El partido Morena y sus aliados están a un voto de aprobar en el Senado la controvertida reforma al Poder Judicial. Serán horas de tensión para la oposición representada en Cámara Alta por el PAN, PRI y MC, cercados por el oficialismo ávido de uno o más votos para obtener la mayoría absoluta.

No es nuevo para la cultura del sistema de partidos el afirmar que no hay un político que no aguante un “cañonazo de 50 mil pesos”, la frase obregonista como el sello de la corrupción.

Y en efecto, están a prueba los senadores de la oposición para que ninguno de ellos se convierta en el “voto 86” que otorgue los dos tercios a López Obrador para reformar la Constitución.

Los coordinadores de las bancadas opositoras han manifestado las respectivas posturas para votar en contra de la reforma, lo que matemáticamente parecería asertivo, pero no siempre es así.

Dirigentes de partidos opositores como Acción Nacional ha implementado “candados” como citar a los suplentes en caso de que el senador propietario no asista a la sesión plenaria.

En estas horas previas a la discusión y aprobación de la reforma judicial en el Senado, circularon los nombres de los senadores del PAN y del PRI, Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Riquelme Solís, respectivamente, como los posibles “ausentes” en la sesión del miércoles.

Solo el exgobernador coahuilense Riquelme Solís subió a las redes sociales un videomensaje para aclarar estaría presente en la sesión para votar en contra, pese a recibir atención hospitalaria. Yunes Márquez ha guardado silencio -hasta el momento- posterior a su registro como senador pese a declarársele por la justicia veracruzana como prófugo.

El hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el senador, enfrenta una férrea persecución judicial emprendida por la gobernadora entrante Rocío Nahle García y el mandatario en funciones Cuitláhuac García.

En general en la opinión pública la expectativa es saber quién será el (o los) “judas” o el “traidor” quien sea el voto 86, pero dan por hecho que así ocurrirá, considerando lo adelantado por el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, en el sentido que presuntamente “ya tenían en la bolsa a la mayoría” de votos.

De tener el oficialismo cooptado el voto 86 u 87… a favor de su causa, no habrá impedimento para realizar la sesión para la aprobación de la reforma al Poder Judicial, de lo contrario la pueden posponer para cerrar el cerco a senadores opositores.

En este contexto, fue la semana pasada que el senador del PRI por Puebla, el dirigente partidista Néstor Camarillo Medina, adelantó en redes sociales estar alineado en la postura del voto en contra la bancada.

Costos políticos para la 4T

Un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador sería impensable frente a la delirante postura asumida de aprobar la reforma judicial a como dé lugar, antes de abandonar la Presidencia de la República, luego de la aplastante victoria electoral del pasado 2 de junio.

No fue complicado para la bancada de Morena en el senado el “comprar” la voluntad de dos senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de los estados respectivos de Michoacán y Tabasco.

A primera vista sería complicado, pero no imposible, doblar a un senador o senadora, o dos o tres, para el poder de la Presidencia y la fuerza electoral del partido gobernante, capaces de sumar a “sirios y troyanos” con el único objetivo de retener el control político en México.

La reforma judicial es la “joya en la corona” del proyecto personal del político tabasqueño que desde aquella arenga de “al diablo con las instituciones”, implicaba la necesidad de controlar el Poder Judicial y acabar con los organismos autónomos, menos al INE al que ya controlan.

Para el oficialismo perder la votación en la Cámara Alta significaría una derrota profunda que puede hasta descarrilar el segundo piso de la Cuarta Transformación, con todo y la opción que tiene la entrante presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de nombrar a nuevos ministros de la SCJN, con las futuras vacancias a corto plazo, pero no así el sometimiento de jueces y magistrados.

Una derrota de la reforma judicial no está en los planes del oficialismo en la Senado, y de ocurrir lo contrario, se radicalizarán las fuerzas más ortodoxas del partido oficialista guiadas por López Obrador en el exilio de la “jubilación”, lo que complicaría la gobernabilidad a Sheinbaum.

Perder la reforma judicial en el Senado sería de serias consecuencias porque el mismo expresidente encabezaría el cerco legal y político a la actuación de los integrantes del Poder Judicial, jueces y magistrados de distrito en los estados.

Si bien es predecible lo que ocurrirá en el Poder Legislativo federal, con una derrota del oficialismo con la enmienda judicial en la Constitución se fortalecerá resistencia de los integrantes del Poder Judicial federal que obligadamente emprenderán una reforma descafeinada, preservando su autonomía e independencia de los otros Poderes del Estado.

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Face: Pablo Ruiz Meza
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