-Han

Una de las promesas de campaña de la administración pública federal que ya se fue, era que no iba a darse oportunidad de que se implementaran programas de condonación de impuestos para los contribuyentes, pues a decir del exejecutivo federal, esos programas sexenales de condonación de impuestos solamente se benefician los que cuentan con más recursos económicos.

Por ello es que se atrevió a reformar el artículo 28 de la Constitución para establecer como “derecho constitucional” la prohibición de condonación de impuestos, reforma que se publicó el 6 de marzo de 2020, por lo que la academia, los centros de investigación, los estudiosos del derecho constitucional, las universidades pusieron en la palestra la interrogante si es que la prohibición de condonación de impuestos es verdaderamente un derecho fundamental.

Hay que recordar que a partir del terremoto del 19 de septiembre de 1985, se implementaron programa de condonación de impuestos en México. En esos tiempos se derrumbó parte del edificio del Tribunal Fiscal de la Federación y se perdieron miles de expedientes en que se tramitaban juicios fiscales, por lo que, la mejor medida era establecer un programa de condonación para resolver ese problema. Posteriormente, se presentó la crisis de diciembre de 1994, el denominado “error de diciembre”, que también provocó un programa de regularización y condonación de impuestos, y así sucesivamente con las siguientes administraciones públicas federales fueron implementándose esos programas de condonación.

Durante esa administración pública federal que expiró recientemente, no hubo programas de regularización o condonación para los contribuyentes, por ello es que, muchos de estos siguen en juicios de final indefinido, algunos más viven cobijados por la corrupción y, otros de plano, optaron por la informalidad, la vida subterránea, es decir vivir en la ilicitud.

Sin embargo, en esta administración pública federal que ha finalizado, se les ocurrió establecer programas de regularización de los vehículos que se importan ilegalmente, los llamados: “autos chocolate”, es decir, vehículos que se introdujeron al territorio nacional con un permiso para que mexicanos residentes fuera del país, puedan importarlos en un plazo de seis meses y retornarlos al extranjero, lo que desde luego, no lo hacen, es más realizan la venta de esos vehículos en territorio nacional.

Pero, esa es la importación artesanal, al menudeo de esos vehículos; otras ocasiones, se importan de forma masiva e ilegal, es decir, se trata de contrabando en que, organizaciones populares son las que se encargan de convencer a los compradores mexicanos, generalmente campesinos, comerciantes ambulantes, taxistas de poblaciones alejadas de las metrópolis, etc., de que es una buena opción adquirir un vehículo chocolate, por sus precios y sobre todo porque no hay autoridad que vigile si se pagaron impuestos y se realizó la importación legal de los mismos, por ello es que, esos vehículos proliferan en territorio nacional.

Esta importación ilegal de vehículos causa muchas afectaciones económicas para el sector automotriz. Hay que recordar que la venta de vehículos nuevos y usados es una industria que abarca una gran cantidad de procesos, de empresas, de personal laborando, por ende, una derrama económica muy importante para la nación, y desde luego, para el pago de impuestos, esa venta de vehículos se ve afectado por miles de “vehículos chocolates” que circulan en las calles y carreteras del país.

Si esos vehículos ilegales en el país son regularizados, es evidente que se está excluyendo de la comisión de un delito que es el delito contrabando, que no tiene parangón con quienes adeudan un impuesto, que no necesariamente es la comisión del delito de defraudación fiscal, por lo cual, con los programas de regularización de autos chocolate lo que se hace es eximir de responsabilidad penal a los poseedores de esos vehículos del delito de contrabando.

Desde luego que, la regularización consistente en eximirles de pagar multas, recargos, derechos de trámite aduanero por la importación de origen es una condonación de impuestos, por ello es que de suyo es inconstitucional la medida de regularización de “autos chocolate”, que normalmente es un “agradecimiento jurídico” a esas asociaciones que se encargan de su comercialización y que verdaderamente estafan a los mexicanos que adquieren esos vehículos, pues saben que no hay refacciones que están sumamente desgastados los vehículos, que no contaran con un uso prolongado, pero que ante la oportunidad y el convencimiento se enrolan en esa comercialización. Habría que preguntarse, ¿qué hace la Profeco para proteger a los futuros compradores de esos vehículos?

Lo cierto es que, la regularización de esos autos es una forma de condonación de impuestos, que a decir del artículo 28 constitucional está prohibido, y que según la propia Constitución, esa prohibición se trata de un “derecho fundamental”. En resumen, “el mundo jurídico al revés”.

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